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Sobre la renovación de dos integrantes de la SCJN

Ante los procesos recientes, tanto para nombrar un ministro primero y una ministra después durante esta nueva administración federal (2018-2024), resulta interesante destacar algunos puntos para intentar entender porqué un presidente que se sitúa a la izquierda en temas económicos (pero no en temas morales) envía al Senado propuestas de posibles integrantes de la Suprema Corte que como se ha dicho, no necesariamente se caracterizan por ser afines a algunos de los últimos dictados judiciales en ciertas materias. De suyo, numerosas organizaciones presentaron su inconformidad, junto con diversos señalamientos e inquietudes de un panel de expertos dentro del sistema interamericano (Botero, Saéz y Ayala 2019).

En el proceso de gradual renovación de la Suprema Corte, definida desde 1995 en 11 integrantes, los últimos cuatro presidentes han enviado en promedio entre 3 y 4 ternas. Esto significa que han podido renovar, según el escalonamiento derivado de la reforma impulsada por el entonces presidente Zedillo en 1995, entre el 27 y el 46 por ciento de la Corte. Desde luego que nombrar, con aval del Senado, 4 nuevas posiciones de un total de 11 no implica en modo alguno mover completamente a la Corte en la dirección deseada por el Ejecutivo Federal, pero esta renovación gradual sí ha permitido, con distintos grados de éxito, ir modificando en algún punto la orientación de las decisiones.

Cuando la Corte sesiona en pleno, esto es, con 11 integrantes, las nuevas posiciones quizá no representen una gran posibilidad de cambio en las decisiones que se han ido tomando a lo largo del tiempo por parte de la institución. Sin embargo, dado que la Corte también trabaja en salas, resultará importante ver si quienes ocupan las nuevas posiciones se agrupan en una misma sala, de modo tal que desde ahí se pudiera observar si en efecto algunos cambios emergen.

Pensando en el pleno de la Corte, renovaciones graduales han permitido que decisiones más o menos divididas cambien de sentido a lo largo de los años. Este viraje no significa que la ley carezca de importancia, sino que al tener en su seno a personas con visiones distintas, junto con las personas que estaban anteriormente, los viejos equilibrios pudieran eventualmente alterarse. Un ejemplo de ello es la validación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje durante la década de los veinte. Tres distintas renovaciones en la Corte (1917 a 1919; 1919 a 1923 y 1923 a 1928) coincidieron con el cambio de criterio, que fue de no reconocer autoridad a dichas juntas a otorgarles ese reconocimiento (Suarez-Potts 2009).

Ahora pensando en las salas, una renovación durante el caso Cassez coincidió con el cambio en la decisión final, que pasó de ser inicialmente 2-2-1 a 3-2, con el resultado por todos conocido, esto es, la liberación lisa y llana. Si bien es cierto que tanto en el caso de las juntas como en el de Cassez confluyeron un sinfín de factores, destaca entre ellos la renovación en la integración de la Corte.

Como ha ocurrido desde 1917, los presidentes intentan, con diversos grados de éxito, proponer a personas que les pueden resultar más o menos afines para que resuelvan los casos que llegan al más alto tribunal del país. Esto no significa que basta con la mera afinidad con el presidente para que la persona propuesta sea confirmada por el Senado.

Algunos factores que explican el éxito presidencial en las nominaciones son contar con la mayoría senatorial, tener alta aprobación popular y enviar propuestas que se juzguen como un buen perfil, en términos de trayectoria, sea académica o sea judicial y con cierta independencia, aunque ésta sea mínima (Corley 2006). Uno pensaría que contar con al menos una de estas características basta, pero no siempre es así. Por el diseño del proceso, un presidente popular y con mayoría puede ser exitoso aún con propuestas que reciban críticas.

Como se sabe, es posible que la primera terna enviada quizá no tenga éxito (como ocurrió en una ocasión con dos ternas en el último trimestre de 2012). Esto puede deberse a varios factores. El más importante, desde luego, es si el partido del presidente cuenta con mayoría en el Senado. De no ser así el proceso puede complicarse. Pero el presidente, por ser su prerrogativa el enviar propuestas, puede repetir nombres en las nuevas ternas, como de hecho ocurrió. Y entonces ser exitoso.

