La fiscalización a los partidos mexicanos: ¿qué hacía el IFE?

La nueva reforma electoral de 2013 establece que toda la fiscalización a los partidos en elecciones municipales, estatales y federales la realizará el nuevo INE. ¿Pero no hubiera convenido analizar antes qué hacía el IFE? En este breve texto se ofrecerá al lector una aproximación sobre el alcance de las auditorías realizadas a los partidos, y la suerte final de las multas impuestas según fue resolviendo el Tribunal electoral durante todos estos años.

 

El financiamiento a partidos políticos en México es mixto, aunque fondos públicos deben prevalecer por disposición constitucional sobre fondos privados. La principal tarea de los fiscalizadores es revisar que se cumpla con todas las normas relacionadas con el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, al menos sobre el dinero reportado (Arocha y Lujambio 2004).

 

Lo que sucede es que las normas electorales no bastan, están también la Constitución Política y la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal Federal, el Código de Procedimientos Penales, el Código de Procedimientos Civiles y la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, entre otras leyes fiscales y financieras. A ello debe agregarse que desde 1993 el IFE ha tenido nueve reglamentos o lineamientos para revisar cuentas de los partidos.

 

Hasta antes de la última reforma aprobada en 2013, la reforma electoral de 2008 otorgaba las funciones técnicas a la Unidad de Fiscalización, y desde 1996 y hasta antes de 2008 existía un área donde se concentraban los contadores encargados de las revisiones. Las auditorías duraban entre ocho o diez meses, y con esa base el IFE decidía en su caso, imponer multas y sanciones (Agiss 2008; Cristalinas 2012).

 

Como se muestra en la gráfica 1, los montos auditados en relación con los gastados por los partidos políticos representan proporciones superiores al alcance de cualquier auditoría “normal” (excepto 1994), donde entre 20 y 30 por ciento se considera como un rango razonable de revisión. Esta información estaba fragmentada en diversos cuadros hasta 2003: http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/UF/UF-CuadrosCompIngresEgresReportAuditados/IA-ConcentradoCuadrosComparativos/IA-CuadrosComparativos-docs/ia_1994_2003.pdf  y de 2004 a 2011 fue obtenida de las conclusiones de los dictámenes consolidados, revisando partido por partido. En los apartados de información socialmente útil para 2011, el IFE no incluyó el porcentaje de revisión como información relevante: http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/UF/UF-PP/IA-Fiscalizacion/IA-DictamenesCG/DictamenesCG-Docs/2011/1_1_Apendice_1_a_5.pdf.

 

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Un fenómeno similar se observa en los gastos de campaña, como se aprecia en la gráfica 2, donde los montos auditados por el IFE en relación con los gastados por los partidos representan proporciones superiores al alcance de cualquier auditoría (incluso los relativos a la campaña de 1994), donde como ya se explicó, entre 20 y 30 por ciento se considera como un rango razonable de revisión. Esta información también está fragmentada en diversos cuadros hasta 2006: http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/UF/UF-CuadrosCompIngresEgresReportAuditados/IC-IngresosEgresosReportados/IC-IngresosReportados-docs/IC-IngresosEgresos-2006.pdf  y de 2009 fue obtenida de las conclusiones de los dictámenes consolidados, revisando partido por partido http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Detalle_Informes_de_Campana/?vgnextoid=2102d2cad5f3b210VgnVCM1000000c68000aRCRD  Aunque claro, habrá que agregar 2012 para establecer una comparación más completa una vez que se tenga oportunidad de sistematizar la nueva información.

 

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Debe precisarse que estos datos no incluyen revisión de dinero de origen ilegal, como los casos Pemexgate y amigos de Fox (Cárdenas 2004; Córdova y Murayama 2006).

 

Ahora, si se considera el cien por ciento de multas y sanciones analizadas en el periodo 1996 – 2009 que fueron impuestas por el IFE, resulta que el 33 por ciento de dichas multas no fueron impugnadas, que el 48 por ciento fueron confirmadas por el TEPJF (el Tribunal electoral) y el 19 por ciento fueron revocadas. La gráfica 3 muestra este mismo análisis pero para cada año en el que los recursos fueron ejercidos, siguiendo la lógica de Lujambio (2004).

 

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En síntesis, las auditorías del ahora extinto IFE tenían un alcance importante, pues el instituto revisaba un porcentaje considerable de los gastos reportados por los partidos políticos, fuera en su ejercicio anual o fuera en las campañas, e incluso revisaba las llamadas transferencias en los estados. También parece que el IFE les multaba más, aunque el TEPJF tendía a revocar el 20 por ciento de esas multas. Pero como el IFE no necesariamente era el más popular entre la élite, pues ya hasta desapareció (ver porqué en esta entrada del blog https://alejandrodiazd.wordpress.com/2014/01/12/por-que-desaparece-el-ife-para-dar-paso-al-ine/).

 

Ahora el INE fiscalizará todo, aunque ya parecen existir algunas propuestas para que sean los estados quienes revisen a los partidos en elecciones locales en años donde no haya elección federal, aunque nada se discute sobre auditorías, multas y revocaciones (como lo propone Rafael Morales http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/01/31/opinion-como-funcionara-el-ine-de-la-reforma-electoral). Aunque debe decirse que en efecto, en términos de funcionamiento del INE, este tipo de dilemas sobre quién hace qué (si el INE o los estados) será materia de largo debate, ya no entre legisladores, sino entre los nuevos funcionarios electorales y los partidos y seguramente, todas estas disputas prácticas terminarán en el tribunal electoral…

 

Finalmente, una pregunta importante es si los incentivos de la nueva reforma electoral se están alineando de tal modo que el alcance de las auditorías sea a la baja, que las multas sean reducidas, y con todo, fácilmente revocadas. Ya veremos que nuevas nos trae la reforma secundaria que viene.

 

 

Referencias:

 Agíss, Fernando. 2008. Fiscalización de los recursos de los partidos políticos: una reflexión sobre la aplicación efectiva de las normas de fiscalización. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Arocha, Nelly y Alonso Lujambio. 2004. “The Rule of Law and Electoral Politics in Mexico”. en Magaloni, Beatriz and Alberto Diaz-Cayeros. Democratic Accountability and the Rule of Law in Mexico. The Democracy, Development and Rule of Law Center: Stanford University.

Cárdenas, Jaime. 2004. Lecciones de los Asuntos Pemexgate y Amigos de Fox. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Córdova, Lorenzo y Ciro Murayama. 2006. Elecciones, dinero y corrupción: Pemexgate y Amigos de Fox. México: Cal y Arena.

Cristalinas, Alfredo. 2012. “Fiscalización del IFE a partidos políticos nacionales”. Revista Mexicana de Derecho Electoral 1(1): 287-305.

Lujambio, Alonso. 2004. “La Fiscalización de los Gastos de los Partidos Políticos en América Latina. Una propuesta para el análisis”. en Lujambio, Alonso, Nohlen, Dieter et al. Segundo Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. México: Fondo de Cultura Económica.

About Alejandro Diaz Dominguez

Professor, School of Government at Tecnológico de Monterrey. PhD in Political Science at Vanderbilt University. [religion and politics, R, surveys, electoral management bodies] Twitter: @alejdiazd https://orcid.org/0000-0002-3856-5686 View all posts by Alejandro Diaz Dominguez

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