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Perfiles del Electorado Nuevoleonés 2018

 

Junto con Carlos Vázquez tuve la oportunidad de coordinar un libro sobre los Perfiles del electorado nuevoleonés que publicó la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León hace unos días. En los diversos capítulos se describen y explican algunas aristas de las pasadas elecciones con base en una encuesta en vivienda levantada durante junio de 2018.

El libro se puede dividir en tres partes sustantivas y una metodológica. En las partes sustantivas se hallan tres capítulos sobre votos y elecciones, uno de panorámica general de los hallazgos de la encuesta y dos sobre razones del voto: uno enfocado al partidismo y otro a la ideología.

En la segunda parte, la cual versa sobre ciudadanía, valores y relaciones con los partidos políticos se encuentran un capítulo sobre componentes de la ciudadanía, otro sobre valores morales y dos dedicados al clientelismo. Entre éstos, uno trata sobre los segmentos del electorado que fueron expuestos a compra y a coacción y otro sobre los efectos del clientelismo en la participación electoral.

La última parte sustantiva se compone de dos capítulos sobre los impactos de redes sociales, uno sobre el efecto de medios digitales en información política y capital social y otro sobre uso de WhatsApp, género y conocimiento político. La última sección incluye un breve capítulo sobre detalles específicos del diseño de la muestra de la encuesta analizada.

Este libro, de acceso gratuito (https://www.ceenl.mx/perfiles/documentos/perfiles_libro_2019.pdf) fue posible gracias al trabajo de la Comisión Estatal Electoral, al esfuerzo de quienes escribieron los capítulos referidos, al apoyo de sus respectivas instituciones académicas (en mi caso la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey) y sobre todo a las 1,077 personas que gentilmente cedieron su tiempo para responder a las preguntas contenidas en el cuestionario de la encuesta levantada por la empresa SECTEC, a quien también debe agradecerse tanto su innovador diseño de muestra como su disposición a platicar sobre éste, como lo reseño en el último capítulo sobre la metodología.

Las bases de datos, el cuestionario, los reportes y el libro de códigos también se encuentran disponibles para su acceso y consulta (https://www.ceenl.mx/). Para concluir con este breve post, la riqueza de la encuesta sobre perfiles del electorado nuevoleonés ha permitido que se cuente con análisis detallados en una gran variedad de temas, los cuales son expuestos con claridad para amplias audiencias, sin menoscabo del necesario rigor académico. No me resta sino invitar a su lectura, así como a explorar el cuestionario, los reportes y la base de datos de la encuesta, para ampliar nuestro conocimiento sobre lo acaecido en las elecciones celebradas en 2018 en el estado de Nuevo León.

 

 


Pérdida de registro de un partido político: ¿”una de tres” o “tres de tres”?

La reciente polémica sobre si un partido pierde o no el registro nacional al no alcanzar el 3% de la votación válida, se ha centrado en si se debe alcanzar dicho porcentaje en una o en las tres elecciones federales.

La disposición constitucional en debate establece que:

Art 41, fracción I, párrafo cuarto:
El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.

Una forma de leerlo es “que no obtenga… en cualquiera” y de ahí se deriva “una de tres”. Otra forma de leerlo es que “cualquiera” realmente implica “tres de tres”. Si bien se pudiera leer de una forma u otra, lo cierto es que la práctica electoral tanto en materia administratitva como jurisdiccional ha optado por “una de tres”.

Sin embargo, en esta polémica deben agregarse un par de artículos más: el 54 constitucional y el 94 de la Ley General de Partidos Políticos. El artículo 54 de la Constitución establece:

Art. 54, fracción II.
Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

Supongamos por un momento, que en efecto, la lectura del artículo 41, fracción I, párrafo cuarto debe ser que el porcentaje mínimo del 3% de la votación válida debe alcanzarse en las tres elecciones federales (“tres de tres”). Un problema con esta interpretación es que esa forma “literal” de intepretar la ley no permite resolver dilemas ante la aplicación del artículo 54 de la propia Constitución.

Si un partido alcanza el 3% de la votación válida para la elección de diputados, pues ya tiene derecho al reparto de las diputaciones llamadas “pluris” o de representación proporcional. Pero ¿qué ocurre si no alcanza dicho 3% en la presidencial o en la de senadores? ¿Se le requiere “tres de tres” a pesar que el artículo 54, fracción II no lo establece? Este artículo señala que basta con alcanzar ese 3% en la elección de diputados para tener derecho a “pluris”. Se podría decir: si no trae su “tres de tres” perdería el registro, pero por art 54, II sí tendría “pluris”. Esto no parecería tener mucho sentido. Entonces la intepretación “una de tres” empieza a ser la más adecuada.

A esta discusión conviene agregar el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos en lo referente a los partidos políticos nacionales:

Art 94
1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:

b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales.

c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un partido político nacional.

La regulación específica de los partidos políticos nacionales establece que se pierde el registro al no obtener en alguna elección el 3%. Pareciera que el texto legal difiere del 41 constitucional al usar en vez de “cualquiera”, la palabra en “alguna” de las elecciones federales. Esto puede explicarse si se considera que en efecto como se mencionó, el artículo 54 no señala que un partido deba alcanzar el porcentaje mínimo y traer su “tres de tres”, sino sólo “una de tres” y en particular esa una debe ser la elección de diputados.

La inclusión y análisis de los artículos 54 constitucional y 94 de la Ley General de Partidos Políticos en este debate parecen inclinar la balanza hacia “una de tres” en vez del “tres de tres”. De otra forma, es decir, si se interpretara que debe ser “tres de tres”, no sería posible aplicar el 54 constitucional.

