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Financiamiento público federal a partidos políticos en México, 1991-2018

En cuatro de los años con elecciones presidenciales en las últimas dos décadas (2000, 2006, 2012 y la próxima en 2018), el país ha destinado en cada uno de esos años, alrededor de 6 mil millones de pesos reales en financiamiento público federal a partidos políticos. De hecho, más de 6 mil millones se han entregado en seis ocasiones si se consideran dos años de elecciones intermedias: 1997 y 2003.

Que en cuatro años de elecciones presidenciales, dentro de las últimas dos décadas se destinara un monto similar de financiamiento público federal a partidos políticos sugiere un problema de diseño institucional.

La promesa de las reformas electorales después de la acaecida en 1996 (la llamada “reforma electoral definitiva” por su carácter fundacional) se centró, al menos en el tema del financiamiento público federal a los partidos políticos, en su reducción.

Desde luego que al examinar los datos ofrecidos en la gráfica que acompaña a estas breves notas, bien se puede concluir que en términos reales no ha aumentado el financiamiento público federal a los partidos políticos, esto durante años de elecciones presidenciales, lo cual sí parece ser el caso.

Sin embargo, la promesa de las reformas electorales no fue mantener sino reducir ese financiamiento. ¿Porqué esto puede ser un problema? Estamos dedicando como país un monto de fondos públicos similar, en términos reales, a años de elección presidencial con realidades distintas. Por ejemplo, en 2000 y 2006 la presencia en radio y TV se pagaba, pero en 2012 y para el próximo 2018, esa presencia se cubrió y se cubrirá con tiempos del Estado. ¿Esto hace una diferencia? Sirva de ilustración un viejo cálculo de 1997: en aquél año se estimó que el 60 por ciento de los gastos de los partidos se destinaban a financiar apariciones en radio y TV. Hoy esto ya no se paga. Sin embargo, los fondos federales siguen siendo los mismos.

Todo lo anterior supone la necesidad de examinar lo que el arreglo institucional implica en términos de financiamiento público federal a los partidos políticos en México. ¿Es sostenible este patrón de asignaciones de fondos federales? La frase en las comunicaciones del órgano electoral nacional (“sólo aplica, no decide”) sobre la materia de financiamiento público sugiere que implícitamente se reconoce la impopularidad de este arreglo institucional (o al menos eso sería posible argüir).

Como en toda acción pública para realizar este necesario examen, sería útil responderse al menos estas tres preguntas ¿Qué es lo deseable? ¿qué es lo posible? ¿que es lo sostenible en el mediano plazo? Por ahora, el actual arreglo institucional pareciera tener algunos problemas en su diseño.

Gráfica.
Financiamiento público federal a partidos políticos en México, 1991-2018.

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Presencia electoral del PRI en Coahuila 1981-2017

Este post sólo consta de un par de gráficas que condensan 26 elecciones en el estado de Coahuila entre 1981 y 2017. Se trata de 10 elecciones federales y 16 locales.

La primera gráfica separa la presencia electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre elecciones federales y elecciones locales. Se trata del porcentaje de votación obtenida por el PRI considerando al estado como un todo.

coah_1981_2017

La segunda gráfica incluye ambos tipos de elecciones, esto es, tanto locales como federales y se estima una tendencia entre los puntos que corresponden a la presencia electoral del PRI en Coahuila durante los últimos 36 años.

coah_1981_2017_junto

Si bien se trata de un ejercicio preliminar que agrupa en cuanto fue posible el porcentaje de votos del PRI considerando la votación total, resulta posible observar que entre 1981 y 1991 el PRI no descendía de los 50 puntos. Será durante los años noventa y entrado el nuevo milenio cuando ya no necesariamente obtenga una mayoría absoluta de votos.

Para finales de la década pasada y principios de la presente parecía observarse cierta recuperación, aunque no del todo, para alcanzar excepto por 2014, un quinquenio de resultados en el agregado estatal que fueron menores al 50 por ciento de los votos de la ciudadanía coahuilense.