Ahora bien, ¿qué tanto dura la afinidad entre la persona propuesta como integrante de la Corte y el proyecto político que le propuso? Como se ha encontrado para el caso de los EUA, no tanto como se piensa, generalmente no más allá del mandato presidencial. Esto es, una vez que el presidente deje el cargo se podría observar cierto alejamiento paulatino en la afinidad entre el proyecto político y las votaciones de la persona propuesta (Krehbiel 2007).

Sin embargo, puede existir una cierta ideología previa, donde por la trayectoria se conoce que la persona propuesta en ciertos temas mantendrá una posición bastante firme, incluso a través de los años, con independencia de partidos o proyectos políticos. Podría pensarse que esto resulta más aplicable en la Corte de los EUA, pero el caso mexicano pudiera hallarse algún ministro que trabajando en el gabinete para un partido, siendo propuesto a la Corte por otro, quizá pudiera encontrar alguna relativa afinidad en algunos posibles temas con quien recién llega, que cabe mencionar, vino como propuesta de un proyecto político distinto a los otros dos.

Desde luego que estas convergencias ideológicas pudieran no observarse, porque en las decisiones judiciales intervienen un sinfín de factores, como ya se ha dicho. Pero resulta interesante considerar que también se pueden dar este tipo de fenómenos, donde proyectos políticos van y vienen, pero 15 años de duración en el cargo permiten observar cierta constancia en las decisiones.

Una pregunta inevitable es ¿resulta normal que un presidente quiera mover hasta cierto punto la orientación de la Corte para dar paso a su proyecto político? De acuerdo con la historia, sí, parece que sí. Baste recordar que durante el maximato se amplió de 11 a 16 el número de ministros, y se renovó la Corte. Lo mismo ocurrió con el entonces presidente Cárdenas, al reducir el periodo a 6 años y ampliar el número de integrantes a 21. O la citada reforma de 1995, que redujo de 21 a 11 el número de integrantes.

De hecho, aun cuando en 1917 las propuestas de potenciales ministros no venían del presidente, sino que eran formalmente presentadas por las legislaturas locales al Congreso de la Unión (esto fue lo que cambió el maximato, que fuera el entonces presidente Portes Gil quien enviara las propuestas ahora ante el Senado, ya sin la Cámara de Diputados), incluso en ese arreglo de ámbito local-federal que estuvo vigente de 1917 a 1928, era posible identificar, hasta cierto punto, a las personas más o menos afines con el presidente en turno, es decir, con Carranza, Obregón y Calles, respectivamente. Esto era algo como menos de la mitad de la Corte, entre 4 y 5 de los 11 propuestos, como lo relata Suarez-Potts (2009).

Por último, convendrá comparar los dos procesos recientes con la última renovación que le corresponda al propio presidente López Obrador, esto es, en diciembre de 2021, pues sabemos que las propuestas enviadas al inicio del mandato gozan de mayores probabilidades de éxito que las enviadas enmedio o al final. Por cierto, las características del entorno que observamos en el par de procesos de estas semanas, quizá se repetirán al inicio del mandato con quien sea titular del ejecutivo en 2024, puesto que en noviembre de ese año habrá dos vacantes, las cuales ya no le correspondarán al gobierno actual, pues su periodo terminará un mes antes.

 

 

Referencias

Botero, Catalina, Macarena Saéz y Carlos Ayala. 2019. Informe final del panel de expertos para la elección de ministra/o de la Suprema Corte de Justicia de México. (http://www.dplf.org/es/resources/informe-final-del-panel-internacional-de-expertos-para-la-eleccion-de-ministrao-de-la-0)

Corley, Pamela C. 2006. “Avoiding Advice and Consent: Recess Appointments and Presidential Power”. Presidential Studies Quarterly 36(4): 670-680.

Krehbiel, Keith. 2007. “Supreme Court Appointments as a Move-the-Median Game”. American Journal of Political Science 51(2): 231-240.

Suarez-Potts, William J. 2009. “The Mexican Supreme Court and the Juntas de Conciliación y Arbitraje, 1917-1924: The Judicialisation of Labour Relations after the Revolution”. Journal of Latin American Studies 41(4): 723-755.

 


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