Mientras tanto ¿qué nos dicen los números? En este momento sólo contamos con los cómputos distritales de la elección presidencial. Aquí los datos. Lo que se observa es que considerando “una de tres”, todavía no llegan al tan ansiado 3% cinco partidos: PRD, PVEM, MC, Nueva Alianza y el PES. Habrá que esperar los resultados oficiales de las otras dos elecciones, las posibles impugnaciones y las potenciales modificaciones que en su caso determine el Tribunal Electoral.

presidencial2018

Fuente: https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/2

 


Un poco de teología política, el PES y AMLO

El dirigente nacional del Partido Encuentro Social (PES), en la formalización de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, se refirió el 20 de febrero de 2018 al político tabasqueño como sigue: “para nosotros usted es Caleb a punto de conquistar el Monte Hebrón”. Como es de dominio público, se conoce cierta inspiración de corte evangélico en el PES, por lo cual no resultan extrañas estas referencias en algunas partes del discurso político de esta dirigencia partidista.

Habrá que recordar que en la historia bíblica, después que el pueblo había cruzado el Mar Rojo, Moisés envió a 12 espías (uno por cada tribu de Israel) para conocer cuál era la situación en Canaán. A su regreso, 10 de ellos informaron que los gigantes que ahí gobernaban impedirían un asentamiento (Núm 13, 28-29).

Sólo dos de los espías, entre ellos Caleb de la tribu de Judá (Núm 13, 6) reportaron que: a) Canaán en efecto era una buena tierra, de la cual emanaría “leche y miel” (Núm 13, 27) y b) sí era posible conquistar esa tierra. Después de discutir el tema, Caleb propuso entrar a Canaán (Núm 13, 30; 14, 7), pero Moisés no siguió esa línea y entonces sobrevinieron los 40 años de caminar en el desierto (donde el número 40 significa “mucho”).

Al final, los de la tribu de Judá si entraron a Hebrón, ciudad que a la postre sería la segunda más importante de Palestina. Desde luego que ello acaeció después de luchar con los habitantes de aquellas tierras.

Una interpretación es que dado que Caleb no dudó del apoyo divino, como incluso el mismo Señor lo reconoce (Núm 14, 24-25), Caleb sí pudo llevar al pueblo a la victoria y asentarse en Hebrón, a pesar de la resistencia de los antiguos ocupantes. Esta idea puede asimilarse a un líder que sin dudar de ciertos principios, quizá podría alcanzar un logro político en ese preciso momento, a pesar de los obstáculos del ancien regime o de otros potenciales impedimentos.

Otra interpretación es que dado que Moisés no sigue esa línea de confianza en el Señor para luchar en ese preciso momento contra los antiguos habitantes de Canaán (comandados por gigantes como lo relata la tradición), entonces no entraría a la tierra prometida. Al final de ese vagar por el desierto durante 40 años, el pueblo sí entró a Canaán, ya guiado por Josué, pero de todas formas debió librar diversas batallas. Esto puede asimilarse a que de cualquier forma se habrá de llegar a la tierra prometida, pero la diferencia central es cuánto tiempo tomará el llevar a buen puerto tal empresa.

Desde esa perspectiva pareciera que la llegada a la tierra prometida sí ocurrirá en algún momento (si seguimos esta lógica del relato bíblico), por lo que la pregunta de fondo es si en el tiempo (mucho más largo) que le tomó tanto a Moisés como a Josué, o si en el tiempo (mucho más corto) que le tomó a Caleb.

De ahí que no resulte azarosa la alusión al texto bíblico (Números 14, 6-8) por parte del dirigente nacional del Partido Encuentro Social hacia López Obrador. Si resulta aplicable la referencia de Caleb, entonces habríamos de esperar que esto ocurra en un tiempo mucho más corto. Y entonces esa parece ser la apuesta de un partido como el PES en esta elección: ganar la presidencia en esta elección. Eso explicaría su apoyo a un candidato que a ratos sí pareciera compartir la agenda de corte conservador del propio PES, a pesar de estar en alianza con partidos más situados a la izquerda como Morena y el PT. Habrá que esperar el desenlace de la campaña, la cual, por cierto en menos de una semana ya comienza.

 

 


¿Cómo se podría destinar financiamiento público de partidos a personas damnificadas y labores de reconstrucción?

Escribí estas líneas en diferentes momentos durante los últimos tres días. No pretenden constituir una propuesta sino un mero borrador para, en su caso, contar con un referente preliminar de lo que se podría hacer para destinar financiamiento público de partidos a personas damnificadas y a las labores de reconstrucción.

Partimos de las siguientes restricciones. El financiamiento de los partidos sólo puede ser destinado a los fines previstos por la Constitución y contenidos en la fracción II del artículo 41:

Artículo 41, II

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico.

De hecho, es obligación legal de los partidos destinar ese financiamiento a lo mandatado por la Constitución, como lo señala la fracción I del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos:

Artículo 25, I

Son obligaciones de los partidos políticos:

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.

Dadas estas restricciones, ¿cómo se podría destinar financiamiento público de partidos a damnificados por los sismos y labores de reconstrucción, de manera que no se viole ni la Constitución ni la ley?

La ruta o vía que se acuerde debe resultar la jurídicamente idónea, porque si existe algún resquicio legal en el proceso, éste es susceptible no sólo de ser impugnado sino probablemente de ser revocado. Ante ese escenario resultaría de gran relevancia que la ruta a emplear para destinar válidamente financiamiento público para partidos a damnificados por los sismos casi no tuviera resquicios legales.