Todo lo anterior sugiere que una coalición opositora, una vez conocidos los apretados resultados de 2017, bien pudiera disputar la gubernatura al PRI de forma altamente competitiva y con alta probabilidad de éxito en una de las pocas entidades donde ningún otro partido ha alcanzado a ganar el poder ejecutivo del estado.


Anular o no anular, el dilema (y sus definiciones legales)

En los últimos días se ha intensificado el debate sobre la eficacia o no del voto nulo. Más allá de la relevancia del propio debate, conviene precisar algunos conceptos que parece no están claros en la discusión. En este breve post se explicará qué implica formalmente anular el voto. Para ello, primero se analizará dónde sí y dónde no se usa el voto nulo según la LGIPE (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales) y la LGPP (Ley General de Partidos Políticos).

Reglas para denominadores (total, válida, nacional): LGIPE y LGPP

Votación Total Emitida:

VTE: Votación Total Emitida Todos los votos depositados en urnas      [art 15, 1 de la LGIPE]

La SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas señala que la Constitución ya no alude a la “votación total emitida”, pero estimó que constituye un concepto implícito en el artículo 54 constitucional. La SCJN reconoció la validez del artículo 15, párrafos 1 y 2 de la LGIPE y reafirmó que la votación total emitida es representada por todos los votos depositados en urnas.

Votación Válida Emitida:

VVE: Votación Válida Emitida VTE menos blancos, nulos, candidatos no registrados [art 15, 1 de la LGIPE]

VVE sirve para verificar el umbral del 3%  [art 94, 1, b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos]

En la VVE, los votos nulos ya NO forman parte del denominador para calcular si un partido alcanza el 3% de votación federal, requisito necesario para mantener el registro nacional. Cualquier explicación que diga lo contrario está basada en las leyes anteriores a la reforma electoral de 2014. Ahora bien, como se observa en la definición de VVE, el voto por candidatos independientes forma parte del denominador para calcular el umbral de 3% para mantener el registro.

En un artículo reciente (sobre “los mitos del voto nulo”) leí que el voto por los independientes se excluía de la VVE. Decir eso es un error. Por definición de ley, el voto por candidatos independientes forma parte del denominador para calcular el umbral de 3% para mantener el registro. Otro tema que ha surgido es que según algunos políticos, los votos nulos van en beneficio de los partidos mayoritarios. No, esto no es así. Anular el voto NO incide legalmente en el porcentaje de votos de los partidos (sean grandes o chicos) para efectos de conservar o no el registro.

Votación Nacional Emitida:

VNE: Votación Nacional Emitida VVE menos partidos sin 3% y candidatos independientes   [arts 15, 2; 437, 1; 362, 1, b) de la LGIPE]  

VNE sirve para asignar diputados de RP    [art 15, 2 de la LGIPE]

Votación Nacional Emitida: La SCJN determinó la validez de los artículos 15, párrafo 2, y 437, párrafo 1 de la LGIPE, que excluyen los votos recibidos a favor de candidatos independientes para calcular la votación nacional emitida, a efecto de calcular la asignación de diputados por RP (representación proporcional o también llamados plurinominales o pluris).

La SCJN consideró que si los candidatos independientes, por disposición legal, no participan en la asignación de diputados de RP [art 362, 1, b) de la LGIPE], lo congruente con esa exclusión es que los votos emitidos a favor de los independientes no se contabilicen en la distribución de RP.

En síntesis, es en la VNE donde ya no hay cabida para candidatos independientes, por las razones ya expuestas y no en VVE como erróneamente lo han dicho diversos analistas.

Por último, ir a votar es participar, sea votando en blanco, anulando, votando por candidatos de partido o por candidatos independientes. Quizá lo más importante sea éso, que si los ciudadanos deciden anular o no, será su derecho, pero aún en el caso de la anulación del voto dichos ciudadanos irían a votar, y éso también es participar.


Movimientos estudiantiles y elecciones en México

Desde hace 46 años durante el 2 de octubre se conmemora a los estudiantes reprimidos y asesinados en México por el propio gobierno. Todos los hechos ocurridos durante y después de la matanza ocurrida en la plaza de las Tres Culturas, ubicada en la zona de Tlatelolco, en el Distrito Federal han servido para recordar la protección al innegable derecho de los estudiantes a expresar sus puntos de vista, a organizarse y a pesar de diversas críticas, a cuestionar al sistema en su conjunto.

