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Encuestas en las elecciones locales mexicanas de 2016

Las elecciones locales de este 2016 ya cuentan con numerosos levantamientos de encuestas para diversos puestos, como lo son alguna gubernatura, una diputación local o una presidencia municipal.

Como en cada proceso electoral, algunos de los datos de las encuestas han sido publicados en medios impresos nacionales y locales. El seguimiento y monitoreo de dichas publicaciones puede convertirse en una actividad costosa en términos de tiempo y dinero para el público interesado, porque no existen muchos sitios digitales o medios impresos que se dediquen a compilar esta información.

Para nuestro caso, por disposición legal desde la reforma electoral 2014, se estableció como obligación de los órganos electorales locales el difundir en sus portales de internet toda la información sobre cada encuesta que sea publicada.

Aunque el grado de detalle en la difusión de la información de encuestas varía entre los distintos órganos electorales, sí es posible contar con algunas bases de datos de las encuestas que han sido difundidas en medios impresos en las elecciones locales a celebrarse este 5 de junio.

Toda esta información ha sido compilada por un micrositio del Instituto Nacional Electoral cuya dirección es:

http://www.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/PEF/2014-2015/Preparacion/Encuestas/electorales_locales.html#home

Ahí nos encontramos un par de pestañas, una que nos lleva a las elecciones locales 2015 y otra a las de 2016. Una rápida revisión de los portales de los órganos electorales locales sugiere que en efecto, sí es posible encontrar bases de datos, cuestionarios, la metodología y el costo reportado de las encuestas publicadas. Las variables que contienen estas bases de datos generalmente corresponden a las variables que fueron publicadas.

También se observa que muchas bases se presentan en hojas de cálculo, lo que facilita su portabilidad para abrirles desde el paquete estadístico preferido. En algunos casos, las columnas contienen las etiquetas de las categorías de respuesta, por lo que al importar dichas bases en un paquete como, por ejemplo, stata, lo que tenemos es “mucho”, “algo”, “poco” o “nada” en una pregunta sobre algún tema, en vez de observar números en una escala del 1 al 4.

El etiquetado de las categorías de respuesta facilita la lectura y evita complicaciones sobre los significados de los códigos empledos. Por ejemplo, si a veces no se halla el cuestionario, no es posible saber si 1 significaba “mucho” o “nada”.

El problema con esta forma de reporte, esto es, usando etiquetas en vez de números es que no permite realizar ningún tipo de cálculo, pues se trata de palabras. Para resolver este problema basta con generar una nueva variable que ya no se componga por palabras, sino que asigne un número a cada categoría de respuesta.

Para los usuarios de stata, ello se logra con el comando “encode var, gen(newvar)” y así se asignarán números a cada opción, de manera tal que cada quien puede asignarle el 1 al “mucho” y el 4 al “nada” o viceversa.

En esta misma revisión también se observa que los libros de excel que sí contienen números en las variables, en la siguiente hoja anexan el nombre de la variable y los códigos correspondientes. Este formato es fácilmente reconocible por quienes han usado el paquete spss, y por supuesto también resulta posible importar dichos datos al citado paquete.

En síntesis, el micrositio del INE ofrece, con todas las limitaciones y bondades comentadas (y otras que se añadan) una gran posibilidad para el análisis de lo que ocurre en las elecciones locales mexicanas de este 2016.


Financiamiento público a partidos políticos en México: 1991 a 2015

Hace casi 35 años, cuando el financiamiento público empezó a delinearse en la ley electoral que derivó de la reforma de 1977, México no tenía elecciones razonablemente competitivas a nivel nacional y no existían muchas de las reglas que hoy conocemos sobre la contienda electoral y las complejidades del financiamiento a los partidos políticos. Debe decirse que a los partidos políticos mexicanos se les otorga financiamiento público desde 1987. Hace 28 años el principal debate no era qué harían los partidos con los fondos recibidos, sino cómo defenderían su independencia política si el ancien regimen les entregaba recursos.

El debate entonces se centró en discutir si los partidos debían o no recibir dinero del erario y si es que debían, bajo qué condiciones. Sin embargo, dicho debate fue cancelado en la práctica cuando las reglas para otorgar los fondos resultaban relativamente ajenas a la manipulación gubernamental. Una vez que fue salvada la discrecionalidad, la discusión derivó hacia la búsqueda de mecanismos que aumentaran las condiciones de equidad en la competencia electoral, pero una vez alcanzadas las elecciones razonablemente competitivas, los partidos políticos ya no volvieron a discutir cómo reducir los fondos que recibían del erario.