¿Qué opciones existen? He empezado a explorar cuatro opciones.

1.- Que la Cámara de Diputados regule dicho cambio de destino a través de alguna reforma legal.

En esta vía los partidos ya no reciben en sus arcas ese financiamiento. En otras palabras, dado que el dinero tendría un destino diferente por disposición legal, el INE ni siquiera entregaría ese dinero a los partidos.

Lo anterior sin embargo presenta un problema: el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional dispone que:

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Supongamos que no se modifica disposición electoral alguna para no caer en el supuesto de los 90 días antes. Con todo, hoy estamos ya dentro de la etapa del proceso electoral. Eso significa que habría entonces que discutir si el destinar recursos públicos para partidos a reconstrucción se considera o no parte de una modificación legal fundamental. De considerarse fundamental por parte de la Suprema Corte, esta ruta tendría resquicios para que no se efectuara dicho cambio en el destino de estos recursos.

Algunas fuentes de discusión son la Acción de Inconstitucionalidad 41/2008 y sus acumuladas 42/2008 y 57/2008 resuelta el 8 de abril de 2008; la jurisprudencia P./J. 64/2001 “PROCESO ELECTORAL. PARA DETERMINAR JURIDICAMENTE SU INICIO DEBE ATENDERSE A LA FECHA QUE ESTABLEZCA LA LEGISLACION ELECTORAL ANTERIOR A LA REFORMA Y NO A AQUELLA CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE CONTROVIERTE O A SITUACIONES FACTICAS”; así como la jurisprudencia la jurisprudencia P./J. 98/2006 “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCION AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACION CON LA MODIFICACION A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO”.

En las últimas horas ha circulado la propuesta de reasignar el 100 por ciento del financiamiento público de partidos políticos a damnificados y reconstrucción. Esta propuesta, más allá de la polémica que ya ha surgido sobre la conveniencia o no de dejar en manos de privados las donaciones políticas, podría requerir de una reforma electoral, pues parte integral de este proyecto sería reducir los topes de gastos, lo que de manera ineludible implica discutir si lo que parecería una modificación legal fundamental resulta posible dada la situación existente, esto dentro del proceso judicial que eventualmente pudiera seguirse en este tema por quienes no estuvieran de acuerdo.

2.- Que los partidos no ejercieran un determinado monto de financiamiento para gastos de campaña.

Esta opción implicaría que sin reforma de ningún tipo ni adecuación presupuestaria alguna, los partidos simplemente no eroguen financiamiento para gastos de campaña, para que al final del ejercicio el monto sea reintegrado a las arcas de la nación.

Conforme al artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.

Este texto dio pie a la Sala Superior del Tribunal Electoral para resolver el 2 de diciembre de 2015, en la sentencia SUP-RAP-647/2015 que los partidos políticos deben destinar el financiamiento exclusivamente para los fines constitucionales y legales, esto es que “los   partidos   políticos   solo   pueden   utilizar   el financiamiento  público  asignado  para  gastos  de campaña para  ese  único  fin  y  no  para  otro  objeto diverso,  incluso  aunque se encuentre dentro de su ámbito de actuación” (Página 48).

El razonamiento se centra en que a) los partidos políticos son entidades de interés público; b) los ejecutores del gasto son los Poderes Legislativo y Judicial, dependencias, entidades y órganos autónomos, a  los cuales se les asigna recursos  del  Presupuesto  de  Egresos; c) los partidos reciben esos recursos a través de un organismo autónomo; d) los partidos políticos al  ser  entidades  de  interés  público y estar  dentro  de los sujetos presupuestalmente obligados, sí deben cumplir con la obligación de reintegrar los recursos públicos  no  utilizados conforme al presupuesto de egresos.

Más adelante, la sentencia señala (página 58) que el Instituto  Nacional  Electoral  tiene  la  facultad  implícita  de  ordenar  a  los  partidos  políticos  la reintegración    de    los    recursos no devengados o no comprobados  destinados  para las  campañas. Ya que, se reitera en la página 68, los partidos políticos sólo pueden utilizar el financiamiento  público  asignado  para  gastos  de  campaña para  ese  único  fin  y  no  para  otro  objeto  diverso,  incluso  aunque  se  encuentre  dentro  de  su ámbito  de  actuación.

Ésta es la fuente: [http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0647-2015.pdf]

Posteriormente hubo un ejercicio de facultad reglamentaria del INE el 15 de junio de 2016, en el acuerdo INE/CG471/2016 para cumplir con la sentencia previamente citada.

Fuente: ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN LINEAMIENTOS PARA REINTEGRAR EL REMANENTE NO EJERCIDO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO OTORGADO PARA GASTOS DE CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA SUP-RAP-647/2015 DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN [http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/85942/CGex201606-15_ap_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y]

Desde luego existió otra sentencia, la SUP-RAP-299/2016 contra este acuerdo. El 28 de julio de 2016 se confirmó el acuerdo INE/CG471/2016. El Tribunal resolvió que no es válido gastar fondos de campaña en actividades ordinarias. Dicha decisión se basó en los razonamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2014: “los recursos de los partidos únicamente podrían utilizarse para actividades de su naturaleza original; fue enfática al sostener que la Constitución no autorizó que los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho menos que se sumen sus montos”.