 

El movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional de los últimos días es el ejemplo más reciente. Hace un par de años, durante la propia elección presidencial de 2012 se gestó un movimiento estudiantil que refrescó la campaña electoral y que sin duda tuvo sus efectos entre los electores de aquél año: el #yosoy132.

 

En este breve comentario recordaremos el impacto electoral del movimiento estudiantil de 2012 a través de una encuesta nacional en vivienda que fue levantada por el periódico Reforma en junio de 2012 (http://gruporeforma-blogs.com/encuestas/?page_id=2060). Los resultados sugerían que casi tres cuartos de quienes no simpatizaban con el movimiento de los estudiantes votarían por el candidato presidencial del PRI, mientras que el 45% de quienes veían de manera favorable a los estudiantes agrupados en el #yosoy132 votarían por el candidato presidencial de izquierda.

 

Como se aprecia en la tabla de la encuesta referida (http://gruporeforma-blogs.com/encuestas/wp-content/uploads/2012/06/capsula_041.png), el movimiento estudiantil tuvo, en efecto, un impacto favorable en el candidato presidencial López Obrador, pero de manera muy clara también tuvo el efecto contrario, donde quienes veían desfavorablemente al movimiento prefirieron al PRI.

 

Este doble efecto es estudiado con mayor detalle en un capítulo de un libro de próxima aparición titulado “Mexico’s Evolving Democracy: A Comparative Study of the 2012 Elections“ (https://jhupbooks.press.jhu.edu/content/mexicos-evolving-democracy), capítulo escrito por Alejandro Moreno y quien escribe este blog. Por ahora baste esta breve nota para conmemorar los 46 años del 2 de octubre de 1968.


Some Academic Surveys in Mexican Politics (updated Jan 26, 2016)

In this post I offer a very short and basic list of national surveys frequently used in academia regarding Mexican politics. It is far from complete, but at least it represents my very first draft on the topic. Hope this helps and any suggestion is very welcome.

All surveys on the list are free and publicly available:

Americas Barometer, Mexico’s sample 2004-2014: http://www.vanderbilt.edu/lapop/mexico.php

Mexico Panel Study 2012, 2006 and 2000: http://www.encup.gob.mx/en/Encup/Estudio_Panel_2012  and:  http://web.mit.edu/clawson/www/polisci/research/mexico06/index.shtml#

Mexico’s ENAFI 2013, 2008 & 2005: http://www.enafi.itam.mx/es/index.php  (Philanthropy and Civil Society in Mexico)

Mexico’s Sample of the World Values Surveys 1981-2012: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp

Mexico’s Comparative Study of Electoral Systems (CSES): http://www.cses.org/datacenter/module4/module4.htm

Mexico’s Sample of The Comparative National Elections Project (CNEP): http://www.cnep.ics.ul.pt/index1.asp 

Mexico’s National Survey on Discrimination in Mexico, Religious Minorities (ENADIS): http://www.thearda.com/Archive/Files/Descriptions/RELMINOR.asp

Mexico’s Global Views: 2004-2013: Mexican Public Opinion and Foreign Policy (Las Américas y el Mundo): http://www.lasamericasyelmundo.cide.edu/

National Values Survey (ENVUD): http://bdsocial.inmujeres.gob.mx/bdsocial/index.php/en/envud-292

National Survey on Political Culture and Citizen Practices (ENCUP)
(2001-2008) http://bdsocial.inmujeres.gob.mx/bdsocial/index.php/en/encup-28

Databases for Social Analysis in Mexico, more than 60 publicly available surveys here: http://bdsocial.inmujeres.gob.mx/bdsocial/index.php/en/

I will try to update this list soon.

(last update January 26, 2016)


A very short and simple guide to the Scottish Referendum

 

Today, September 18, according to the Scottish Independence Referendum Act of 2013 available here  http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/Bills/61076.aspx, Scottish or British or Irish or EU citizens living in Scotland can vote, as stated in this voting guide http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0012/170400/The-2014-Scottish-Independence-Referendum-Voting-Guide.pdf.