Si se analiza el financiamiento público federal con una de las herramientas más utilizadas por los economistas cuando presentan comparaciones entre cantidades de dinero que pertenecen a diferentes años, encontramos los llamados pesos reales o constantes. Lo que se hace en palabras llanas es agregar el efecto de la inflación a las cantidades analizadas con el fin de saber si los pesos otorgados a los partidos en 1991 por ejemplo, siguen siendo suficientes para adquirir hoy, los mismos productos que se consumían en aquella fecha, es decir, los monto recibidos en 1991 están en pesos de diciembre de 2014, es decir, ya “casi” en pesos de 2015.

En la gráfica se muestra el total de financiamiento público otorgado a los partidos políticos en pesos nominales o corrientes, es decir, en los pesos que originalmente fueron entregados (los datos de 1991 a 1996 fueron obtenidos de los acuerdos y resoluciones respectivos, mientras que los datos correspondientes al periodo 1997-2014 están disponibles aquí http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Acuerdos_del_Consejo_sobre_financiamiento/) , y en pesos de diciembre de 2014, lo que se ha etiquetado, por sencillez, como pesos 2015. Lo que se observa en la gráfica tiene sus explicaciones históricas, destacando que desde la reforma electoral de 1996 se otorgó a los partidos un monto de recursos públicos nunca antes visto en la historia electoral mexicana. Y desde entonces los debates y críticas fueron constantes. Sin embargo, la reforma electoral de 2008 no parece haber acallado las críticas a este gasto como también se aprecia al final de la serie.

También destaca que el año siguiente al de una elección resulta con montos menores. Esto puede explicarse porque, por ejemplo, la ley entre 1996 y 2007 establecía que en año electoral los recursos “se duplicarían” porque los partidos requerían fondos para las campañas electorales. Debe decirse que desde la propia elección legislativa de 2009, en virtud de la reforma de 2008, los partidos ya no gastan un solo peso en difundir propaganda por radio y televisión, pues acceden a ello a través de los coloquialmente llamados “tiempos oficiales”, espacios gratuitos que por ley los concesionarios deben otorgar al Estado, y éste los opera a través del organismo electoral. De hecho, los fondos en año electoral ya no “se duplican”, sino sólo se les otorga la mitad de su financiamiento ordinario, como ocurrió en 2012, por ejemplo.

El financiamiento creciente puede ser explicado por dos causas. La primera es que la ley establecía que la inflación era uno de los factores que la autoridad electoral debía considerar para los cálculos de financiamiento, por lo tanto a los partidos nunca se los “comió” el alza de los precios. Y la segunda consideración es que los recortes presupuestales al financiamiento para partidos fueron francamente menores cuando éstos ocurrieron, como en 2003 y 2004 por ejemplo, situaciones que terminaron siendo resueltas por el Tribunal Electoral y que hasta tesis formaron (http://www.te.gob.mx/transparencia/informes/informe_03/05_tesis/tesis_relevantes/09.html), aunque hubo un caso, el de 1998, donde el recorte al IFE fue importante y para evitar afectaciones, los diputados etiquetaron las prerrogativas partidistas, porque lo que el recorte tuvo que ser enteramente asumido por el organismo electoral. Debe decirse que el etiquetar los fondos a los partidos nunca se ha vuelto a presentar. Incluso en 2005 el IFE otorgó a los partidos un factor para aumentar en proporciones francamente menores sus fondos públicos. El aumento pareció ser bien recibido porque parece que nadie impugnó.

Es importante mencionar que las fórmulas para calcular el financiamiento público a los partidos han cambiado, desde la vieja piedra angular del sistema de financiamiento electoral mexicano que era el llamado costo mínimo de campaña. Esta cifra representaba, en pesos, un monto con el cual se podía enfrentar el gasto de una campaña “decente”, fuera para diputado, senador o presidente. A partir de este costo, la ley ordenaba sumar, multiplicar, y dividir por diversas variables para obtener el monto de financiamiento público, con base en ciertos factores “fijos” como el número de partidos en las cámaras, los días de campaña y el total de escaños. Así se construían los montos finales a repartir.