Esta cita debe leerse con cuidado, porque entonces pareciera que si los partidos admiten no emplear financiamiento de campaña para ser asignado a damnificados y reconstrucción, entonces no podrían suplir los recursos salientes con fondos provenientes de actividades ordinarias. Lo anterior no sé si pueda convertirse en un resquicio que aminore la fortaleza legal de esta ruta, pero quizá sí pudiera desincentivar la reasignación. Tal vez sólo aumenta las probabilidades de impugnación ante tribunales electorales.

Lo que sí está claro es la invalidez de gastar fondos de campaña en actividades ordinarias. Por ejemplo, ya ocurrió que un partido compró un edificio con los fondos sobrantes de gastos de campaña 2015 en el ámbito local y se defendía con diferentes argumentos a fecto de no devolver los montos que no erogados para el fin propio de la campaña. Al final, se le ordenó devolver los recursos respectivos en la sentencia SDF-RAP-2/2017, resuelta el 7 de abril de 2017.

El problema con esta propuesta es que los fondos se asignarían al final de las campañas, esto es, prácticamente durante la segunda mitad de 2018, lo que pudiera jugar en contra de la urgencia en el corto y mediano plazo de la situación actual.

3.- Adecuación dentro del presupuesto de egresos.

Si los fondos disponibles para afrontar esta situación son de 6 mil millones de pesos de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y se estimaban de manera preliminar en unos 9 mil millones, entonces cualquier monto que se sume resultará de gran valía. De ahí que otra opción es realizar una adecuación presupuestal de acuerdo con el artículo 62 de la Ley General de Protección Civil

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proveerá los recursos financieros para la  oportuna  atención  de  las  situaciones  de  emergencias  y  de  desastres,  por  lo  que  en  caso  de  que  los recursos disponibles  se  hayan  agotado,  se  harán  las  adecuaciones  presupuestarias  para  la  atención emergente de la población y la reconstrucción de la infraestructura estratégica.

Ahora bien, ¿el INE es un órgano que guarde relación con este tipo de disposiciones? El artículo 8 de la misma ley indica que sí:

Los  Poderes  Legislativo  y  Judicial  de  la  Unión,  las  entidades  federativas,  los  municipios, las  delegaciones,  los  organismos  descentralizados,  los  organismos  constitucionales  autónomos  y los sectores privado y social, así como la población en general, deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz.

Dentro de las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley General de Protección Civil se encuentran tanto la infraestructura estratégica como la reconstrucción:

XXXII. Infraestructura  Estratégica:  Aquella  que  es indispensable  para  la  provisión  de  bienes  y servicios  públicos,  y  cuya  destrucción  o  inhabilitación  es  una  amenaza  en  contra  de  la seguridad nacional  y  ocasionaría  una  afectación  a  la  población,  sus  bienes  o  entorno.  La unidad mínima de dicha Infraestructura Estratégica es la instalación vital.

XLIV. Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y económica  que  prevalecía  entre  la  población  antes  de  sufrir  los  efectos  producidos  por  un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes.

Como se puede ver, entonces se trataría de asignar los recursos de partidos tanto a infraestructura estratégica como a reconstrucción para cubrir el ámbito espacial y temporal más amplio posible. En esta opción, los fondos ni siquiera se asignan al INE ni se transfieren a los partidos. Simplemente se insertan en el presupuesto de egresos.

Esta opción sin embargo no excluye el debate sobre considerarse una reforma fundamental ya dentro de la etapa del proceso electoral, es dcir, la restricción establecida por la fracción II del artículo 105 constitucional.

4.- Los partidos giran fondos a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

En esta opción, los partidos giran sus recursos a la Tesorería. Esto ya ha ocurrido. Por ejemplo, el PAN devolvió 29’101,572 pesos a la Tesorería de la Federación en enero de 1997 al considerar excesivo el financiamiento público derivado de la reforma electoral de 1996. Aquí los fondos ingresan al INE, se entregan a los partidos y éstos los giran a la TESOFE.

Todas las opciones pueden tener resquicios legales que en el ámbito jurisdiccional pudieran malograrse. Pero al menos parecieran existir algunas opciones que merecen mayor estudio y en su caso, el necesario perfeccionamiento para volverse jurídicamente viables y jurisdiccionalmente sólidas.

Dada la situación que se vive en diversos lugares del país, aunque incompletas, estas opciones tal vez pudieran arrojar alguna luz sobre el cómo lograr que ese financiamiento a partidos se asigne a las necesidades derivadas de los sismos. Estas líneas no debaten sobre la conveniencia o beneficio político de una medida de esta naturaleza. No he tenido ni tiempo ni mucho interés en ello. Simplemente creo que lo importante es contar con algunos recursos extra para las labores que se avecinan, en el porcentaje que sea, en la forma que resulte más conveniente.

 

 


Financiamiento público federal a partidos políticos en México, 1991-2018

En cuatro de los años con elecciones presidenciales en las últimas dos décadas (2000, 2006, 2012 y la próxima en 2018), el país ha destinado en cada uno de esos años, alrededor de 6 mil millones de pesos reales en financiamiento público federal a partidos políticos. De hecho, más de 6 mil millones se han entregado en seis ocasiones si se consideran dos años de elecciones intermedias: 1997 y 2003.

Que en cuatro años de elecciones presidenciales, dentro de las últimas dos décadas se destinara un monto similar de financiamiento público federal a partidos políticos sugiere un problema de diseño institucional.

La promesa de las reformas electorales después de la acaecida en 1996 (la llamada “reforma electoral definitiva” por su carácter fundacional) se centró, al menos en el tema del financiamiento público federal a los partidos políticos, en su reducción.