 

In the Scottish Referendum poll stations will be open from 7 am to 10 pm. Recall that registered voters are 16 yr-old or more. The question wording of the Scottish Referendum reads as follows:

Should Scotland be an independent country?

Vote (X) only once:

Yes                No

 

“Yes Scotland” and “Better Together” are the lead campaigners for each outcome at the Scottish Referendum, and there is a spending limit of £1.5 million.

 

You can read additional information from the “Electoral Commission” website available here http://www.electoralcommission.org.uk/, from “Elections Scotland” website and the “Electoral Management Board for Scotland Referendum” available here http://www.electionsscotland.info/.

 

Finally, previous poll reports showed tendencies analyzing 87 surveys from February 2013 to September 2014 using the question wording: “Should Scotland be an independent country?” here http://whatscotlandthinks.org/questions/should-scotland-be-an-independent-country-1#line and a second analysis available here http://sotonpolitics.org/2014/09/12/polling-observatory-scottish-referendum-special-who-is-ahead-and-how-close-is-it/


De aspirantes a consejeros electorales, género y desarrollo humano

Durante estas semanas el Instituto Nacional Electoral ha estado llevando a cabo el proceso de selección de candidatos a consejeros electorales de 18 entidades federativas en México, consejeros que estarán a cargo de los procesos electorales locales para 2015.

 

La primera etapa consistió en un examen de conocimientos generales y técnicos en la materia electoral. A la siguiente fase avanzaron los 50 mejores resultados, es decir los 25 mejores en hombres y los 25 mejores en mujeres (los detalles del proceso aquí http://www.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/resultados/). Posteriormente siguió un ensayo (http://www.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/resultadosEnsayo/), una evaluación curricular y en estos días se llevarán a cabo las entrevistas correspondientes (http://www.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/).

 

Concentrándonos en la primera etapa, y obteniendo el promedio por estados según género, destaca que el promedio nacional fue de 80.6 en una escala de 0 a 100 puntos, que los hombres obtuvieron a nivel nacional 85.8, mientras que las mujeres obtuvieron 75.3, una diferencia de alrededor de 10 puntos.

 

Como bien se sabe, existe una brecha de género en diversos ámbitos, salarial, puestos de mando medio y superior o el doble turno (mujeres que trabajan de manera remunerada y en su hogar sin ayuda de la familia). De ahí que, infortunadamente, la materia electoral no sea la excepción.

 

Al comparar el promedio estatal de las calificaciones de los y las aspirantes contra el índice de desarrollo humano se observa que en efecto, los hombres parecen resultar menos afectados por el nivel de desarrollo que las mujeres.

 

El índice de desarrollo humano es una medición que va de cero a uno y que incluye tres aspectos centrales: educación, ingreso y salud. Su elaboración oficial corre a cargo del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) aunque existen muchos otros cálculos igualmente útiles. Para su estimación se emplean tasas de alfabetización, dólares anuales percibidos por habitante y tasas de mortalidad infantil –alguno prefieren emplear años de esperanza de vida (http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home.html).

 

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La gráfica sugiere que como se mencionó líneas arriba, los hombres que aspiran a ser consejeros electorales parecen resultar menos afectados por el nivel de desarrollo, esto es, un incremento en desarrollo no impacta de manera tan notoria en sus resultados de examen (correlación positiva de 0.15), mientras que las mujeres, ante un incremento importante en el desarrollo humano estatal, esta mejora sí parece estar mucho más asociada a su desempeño en el examen (correlación positiva de 0.22).

 

La correlación es un indicador de asociación que va de menos uno a uno. Valores cercanos a cero sugieren ausencia de asociación, valores cercanos a menos uno indican que mientras una variable aumenta la otra disminuye y finalmente, valores cercanos a uno sugieren que las dos variables se mueven juntas, es decir, si una aumenta la otra también lo hace o viceversa. En el caso del promedio estatal de resultados del examen de hombres y el índice de desarrollo humano de la entidad federativa correspondiente, la correlación es positiva con un valor de 0.15, sugiriendo cierta asociación. Pero en el caso de las mujeres esta asociación resulta incrementarse y alcanza el 0.22.

