Encuestas y la reforma electoral 2014: primeros apuntes (actualizado)

El viejo artículo 237, párrafo 7 del COFIPE de 2008 señalaba que “las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones, adoptarán los criterios generales de carácter científico, que para tal efecto emita el Consejo General” del entonces IFE. La reforma de 2008 agregaba “previa consulta con los profesionales del ramo o las organizaciones en que se agrupen”.

 

Las reglas para encuestas entre 2008 y 2012 únicamente aludían a criterios generales de carácter científico, es decir, a los contenidos básicos, tales como las preguntas textuales, es decir, transcritas tal cual se formularon, el universo a encuestar, las características de la muestra, el diseño de muestra y las técnicas de muestreo, el margen de error, el nivel de confianza, el tipo de entrevista (si en casa, si por teléfono), las tasas de rechazo, la identificación de no respuestas y las fechas de levantamiento, entre otros.

 

Estos criterios generales incluirían posteriormente la entrega de la base de datos de las variables publicadas, como se observó en algunos casos para las elecciones de 2012, según lo reporta este repositorio del entonces IFE.

 

La ley electoral que recién aprobaron los legisladores en este mayo de 2014 señala, ahora en el artículo 213 que “el Consejo General emitirá las reglas, lineamientos y criterios que las personas físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión”.

 

Aquí en el artículo 213 ya no se alude a los “criterios generales de carácter científico” que venían desde la reforma de 1996, pero al señalarse que el ahora INE (antes IFE) debe emitir “reglas, lineamientos y criterios” para que sean adoptados por quienes levanten “encuestas o sondeos de opinión”, se puede intuir que esas reglas y criterios quizá recuperarán, en alguna medida, los “criterios generales de carácter científico” que en pasados procesos electorales ya se han discutido.

 

Una nueva alusión a dichos criterios se halla en el artículo 251, párrafo 7. Debe decirse que la regulación en materia de encuestas no se halla en un apartado único de la ley electoral, sino que existen referencias en muy diversos párrafos y artículos.

 

También destaca que el artículo 213 ya no incluyó aquello de “previa consulta con los profesionales del ramo o las organizaciones en que se agrupen” los encuestadores, pero sí se retoma en el artículo 251, párrafo 7. Esto desde luego, no podría significar que con independencia que el INE desarrolle y apruebe los criterios ejerciendo y asumiendo sus facultades de ley, se omita en su diseño esa parte deliberativa, consultiva, donde quienes se encuentren alrededor del mundo de las encuestas seguramente tendrán aportaciones interesantes al debate.

 

Como ya lo anuncia la propia exposición de motivos de esta reforma “las reglas aplicables para transparentar el financiamiento, la metodología y los resultados de las encuestas que se difundan, relativas a las preferencias electorales, así como las fechas límite para llevar a cabo su difusión” parecen ser una parte importante parte de la reforma.

 

Un punto interesante de la reforma 2014 es que la ley electoral establece que “las personas físicas o morales que difundan encuestas o sondeos de opinión deberán presentar al Instituto o al Organismo Público Local un informe sobre los recursos aplicados en su realización en los términos que disponga la autoridad electoral correspondiente”.

 

Esto significa que ahora los costos serán parte de esos criterios. Lo que decía la ley en 2008 era que quienes levantaban encuestas públicas debían “entregar copia del estudio completo al secretario ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio”. Ahora ese estudio debe incluir los recursos utilizados según lo requiera el ahora INE.

 

Debe decirse que los criterios mínimos para difundir encuestas por parte de diversas organizaciones de encuestadores, como los emitidos por AAPOR incluyen “who sponsored the research study, who conducted it, and who funded it, including, to the extent known, all original funding sources”, es decir, quién o quiénes patrocinaron y pagaron el estudio, así como quién lo llevó a cabo.

 

La reforma 2014 básicamente agrega costos, recursos utilizados en las encuestas. Lo que sí se mantuvo en la reforma fue el periodo de veda para difusión de encuestas, que hace 20 años era de una semana, pero que a partir de 2008 y para esta nueva reforma se mantiene en tres días antes de la jornada electoral, es decir, el miércoles anterior.

 

Por último, un punto también relevante es que la reforma establece en el párrafo 1 del nuevo artículo 213 que el INE establecerá las reglas sobre encuestas y sondeos para las elecciones federales y para las elecciones locales. Por ello se dice en ese mismo párrafo que “los Organismos Públicos Locales realizarán las funciones en esta materia de conformidad con las citadas reglas, lineamientos y criterios”. Esto significa que los criterios que emita el INE deberán emplearse en los órganos electorales de las entidades federativas.

 

Este último punto remite al debate entre uniformidad y dispersión normativa en materia de encuestas en los procesos electorales a nivel país. La reforma, según se puede desprender de la lectura de la exposición de motivos y del articulado, opta por la uniformidad.

 

Quizá esto ayude a los encuestadores a no seguir enfrentando la dispersión normativa para poder levantar encuestas, como explicaban Yuritzi Mendizábal y Alejandro Moreno en el Enfoque de Reforma del domingo 30 de junio de 2013. En ese texto referían que algunos órganos electorales requerían de un domicilio para ser notificados en la capital de la entidad respectiva, otros ya requerían la base de datos, un registro previo para poder levantar, o copias del estudio antes de su levantamiento.

 

En este mismo sentido, alguna vez Francisco Abundis de Parametría me refirió hace una década las dificultades para levantar una encuesta local en 2003, pues el órgano electoral le exigía una fianza que excedía el pago inicial, pago que su cliente había diferido para el final del estudio.

 

En conclusión, aunque la nueva regulación agrega a nivel de ley la inclusión de costos y la uniformidad de criterios en todo el país, es decir, para elecciones federales y locales, pareciera que aún queda un debate respecto a esos contenidos para las “reglas, lineamientos y criterios” que debe emitir el INE respecto de “encuestas o sondeos de opinión en el marco de los procesos electorales federales y locales”.

About Alejandro Diaz Dominguez

Professor, School of Government at Tecnológico de Monterrey. PhD in Political Science at Vanderbilt University. [religion and politics, R, surveys, electoral management bodies] Twitter: @alejdiazd https://orcid.org/0000-0002-3856-5686 View all posts by Alejandro Diaz Dominguez

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