Desde luego que al examinar los datos ofrecidos en la gráfica que acompaña a estas breves notas, bien se puede concluir que en términos reales no ha aumentado el financiamiento público federal a los partidos políticos, esto durante años de elecciones presidenciales, lo cual sí parece ser el caso.

Sin embargo, la promesa de las reformas electorales no fue mantener sino reducir ese financiamiento. ¿Porqué esto puede ser un problema? Estamos dedicando como país un monto de fondos públicos similar, en términos reales, a años de elección presidencial con realidades distintas. Por ejemplo, en 2000 y 2006 la presencia en radio y TV se pagaba, pero en 2012 y para el próximo 2018, esa presencia se cubrió y se cubrirá con tiempos del Estado. ¿Esto hace una diferencia? Sirva de ilustración un viejo cálculo de 1997: en aquél año se estimó que el 60 por ciento de los gastos de los partidos se destinaban a financiar apariciones en radio y TV. Hoy esto ya no se paga. Sin embargo, los fondos federales siguen siendo los mismos.

Todo lo anterior supone la necesidad de examinar lo que el arreglo institucional implica en términos de financiamiento público federal a los partidos políticos en México. ¿Es sostenible este patrón de asignaciones de fondos federales? La frase en las comunicaciones del órgano electoral nacional (“sólo aplica, no decide”) sobre la materia de financiamiento público sugiere que implícitamente se reconoce la impopularidad de este arreglo institucional (o al menos eso sería posible argüir).

Como en toda acción pública para realizar este necesario examen, sería útil responderse al menos estas tres preguntas ¿Qué es lo deseable? ¿qué es lo posible? ¿que es lo sostenible en el mediano plazo? Por ahora, el actual arreglo institucional pareciera tener algunos problemas en su diseño.

Gráfica.
Financiamiento público federal a partidos políticos en México, 1991-2018.

finan1991_2018federal


Presencia electoral del PRI en Coahuila 1981-2017

Este post sólo consta de un par de gráficas que condensan 26 elecciones en el estado de Coahuila entre 1981 y 2017. Se trata de 10 elecciones federales y 16 locales.

La primera gráfica separa la presencia electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre elecciones federales y elecciones locales. Se trata del porcentaje de votación obtenida por el PRI considerando al estado como un todo.

coah_1981_2017

La segunda gráfica incluye ambos tipos de elecciones, esto es, tanto locales como federales y se estima una tendencia entre los puntos que corresponden a la presencia electoral del PRI en Coahuila durante los últimos 36 años.

coah_1981_2017_junto

Si bien se trata de un ejercicio preliminar que agrupa en cuanto fue posible el porcentaje de votos del PRI considerando la votación total, resulta posible observar que entre 1981 y 1991 el PRI no descendía de los 50 puntos. Será durante los años noventa y entrado el nuevo milenio cuando ya no necesariamente obtenga una mayoría absoluta de votos.

Para finales de la década pasada y principios de la presente parecía observarse cierta recuperación, aunque no del todo, para alcanzar excepto por 2014, un quinquenio de resultados en el agregado estatal que fueron menores al 50 por ciento de los votos de la ciudadanía coahuilense.

Todo lo anterior sugiere que una coalición opositora, una vez conocidos los apretados resultados de 2017, bien pudiera disputar la gubernatura al PRI de forma altamente competitiva y con alta probabilidad de éxito en una de las pocas entidades donde ningún otro partido ha alcanzado a ganar el poder ejecutivo del estado.


Encuestas en las elecciones locales mexicanas de 2016

Las elecciones locales de este 2016 ya cuentan con numerosos levantamientos de encuestas para diversos puestos, como lo son alguna gubernatura, una diputación local o una presidencia municipal.

Como en cada proceso electoral, algunos de los datos de las encuestas han sido publicados en medios impresos nacionales y locales. El seguimiento y monitoreo de dichas publicaciones puede convertirse en una actividad costosa en términos de tiempo y dinero para el público interesado, porque no existen muchos sitios digitales o medios impresos que se dediquen a compilar esta información.

Para nuestro caso, por disposición legal desde la reforma electoral 2014, se estableció como obligación de los órganos electorales locales el difundir en sus portales de internet toda la información sobre cada encuesta que sea publicada.

Aunque el grado de detalle en la difusión de la información de encuestas varía entre los distintos órganos electorales, sí es posible contar con algunas bases de datos de las encuestas que han sido difundidas en medios impresos en las elecciones locales a celebrarse este 5 de junio.

Toda esta información ha sido compilada por un micrositio del Instituto Nacional Electoral cuya dirección es:

http://www.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/PEF/2014-2015/Preparacion/Encuestas/electorales_locales.html#home

Ahí nos encontramos un par de pestañas, una que nos lleva a las elecciones locales 2015 y otra a las de 2016. Una rápida revisión de los portales de los órganos electorales locales sugiere que en efecto, sí es posible encontrar bases de datos, cuestionarios, la metodología y el costo reportado de las encuestas publicadas. Las variables que contienen estas bases de datos generalmente corresponden a las variables que fueron publicadas.

También se observa que muchas bases se presentan en hojas de cálculo, lo que facilita su portabilidad para abrirles desde el paquete estadístico preferido. En algunos casos, las columnas contienen las etiquetas de las categorías de respuesta, por lo que al importar dichas bases en un paquete como, por ejemplo, stata, lo que tenemos es “mucho”, “algo”, “poco” o “nada” en una pregunta sobre algún tema, en vez de observar números en una escala del 1 al 4.