 

Ninguno de los dos valores, 0.15 y 0.22 es cercano a uno, pero al menos nos ofrecen una idea más o menos clara de lo que pudiera estar sucediendo, es decir, que la brecha de género puede empezarse a cerrar cuando existen mejores condiciones de vida, es decir, cuando hay un mayor desarrollo humano.

 

Debe notarse que estos resultados son el promedio de cada entidad federativa según hombres y mujeres y que en efecto, en lo individual existen casos de mujeres con notas más altas que hombres. También debe decirse que el universo analizado sólo incluye personas que aspiran a ser consejeros electorales, es decir, no se trata de todos los ciudadanos, sino de un grupo selecto que podríamos calificar de élite.

 

Esto sugiere que la brecha de género, al presentarse en las élites, es mucho más probable que se observe entre todos los ciudadanos. Aunque esta evidencia es preliminar y requiere de muchos más factores, la asociación entre resultados de exámenes y desarrollo humano parece sugerirnos algo más respecto a las exigencias que como sociedad debiéramos ponernos: un mayor desarrollo pareciera ir acortando las disparidades de género. Quizá habría que insistir un poco más en ello.

 


Abstencionismo en elecciones federales intermedias: el México subnacional de 1979 a 2009

En los últimos 30 años, las elecciones federales intermedias han concitado, en promedio, el interés de la mitad de los ciudadanos empadronados. En este breve “post” se describirán las tendencias nacional y locales sobre el nivel de asistencia a las urnas en el México subnacional, donde el observar la riqueza de la diversidad de los comportamientos locales nos permite conocer el promedio nacional.

Las elecciones federales intermedias, es decir, aquellas donde no se ha elegido presidente, típicamente revisten un interés menor por la falta de un puesto ejecutivo, mucho más visible. El promedio nacional, que se muestra en la gráfica 1, revela que las elecciones de 1979, 2003 y 2009 tuvieron la menor asistencia ciudadana, esto es, 47, 41 y 44 por ciento, respectivamente. Las elecciones intermedias de la década perdida (1980s), esto es las de 1985 bajo Miguel de la Madrid, las de la mitad del gobierno de Salinas y las de Zedillo han sido las más concurridas, con 52, 64 y 56 por ciento respectivamente.

Gráfica 1

asistencia_urnas_nacional

 

Desde la Ciencia Política se han elaborado diversas explicaciones al fenómeno sobre la participación y el abstencionismo en las elecciones en general, y en las elecciones intermedias en particular. Dado que la tendencia del promedio nacional se compone de la diversidad que existen en el plano subnacional, es decir en las unidades territoriales menores, en este caso, entidades federativas, resulta provechoso estudiar la asistencia a las urnas desde una óptica subnacional.

Bien se sabe que la dinámica de la competencia local puede aumentar la participación ciudadana en las elecciones federales. Por ejemplo, no es disparatado suponer que aquellas entidades donde se elija gobernador en el mismo año que se celebren las elecciones federales intermedias, esa boleta adicional para gobernador podrían incrementar la asistencia a las urnas en el estado que corresponda. Debe destacarse entonces que en 2015 serán 9 gubernaturas las que estarán en juego.

La gráfica 2 muestra el porcentaje de asistencia a las urnas en las elecciones federales intermedias para cada entidad federativa desde 1979 hasta 2009. Se ha agregado una línea horizontal de color rojo que indica 50 por ciento, puesto que esa cifra es el promedio de participación ciudadana en el periodo de 30 años que ahora se analiza.

 

Gráfica 2

asistencia_urnas

 

De las gráfica 2 destaca la gran variación en las tendencias estatales, donde por ejemplo, el caso de Baja California es diferente a Campeche, pues en el primero la asistencia a las urnas se ha venido reduciendo drásticamente, incluso por debajo de los 40 puntos, mientras que en el segundo, en Campeche, la asistencia no ha decaído ni al 60 por ciento.

La variación puede clasificarse en al menos tres grupos:

a) Entidades donde en los últimos treinta años vota la mitad de los ciudadanos empadronados. Por ejemplo, Campeche, Colima, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán.
b) Entidades donde la tendencia conforme pasa el tiempo es hacia la baja, como en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, DF, Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
c) Entidades cuya asistencia a las urnas oscila alrededor del 50 por ciento, como en Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz.