En detalle, pero sin entrar a tanta precisión, en el cálculo del financiamiento para 1994, por ejemplo, se utilizaba como base el ya desaparecido concepto de costo mínimo de campaña. El costo mínimo de diputado se multiplicaba por los 300 diputados de mayoría relativa y el costo de senador por el número de senadores a elegir. Con estas dos cifras, se hacía una división entre los votos que se obtuvieron en cada tipo de elección. El resultado se denominaba valor unitario del voto. Este valor unitario al final se multiplicaba por los votos obtenidos por cada partido y lo resultante era el dinero que le tocaba a cada fuerza política.

Para 1996 la ley cambió, y de 1996 hasta 2007 para obtener el monto de financiamiento se sumaban las cifras que derivaban de multiplicar los costos mínimos de campaña de diputado y senador por el total de diputados y senadores, y después por el número de partidos que tenían legisladores. Y además se incorporaba el costo mínimo de campaña para presidente, que se obtenía a partir del costo mínimo de campaña para diputado multiplicado por 300 distritos, y dividido entre los día que duraba la campaña para diputado, para finalmente multiplicarse por la duración de la campaña para presidente. Para 1996 desapareció de los cálculos el valor unitario del voto, incorporándose en su lugar el número de partidos como multiplicador y la obtención del costo mínimo para presidente.

Sin embargo, desde 2008 la fórmula cambió para dar paso a la multiplicación del salario mínimo por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, todo ello explicado en términos muy generales. En detalle, lo que se multiplica es el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio del año previo, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. Ese monto más un 3 por ciento de ese mismo total es lo que se entrega a los partidos políticos. Ese tres por ciento se otorga para que los partidos políticos realicen tareas editoriales, capaciten a sus militantes y realicen investigación. Estos rubros componen las llamadas “actividades específicas”, actividades que antes se pagaban como reembolso sólo si los partidos acreditaban haber realizado dichas tareas de forma legal.

Otra novedad derivada de la reforma de 2008 es que partidos políticos deberían destinar un dos por ciento de sus fondos para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Actualmente es un 3 por ciento según la reforma electoral de 2014. Por último, las franquicias postales y telegráficas ya se cuantifican, lo que anteriormente no ocurría. Esto generaba interminables discusiones sobre cómo afrontar el viejo fondo presupuestal destinado para ello, el cual se terminó antes de… 1995. El dinero para franquicias no se entrega a los partidos, en realidad representa el límite que pueden gastar por dicho concepto, límite que no existía en el pasado, cuando de 142 millones gastados en 1997 por ejemplo, el Partido Verde gastó 92 millones, ejerciendo un recurso al que tenía derecho, pero que representaba casi el 65 por ciento del gasto de todas las franquicias de ese año (ver la intervención de José Woldenberg en octubre de 1997 a este respecto aquí http://ife.org.mx/documentos/CONS-GEN/actas/091097b.htm)

El punto relevante en esta breve revisión sobre el financiamiento a los partidos en los últimos 25 años es que desde las elecciones de 2009 los partidos políticos ya no gastan un solo peso en difundir propaganda por radio y televisión. Desde 1997 sabemos que el gasto en medios representaba alrededor del 60 por ciento de todos los gastos partidistas (el famoso estudio del costo mínimo de campaña post-1997 donde me tocó participar está citado aquí http://ife.org.mx/documentos/CONS-GEN/actas/091097b.htm y por ello, creo, los diputados muy molestos con el IFE, etiquetaron las prerrogativas partidistas en 1998). Lo que uno debía esperar, como lo prometieron las élites partidistas en 2008, es que el financiamiento público decrezca significativamente porque ya no se gasta en la transmisión de los promocionales, sólo en su diseño y producción, y que de por sí ya gastaban en ello antes de las reformas.

Sin embargo, la evidencia sugiere que los fondos para los partidos apenas se redujeron 200 millones de pesos en términos reales entre las campañas presidenciales de 2006 y 2012, cuando en 2012 sabemos que la transmisión de promocionales en radio y televisión fue gratuita. En otras palabras, los partidos no sólo se ahorraron más de la mitad de lo que usualmente ya gastaban, sino que sus fondos ni siquiera se vieron mermados, digamos, a la mitad por citar una de las promesas de la reforma de 2008. Por ello se dice que la reforma electoral de 2008 en materia de financiamiento no parece haber influido significativamente, porque ni siquiera detuvo el financiamiento creciente, ya que otorgó fondos muy similares en términos reales y redujo a cero el gasto en medios.