El etiquetado de las categorías de respuesta facilita la lectura y evita complicaciones sobre los significados de los códigos empledos. Por ejemplo, si a veces no se halla el cuestionario, no es posible saber si 1 significaba “mucho” o “nada”.

El problema con esta forma de reporte, esto es, usando etiquetas en vez de números es que no permite realizar ningún tipo de cálculo, pues se trata de palabras. Para resolver este problema basta con generar una nueva variable que ya no se componga por palabras, sino que asigne un número a cada categoría de respuesta.

Para los usuarios de stata, ello se logra con el comando “encode var, gen(newvar)” y así se asignarán números a cada opción, de manera tal que cada quien puede asignarle el 1 al “mucho” y el 4 al “nada” o viceversa.

En esta misma revisión también se observa que los libros de excel que sí contienen números en las variables, en la siguiente hoja anexan el nombre de la variable y los códigos correspondientes. Este formato es fácilmente reconocible por quienes han usado el paquete spss, y por supuesto también resulta posible importar dichos datos al citado paquete.

En síntesis, el micrositio del INE ofrece, con todas las limitaciones y bondades comentadas (y otras que se añadan) una gran posibilidad para el análisis de lo que ocurre en las elecciones locales mexicanas de este 2016.


Anular o no anular, el dilema (y sus definiciones legales)

En los últimos días se ha intensificado el debate sobre la eficacia o no del voto nulo. Más allá de la relevancia del propio debate, conviene precisar algunos conceptos que parece no están claros en la discusión. En este breve post se explicará qué implica formalmente anular el voto. Para ello, primero se analizará dónde sí y dónde no se usa el voto nulo según la LGIPE (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales) y la LGPP (Ley General de Partidos Políticos).

Reglas para denominadores (total, válida, nacional): LGIPE y LGPP

Votación Total Emitida:

VTE: Votación Total Emitida Todos los votos depositados en urnas      [art 15, 1 de la LGIPE]

La SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas señala que la Constitución ya no alude a la “votación total emitida”, pero estimó que constituye un concepto implícito en el artículo 54 constitucional. La SCJN reconoció la validez del artículo 15, párrafos 1 y 2 de la LGIPE y reafirmó que la votación total emitida es representada por todos los votos depositados en urnas.

Votación Válida Emitida:

VVE: Votación Válida Emitida VTE menos blancos, nulos, candidatos no registrados [art 15, 1 de la LGIPE]

VVE sirve para verificar el umbral del 3%  [art 94, 1, b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos]

En la VVE, los votos nulos ya NO forman parte del denominador para calcular si un partido alcanza el 3% de votación federal, requisito necesario para mantener el registro nacional. Cualquier explicación que diga lo contrario está basada en las leyes anteriores a la reforma electoral de 2014. Ahora bien, como se observa en la definición de VVE, el voto por candidatos independientes forma parte del denominador para calcular el umbral de 3% para mantener el registro.

En un artículo reciente (sobre “los mitos del voto nulo”) leí que el voto por los independientes se excluía de la VVE. Decir eso es un error. Por definición de ley, el voto por candidatos independientes forma parte del denominador para calcular el umbral de 3% para mantener el registro. Otro tema que ha surgido es que según algunos políticos, los votos nulos van en beneficio de los partidos mayoritarios. No, esto no es así. Anular el voto NO incide legalmente en el porcentaje de votos de los partidos (sean grandes o chicos) para efectos de conservar o no el registro.

Votación Nacional Emitida:

VNE: Votación Nacional Emitida VVE menos partidos sin 3% y candidatos independientes   [arts 15, 2; 437, 1; 362, 1, b) de la LGIPE]  

VNE sirve para asignar diputados de RP    [art 15, 2 de la LGIPE]

Votación Nacional Emitida: La SCJN determinó la validez de los artículos 15, párrafo 2, y 437, párrafo 1 de la LGIPE, que excluyen los votos recibidos a favor de candidatos independientes para calcular la votación nacional emitida, a efecto de calcular la asignación de diputados por RP (representación proporcional o también llamados plurinominales o pluris).

La SCJN consideró que si los candidatos independientes, por disposición legal, no participan en la asignación de diputados de RP [art 362, 1, b) de la LGIPE], lo congruente con esa exclusión es que los votos emitidos a favor de los independientes no se contabilicen en la distribución de RP.

En síntesis, es en la VNE donde ya no hay cabida para candidatos independientes, por las razones ya expuestas y no en VVE como erróneamente lo han dicho diversos analistas.

Por último, ir a votar es participar, sea votando en blanco, anulando, votando por candidatos de partido o por candidatos independientes. Quizá lo más importante sea éso, que si los ciudadanos deciden anular o no, será su derecho, pero aún en el caso de la anulación del voto dichos ciudadanos irían a votar, y éso también es participar.


Financiamiento público a partidos políticos en México: 1991 a 2015

Hace casi 35 años, cuando el financiamiento público empezó a delinearse en la ley electoral que derivó de la reforma de 1977, México no tenía elecciones razonablemente competitivas a nivel nacional y no existían muchas de las reglas que hoy conocemos sobre la contienda electoral y las complejidades del financiamiento a los partidos políticos. Debe decirse que a los partidos políticos mexicanos se les otorga financiamiento público desde 1987. Hace 28 años el principal debate no era qué harían los partidos con los fondos recibidos, sino cómo defenderían su independencia política si el ancien regimen les entregaba recursos.