En síntesis, el estudio de la asistencia a las urnas ha de pasar necesariamente, como se argumenta en este post, por el análisis de las unidades territoriales inmediatamente menores al país como un todo, es decir, por los estados. De las ventajas del análisis subnacional se platicará en otro momento. Por ahora, baste decir que al tomar en cuenta unidades territoriales menores, quien investiga puede observar un mayor número de casos y una mayor variación en la información. Esta diversidad subnacional es la que permite enriquecer e ilustrar las explicaciones sobre los fenómenos políticos, como en este caso, la tendencia de la participación ciudadana, entendida para estos fines como asistencia a las urnas.

 


Los diputados plurinominales hacia 2015: antes que 200 o 100, ¿cómo se cuentan los votos?

A raíz de la propuesta del PRI para reducir los diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional, de 200 a 100 en diputados y de 32 a cero en el Senado, se ha empezado a comentar si existe o no un efecto en la redistribución de 200 a 100 diputados de lista.

Hay quienes dicen que no, que contar con sólo 100 plurinominales no altera los porcentajes de curules de cada partido, como lo explica Javier Aparicio (http://www.excelsior.com.mx/opinion/javier-aparicio/2014/08/23/977721) y en términos similares también lo señala Javier Márquez (http://javier-marquez.com/2014/08/22/para-discutir-la-reduccion-del-congreso/).

Estos puntos interesantes quizá dejan de lado una discusión no menos importante: las reglas para distribuir diputados federales plurinominales que tuvimos en 2012, ya no serán iguales para 2015. Y parece que el impacto de estas reglas nuevas no es trivial.

Por ejemplo, el umbral ya no es el mismo, entre otros numerosos aspectos, como habíamos discutido en un “post” anterior (https://alejandrodiazd.wordpress.com/2014/08/01/sobre-la-distribucion-de-escanos-plurinominales-en-mexico/). Antes, todavía en 2012, para conservar el registro un partido debía alcanzar el 2 por ciento. Para 2015 deberá alcanzar el tres. Más aún, el denominador para calcular ese porcentaje también ha cambiado. Hasta 2012 el denominador eran todos los votos depositados en urnas y adicionalmente, los votos para los candidatos en común se repartían igualitariamente entre los partidos coaligados. El viejo artículo 295 del COFIPE, en su párrafo 1, inciso c) señalaba que los votos que eran para los candidatos postulados por dos o más partidos se dividían por partes iguales. Para 2015 esto ya no será así.

Para 2015 a todos los votos en urnas se les restarán los votos nulos, en blanco y por candidatos no registrados, pues el artículo 15, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la votación válida emitida es “la que resulta de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados”. Adicionalmente, el artículo 87, párrafo 13 de la Ley General de Partidos Políticos establece que “los votos en que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas”.

Esto implica que el denominador para calcular el umbral del tres por ciento será menor, pues no se incluirán ni los nulos, ni los votos por candidatos no registrados, pero en el numerador tampoco podrán incluirse los votos derivados de coaliciones, con lo que el umbral de tres por ciento pudiera convertirse en un verdadero reto para los partidos que opten por aliarse.

Esto significaría, que por ejemplo, los alrededor de 2.8 millones de votos que se computaron para el PVEM en 2012 no serían los votos a dividir entre el nuevo denominador. No. En 2012, de este gran total, el PVEM obtuvo casi 1.8 millones de votos derivados de la coalición. Estas cifras provenían de la votación para los candidatos comunes que PVEM y PRI postularon, alrededor de 3.7 millones, que al dividirse entre los dos partidos arroja esos 1.8 millones de votos. Sin embargo, hoy esa regla ya no existe.

Entonces, los votos que servirían para verificar el registro del PVEM sólo serían alrededor de 960 mil. Los que obtuvo por sí mismo. Con ello, obtendría 2.3 por ciento. No alcanzaría a mantener su registro. Este efecto podría repetirse en MC y NA, pues sólo alcanzarían 2.4 y 2.8 por ciento respectivamente. Todo esto puede deberse en buena medida a que casi 15 de cada cien votos depositados en urnas en 2012 provenían de partidos coaligados, es decir, boletas donde los ciudadanos tacharon las opciones políticas coaligadas y no un solo emblema partidista.