Finalmente, sabemos que para justificar el financiamiento público a los partidos políticos, frecuentemente son usados argumentos del tipo “más dinero público reduce la posibilidad de usar fondos ilícitos”, pero ello implica olvidar que las mayores sanciones monetarias en la historia electoral de este país se han presentado precisamente durante este esquema de financiamiento creciente por fondo privados ilícitos (165 millones de dólares en multas por Pemexgate y Amigos de Fox), por lo que sería muy positivo que las reglas sobre fondos públicos destinados a los partidos políticos sí fueran analizadas en futuras reformas electorales considerando este tipo de factores, aunque como ya sabemos, la reforma electoral de 2014 ni siquiera mencionó el tema.

finan2015


Sitio oficial sobre encuestas electorales del INE

Por algún tiempo el Instituto Nacional Electoral (antes conocido como IFE) estuvo preparando un micrositio donde se pudiera encontrar “información general y resultados de encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos que se hayan publicado con el fin de dar a conocer preferencias electorales”.

El resultado está ya aquí. La compilación del micrositio incluye la información sobre encuestas relacionadas con las elecciones federales de 2006, 2009 y 2012, así como a las 17 entidades federativas con elecciones locales a celebrarse durante 2015.

En este “post” únicamente se describe el contenido del sitio y se agregan los vínculos respectivos para que quienes se encuentren interesados puedan acceder a las páginas introductorias y a los datos respectivos. Se espera que resulte de utilidad.

— Introducción y página principal http://www.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/PEF/2014-2015/Preparacion/Encuestas/index.html

— Normatividad http://www.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/PEF/2014-2015/Preparacion/Encuestas/encuestas.html

— Procesos federales 2006, 2009 y 2012 http://www.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/PEF/2014-2015/Preparacion/Encuestas/memoriaHistorica.html

— Procesos locales 2015 http://www.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/PEF/2014-2015/Preparacion/Encuestas/electorales_locales.html

— Memoria histórica http://www.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/PEF/2014-2015/pdf/Memoria_Historica_25_Noviembre.pdf


De aspirantes a consejeros electorales, género y desarrollo humano

Durante estas semanas el Instituto Nacional Electoral ha estado llevando a cabo el proceso de selección de candidatos a consejeros electorales de 18 entidades federativas en México, consejeros que estarán a cargo de los procesos electorales locales para 2015.

 

La primera etapa consistió en un examen de conocimientos generales y técnicos en la materia electoral. A la siguiente fase avanzaron los 50 mejores resultados, es decir los 25 mejores en hombres y los 25 mejores en mujeres (los detalles del proceso aquí http://www.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/resultados/). Posteriormente siguió un ensayo (http://www.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/resultadosEnsayo/), una evaluación curricular y en estos días se llevarán a cabo las entrevistas correspondientes (http://www.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/).

 

Concentrándonos en la primera etapa, y obteniendo el promedio por estados según género, destaca que el promedio nacional fue de 80.6 en una escala de 0 a 100 puntos, que los hombres obtuvieron a nivel nacional 85.8, mientras que las mujeres obtuvieron 75.3, una diferencia de alrededor de 10 puntos.

 

Como bien se sabe, existe una brecha de género en diversos ámbitos, salarial, puestos de mando medio y superior o el doble turno (mujeres que trabajan de manera remunerada y en su hogar sin ayuda de la familia). De ahí que, infortunadamente, la materia electoral no sea la excepción.

 

Al comparar el promedio estatal de las calificaciones de los y las aspirantes contra el índice de desarrollo humano se observa que en efecto, los hombres parecen resultar menos afectados por el nivel de desarrollo que las mujeres.

 

El índice de desarrollo humano es una medición que va de cero a uno y que incluye tres aspectos centrales: educación, ingreso y salud. Su elaboración oficial corre a cargo del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) aunque existen muchos otros cálculos igualmente útiles. Para su estimación se emplean tasas de alfabetización, dólares anuales percibidos por habitante y tasas de mortalidad infantil –alguno prefieren emplear años de esperanza de vida (http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home.html).

 

oples

 

La gráfica sugiere que como se mencionó líneas arriba, los hombres que aspiran a ser consejeros electorales parecen resultar menos afectados por el nivel de desarrollo, esto es, un incremento en desarrollo no impacta de manera tan notoria en sus resultados de examen (correlación positiva de 0.15), mientras que las mujeres, ante un incremento importante en el desarrollo humano estatal, esta mejora sí parece estar mucho más asociada a su desempeño en el examen (correlación positiva de 0.22).