El debate entonces se centró en discutir si los partidos debían o no recibir dinero del erario y si es que debían, bajo qué condiciones. Sin embargo, dicho debate fue cancelado en la práctica cuando las reglas para otorgar los fondos resultaban relativamente ajenas a la manipulación gubernamental. Una vez que fue salvada la discrecionalidad, la discusión derivó hacia la búsqueda de mecanismos que aumentaran las condiciones de equidad en la competencia electoral, pero una vez alcanzadas las elecciones razonablemente competitivas, los partidos políticos ya no volvieron a discutir cómo reducir los fondos que recibían del erario.

Si se analiza el financiamiento público federal con una de las herramientas más utilizadas por los economistas cuando presentan comparaciones entre cantidades de dinero que pertenecen a diferentes años, encontramos los llamados pesos reales o constantes. Lo que se hace en palabras llanas es agregar el efecto de la inflación a las cantidades analizadas con el fin de saber si los pesos otorgados a los partidos en 1991 por ejemplo, siguen siendo suficientes para adquirir hoy, los mismos productos que se consumían en aquella fecha, es decir, los monto recibidos en 1991 están en pesos de diciembre de 2014, es decir, ya “casi” en pesos de 2015.

En la gráfica se muestra el total de financiamiento público otorgado a los partidos políticos en pesos nominales o corrientes, es decir, en los pesos que originalmente fueron entregados (los datos de 1991 a 1996 fueron obtenidos de los acuerdos y resoluciones respectivos, mientras que los datos correspondientes al periodo 1997-2014 están disponibles aquí http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Acuerdos_del_Consejo_sobre_financiamiento/) , y en pesos de diciembre de 2014, lo que se ha etiquetado, por sencillez, como pesos 2015. Lo que se observa en la gráfica tiene sus explicaciones históricas, destacando que desde la reforma electoral de 1996 se otorgó a los partidos un monto de recursos públicos nunca antes visto en la historia electoral mexicana. Y desde entonces los debates y críticas fueron constantes. Sin embargo, la reforma electoral de 2008 no parece haber acallado las críticas a este gasto como también se aprecia al final de la serie.

También destaca que el año siguiente al de una elección resulta con montos menores. Esto puede explicarse porque, por ejemplo, la ley entre 1996 y 2007 establecía que en año electoral los recursos “se duplicarían” porque los partidos requerían fondos para las campañas electorales. Debe decirse que desde la propia elección legislativa de 2009, en virtud de la reforma de 2008, los partidos ya no gastan un solo peso en difundir propaganda por radio y televisión, pues acceden a ello a través de los coloquialmente llamados “tiempos oficiales”, espacios gratuitos que por ley los concesionarios deben otorgar al Estado, y éste los opera a través del organismo electoral. De hecho, los fondos en año electoral ya no “se duplican”, sino sólo se les otorga la mitad de su financiamiento ordinario, como ocurrió en 2012, por ejemplo.

El financiamiento creciente puede ser explicado por dos causas. La primera es que la ley establecía que la inflación era uno de los factores que la autoridad electoral debía considerar para los cálculos de financiamiento, por lo tanto a los partidos nunca se los “comió” el alza de los precios. Y la segunda consideración es que los recortes presupuestales al financiamiento para partidos fueron francamente menores cuando éstos ocurrieron, como en 2003 y 2004 por ejemplo, situaciones que terminaron siendo resueltas por el Tribunal Electoral y que hasta tesis formaron (http://www.te.gob.mx/transparencia/informes/informe_03/05_tesis/tesis_relevantes/09.html), aunque hubo un caso, el de 1998, donde el recorte al IFE fue importante y para evitar afectaciones, los diputados etiquetaron las prerrogativas partidistas, porque lo que el recorte tuvo que ser enteramente asumido por el organismo electoral. Debe decirse que el etiquetar los fondos a los partidos nunca se ha vuelto a presentar. Incluso en 2005 el IFE otorgó a los partidos un factor para aumentar en proporciones francamente menores sus fondos públicos. El aumento pareció ser bien recibido porque parece que nadie impugnó.

Es importante mencionar que las fórmulas para calcular el financiamiento público a los partidos han cambiado, desde la vieja piedra angular del sistema de financiamiento electoral mexicano que era el llamado costo mínimo de campaña. Esta cifra representaba, en pesos, un monto con el cual se podía enfrentar el gasto de una campaña “decente”, fuera para diputado, senador o presidente. A partir de este costo, la ley ordenaba sumar, multiplicar, y dividir por diversas variables para obtener el monto de financiamiento público, con base en ciertos factores “fijos” como el número de partidos en las cámaras, los días de campaña y el total de escaños. Así se construían los montos finales a repartir.

En detalle, pero sin entrar a tanta precisión, en el cálculo del financiamiento para 1994, por ejemplo, se utilizaba como base el ya desaparecido concepto de costo mínimo de campaña. El costo mínimo de diputado se multiplicaba por los 300 diputados de mayoría relativa y el costo de senador por el número de senadores a elegir. Con estas dos cifras, se hacía una división entre los votos que se obtuvieron en cada tipo de elección. El resultado se denominaba valor unitario del voto. Este valor unitario al final se multiplicaba por los votos obtenidos por cada partido y lo resultante era el dinero que le tocaba a cada fuerza política.

Para 1996 la ley cambió, y de 1996 hasta 2007 para obtener el monto de financiamiento se sumaban las cifras que derivaban de multiplicar los costos mínimos de campaña de diputado y senador por el total de diputados y senadores, y después por el número de partidos que tenían legisladores. Y además se incorporaba el costo mínimo de campaña para presidente, que se obtenía a partir del costo mínimo de campaña para diputado multiplicado por 300 distritos, y dividido entre los día que duraba la campaña para diputado, para finalmente multiplicarse por la duración de la campaña para presidente. Para 1996 desapareció de los cálculos el valor unitario del voto, incorporándose en su lugar el número de partidos como multiplicador y la obtención del costo mínimo para presidente.