En síntesis, las 21 curules que los Javieres, Aparicio y Márquez, asignan a PVEM, MC y NA cuando asumen los posibles 100 diputados plurinominales presentan un detalle: se irían a partidos que quizá no obtengan registro, si, como en este caso, se asumen votos 2012 bajo las nuevas reglas para 2015, que serán las que en realidad se utilizarán –al menos hasta ahora.

Desde luego falta que la Suprema Corte resuelva las impugnaciones pendientes sobre la constitucionalidad de la reforma electoral y aun con ello, faltará conocer cómo el Tribunal Electoral interpretaría las nuevas reglas, como ocurrió con la reciente elección local en Nayarit y la distribución de diputados plurinominales locales (https://alejandrodiazd.wordpress.com/2014/08/17/hacia-la-asignacion-de-diputados-plurinominales-en-2015-el-caso-nayarit-de-2014/). Una vez que todo ello ocurra, conoceremos qué les depara el destino a los votos por el candidato de una coalición: si se dividen igualitariamente entre los partidos coaligados, como ocurría antes, o si persiste la nueva regla, donde esos votos ya no se pueden redistribuir entre partidos. Entonces ya veríamos si son 200 o 100 pluris, o si, como a veces también ocurre, finalmente no pasa nada.


Hacia la asignación de diputados plurinominales en 2015: el caso Nayarit de 2014

En este “post” se repasará lo decidido este sábado 16 de agosto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a asignación de diputados por el principio de representación proporcional en el estado de Nayarit.

El Tribunal decidió que se debe utilizar el criterio establecido en el artículo 116, fracción II de la Constitución que establece un límite de 8 puntos en sub / sobrerepresentación para los partidos políticos, respecto de su porcentaje de votación y el porcentaje de curules.

Esto significa para la sobrerepresentación, que si un partido obtiene 30% de los votos, no puede obtener 38.1% de las curules, sólo hasta 38%. Para la subrepresentación, si un partido obtiene 30% de los votos, lo menos que debiera obtener es el 22% de curules pero nunca el 21.9%.

Para que la representación siga estos dos límites, uno superior y otro inferior, algo así como un “+ – 8%”, las autoridades electorales deben ajustar la distribución de diputados plurinominales, dado que los triunfos de mayoría (esto es, los obtenidos en cada distrito) no son susceptibles de modificarse una vez validados por los tribunales.

La Sala Superior del Tribunal Electoral decidió que los criterios de sub / sobrerepresentación publicados el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial, dentro de la reforma constitucional en materia electoral, deben emplearse desde ya. Como se sabe, el proceso electoral en Nayarit empezó antes de febrero de 2014, por lo que quedaba la duda si se podía utilizar una regla nueva para un proceso electoral en marcha.

El Tribunal Electoral resolvió que si la regla nueva proviene de una reforma constitucional donde no se alteran los procedimientos para votar, sino únicamente se dan criterios generales para que al final de todo el proceso se traduzcan de la mejor manera los votos en curules, esto es, que tanto votos como curules no se alejen en más de ocho puntos, entonces, en este paso final, consideró el Tribunal, sí se debe permitir utilizar una regla nueva para cerrar un proceso electoral que arrancó previamente.

En un “post” previo se hizo referencia al marco teórico e histórico de la representación proporcional en México (https://alejandrodiazd.wordpress.com/2014/08/01/sobre-la-distribucion-de-escanos-plurinominales-en-mexico/).

Ahora se reproduce (o como decimos en Ciencia Política “se replica”) el cálculo del Tribunal. Entonces, ¿cómo se efectúa el cálculo para asignar diputados bajo las reglas nuevas? Dice el Tribunal en la sentencia SUP-REC-892/2014 emitida el sábado 16 de agosto de 2014 (http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0892-2014.pdf): “de los datos extraídos del cómputo y la asignación de diputados de representación proporcional realizados por el Consejo Local se advierte la sobre-representación de la coalición Por el Bien de Nayarit [conformada por PRI-PVEM-NA], que excede el límite de sobre representación previsto en la fracción II, párrafo tercero, del artículo 116 de la Constitución”. Aquí el Tribunal coloca un cuadro similar a éste:

tab1

 

El Tribunal señala que como existe sobrerepresentación mayor a los ocho puntos, entonces, procede a recomponer el cálculo. “Al ajustar la asignación aplicando las reglas de la normativa local para dicha asignación, se obtiene:”

“i. Asignación a los partidos que obtengan cuando menos el 1.5% de la votación total estatal”

“El artículo 26 de la Constitución del Estado de Nayarit señala que el Congreso del Estado se integrará por dieciocho diputados electos por mayoría relativa y hasta doce diputados electos por representación proporcional.” Y es aquí donde a todos los partidos que rebasan el 1.5% de la votación, por ese mero hecho, les toca un diputado. Debe notarse, por ejemplo, que el único partido que no alcanza ese umbral o porcentaje mínimo es el PRS, que apenas obtuvo 1.16% de todos los votos.

“ii. Votación estatal obtenida por los partidos políticos o coaliciones”

“Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I, del citado código comicial, se sumará la votación obtenida por los partidos políticos que continúan concurriendo a la asignación […] donde se excluye a la coalición Por el Bien de Nayarit, ya que dicha coalición obtuvo catorce diputaciones por el principio de mayoría relativa, y una por el principio de representación proporcional, lo cual implica que cuenta con un total de quince diputados, con lo que alcanza el límite de sobre-representación permitido por la Constitución federal, ya que de asignarle una diputación más estaría sobrepasando el límite de ocho por ciento de sobre-representación permitido…” Es aquí donde el Tribunal revisa si ese diputado extra que se le otorga al PRI-PVEM-NA por el mero hecho de obtener 1.5% de los votos le hace rebasar o no el límite de ocho puntos de sobrepresentación. Lo que se encuentra es que un diputado plurinominal extra no rebasa dicho límite, pues se queda en 6.51%, pero si se le asignaran dos sí excedería los ocho puntos, pues llegaría al 9.84%, como se muestra en un cuadro similar a éste:

tab2

 

“iii. Cociente de asignación”
“De acuerdo con lo previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley Electoral de Nayarit, el resto de los diputados a distribuir, se hará conforme al cociente de asignación, el cual se obtiene de dividir la votación para asignación entre el número de curules pendientes por asignar; en este caso, siete. El cociente de asignación es 34022”.

“De acuerdo a lo previsto en la fracción III, del citado precepto legal, se dividirá el total de la votación obtenida por cada partido político entre el cociente de asignación a efecto de determinar el número de veces que contiene su votación estatal obtenida en dicho cociente […] se asignará un diputado a cada uno de los partidos políticos o coaliciones considerando el número de veces que contenga su votación estatal en el referido cociente”.

“El número restante de diputados, esto es dos, se distribuirán conforme al resto mayor, esto es, el remanente de votos más alto obtenido por cada partido político después de aplicar el cociente de asignación. De esta forma, al ser los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano quienes tienen el resto mayor más alto respectivamente, las diputaciones pendientes de asignar les corresponden a ellos”. Y todas estas operaciones se sintetizan en esta tabla, la cual “resume” los múltiples cuadros presentados por el Tribunal. Nótese que siguiendo la vieja escuela, en mis cuadro aún utilizo enteros, cuando la sentencia del Tribunal, más moderna, ya emplea decimales para asignar restos mayores.

tab3

 

Una vez que se han efectuado todos los cálculos, ésta sería la asignación final, donde PRI-PVEM-NA ya no exceden los ocho puntos y nadie está por debajo de esos ocho puntos. Esta nueva distribución ya se ajuste a los límites establecidos en el artículo 116, fracción II de la Constitución, el ya referido “+- 8%”.

tab4

Quedará para un futuro “post” analizar cómo efectuar el cálculo para el ámbito federal. Como se puede apreciar, ya se van dando pasos en esa dirección. Por ahora queda repasar esta sentencia y pensar en los escenarios por venir.


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