Sin embargo, desde 2008 la fórmula cambió para dar paso a la multiplicación del salario mínimo por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, todo ello explicado en términos muy generales. En detalle, lo que se multiplica es el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio del año previo, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. Ese monto más un 3 por ciento de ese mismo total es lo que se entrega a los partidos políticos. Ese tres por ciento se otorga para que los partidos políticos realicen tareas editoriales, capaciten a sus militantes y realicen investigación. Estos rubros componen las llamadas “actividades específicas”, actividades que antes se pagaban como reembolso sólo si los partidos acreditaban haber realizado dichas tareas de forma legal.

Otra novedad derivada de la reforma de 2008 es que partidos políticos deberían destinar un dos por ciento de sus fondos para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Actualmente es un 3 por ciento según la reforma electoral de 2014. Por último, las franquicias postales y telegráficas ya se cuantifican, lo que anteriormente no ocurría. Esto generaba interminables discusiones sobre cómo afrontar el viejo fondo presupuestal destinado para ello, el cual se terminó antes de… 1995. El dinero para franquicias no se entrega a los partidos, en realidad representa el límite que pueden gastar por dicho concepto, límite que no existía en el pasado, cuando de 142 millones gastados en 1997 por ejemplo, el Partido Verde gastó 92 millones, ejerciendo un recurso al que tenía derecho, pero que representaba casi el 65 por ciento del gasto de todas las franquicias de ese año (ver la intervención de José Woldenberg en octubre de 1997 a este respecto aquí http://ife.org.mx/documentos/CONS-GEN/actas/091097b.htm)

El punto relevante en esta breve revisión sobre el financiamiento a los partidos en los últimos 25 años es que desde las elecciones de 2009 los partidos políticos ya no gastan un solo peso en difundir propaganda por radio y televisión. Desde 1997 sabemos que el gasto en medios representaba alrededor del 60 por ciento de todos los gastos partidistas (el famoso estudio del costo mínimo de campaña post-1997 donde me tocó participar está citado aquí http://ife.org.mx/documentos/CONS-GEN/actas/091097b.htm y por ello, creo, los diputados muy molestos con el IFE, etiquetaron las prerrogativas partidistas en 1998). Lo que uno debía esperar, como lo prometieron las élites partidistas en 2008, es que el financiamiento público decrezca significativamente porque ya no se gasta en la transmisión de los promocionales, sólo en su diseño y producción, y que de por sí ya gastaban en ello antes de las reformas.

Sin embargo, la evidencia sugiere que los fondos para los partidos apenas se redujeron 200 millones de pesos en términos reales entre las campañas presidenciales de 2006 y 2012, cuando en 2012 sabemos que la transmisión de promocionales en radio y televisión fue gratuita. En otras palabras, los partidos no sólo se ahorraron más de la mitad de lo que usualmente ya gastaban, sino que sus fondos ni siquiera se vieron mermados, digamos, a la mitad por citar una de las promesas de la reforma de 2008. Por ello se dice que la reforma electoral de 2008 en materia de financiamiento no parece haber influido significativamente, porque ni siquiera detuvo el financiamiento creciente, ya que otorgó fondos muy similares en términos reales y redujo a cero el gasto en medios.

Finalmente, sabemos que para justificar el financiamiento público a los partidos políticos, frecuentemente son usados argumentos del tipo “más dinero público reduce la posibilidad de usar fondos ilícitos”, pero ello implica olvidar que las mayores sanciones monetarias en la historia electoral de este país se han presentado precisamente durante este esquema de financiamiento creciente por fondo privados ilícitos (165 millones de dólares en multas por Pemexgate y Amigos de Fox), por lo que sería muy positivo que las reglas sobre fondos públicos destinados a los partidos políticos sí fueran analizadas en futuras reformas electorales considerando este tipo de factores, aunque como ya sabemos, la reforma electoral de 2014 ni siquiera mencionó el tema.

finan2015


Sitio oficial sobre encuestas electorales del INE

Por algún tiempo el Instituto Nacional Electoral (antes conocido como IFE) estuvo preparando un micrositio donde se pudiera encontrar “información general y resultados de encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos que se hayan publicado con el fin de dar a conocer preferencias electorales”.

El resultado está ya aquí. La compilación del micrositio incluye la información sobre encuestas relacionadas con las elecciones federales de 2006, 2009 y 2012, así como a las 17 entidades federativas con elecciones locales a celebrarse durante 2015.

En este “post” únicamente se describe el contenido del sitio y se agregan los vínculos respectivos para que quienes se encuentren interesados puedan acceder a las páginas introductorias y a los datos respectivos. Se espera que resulte de utilidad.

— Introducción y página principal http://www.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/PEF/2014-2015/Preparacion/Encuestas/index.html

— Normatividad http://www.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/PEF/2014-2015/Preparacion/Encuestas/encuestas.html

— Procesos federales 2006, 2009 y 2012 http://www.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/PEF/2014-2015/Preparacion/Encuestas/memoriaHistorica.html

— Procesos locales 2015 http://www.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/PEF/2014-2015/Preparacion/Encuestas/electorales_locales.html

— Memoria histórica http://www.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/PEF/2014-2015/pdf/Memoria_Historica_25_Noviembre.pdf


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