 

La correlación es un indicador de asociación que va de menos uno a uno. Valores cercanos a cero sugieren ausencia de asociación, valores cercanos a menos uno indican que mientras una variable aumenta la otra disminuye y finalmente, valores cercanos a uno sugieren que las dos variables se mueven juntas, es decir, si una aumenta la otra también lo hace o viceversa. En el caso del promedio estatal de resultados del examen de hombres y el índice de desarrollo humano de la entidad federativa correspondiente, la correlación es positiva con un valor de 0.15, sugiriendo cierta asociación. Pero en el caso de las mujeres esta asociación resulta incrementarse y alcanza el 0.22.

 

Ninguno de los dos valores, 0.15 y 0.22 es cercano a uno, pero al menos nos ofrecen una idea más o menos clara de lo que pudiera estar sucediendo, es decir, que la brecha de género puede empezarse a cerrar cuando existen mejores condiciones de vida, es decir, cuando hay un mayor desarrollo humano.

 

Debe notarse que estos resultados son el promedio de cada entidad federativa según hombres y mujeres y que en efecto, en lo individual existen casos de mujeres con notas más altas que hombres. También debe decirse que el universo analizado sólo incluye personas que aspiran a ser consejeros electorales, es decir, no se trata de todos los ciudadanos, sino de un grupo selecto que podríamos calificar de élite.

 

Esto sugiere que la brecha de género, al presentarse en las élites, es mucho más probable que se observe entre todos los ciudadanos. Aunque esta evidencia es preliminar y requiere de muchos más factores, la asociación entre resultados de exámenes y desarrollo humano parece sugerirnos algo más respecto a las exigencias que como sociedad debiéramos ponernos: un mayor desarrollo pareciera ir acortando las disparidades de género. Quizá habría que insistir un poco más en ello.

 


Hacia la asignación de diputados plurinominales en 2015: el caso Nayarit de 2014

En este “post” se repasará lo decidido este sábado 16 de agosto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a asignación de diputados por el principio de representación proporcional en el estado de Nayarit.

El Tribunal decidió que se debe utilizar el criterio establecido en el artículo 116, fracción II de la Constitución que establece un límite de 8 puntos en sub / sobrerepresentación para los partidos políticos, respecto de su porcentaje de votación y el porcentaje de curules.

Esto significa para la sobrerepresentación, que si un partido obtiene 30% de los votos, no puede obtener 38.1% de las curules, sólo hasta 38%. Para la subrepresentación, si un partido obtiene 30% de los votos, lo menos que debiera obtener es el 22% de curules pero nunca el 21.9%.

Para que la representación siga estos dos límites, uno superior y otro inferior, algo así como un “+ – 8%”, las autoridades electorales deben ajustar la distribución de diputados plurinominales, dado que los triunfos de mayoría (esto es, los obtenidos en cada distrito) no son susceptibles de modificarse una vez validados por los tribunales.

La Sala Superior del Tribunal Electoral decidió que los criterios de sub / sobrerepresentación publicados el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial, dentro de la reforma constitucional en materia electoral, deben emplearse desde ya. Como se sabe, el proceso electoral en Nayarit empezó antes de febrero de 2014, por lo que quedaba la duda si se podía utilizar una regla nueva para un proceso electoral en marcha.

El Tribunal Electoral resolvió que si la regla nueva proviene de una reforma constitucional donde no se alteran los procedimientos para votar, sino únicamente se dan criterios generales para que al final de todo el proceso se traduzcan de la mejor manera los votos en curules, esto es, que tanto votos como curules no se alejen en más de ocho puntos, entonces, en este paso final, consideró el Tribunal, sí se debe permitir utilizar una regla nueva para cerrar un proceso electoral que arrancó previamente.

En un “post” previo se hizo referencia al marco teórico e histórico de la representación proporcional en México (https://alejandrodiazd.wordpress.com/2014/08/01/sobre-la-distribucion-de-escanos-plurinominales-en-mexico/).

Ahora se reproduce (o como decimos en Ciencia Política “se replica”) el cálculo del Tribunal. Entonces, ¿cómo se efectúa el cálculo para asignar diputados bajo las reglas nuevas? Dice el Tribunal en la sentencia SUP-REC-892/2014 emitida el sábado 16 de agosto de 2014 (http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0892-2014.pdf): “de los datos extraídos del cómputo y la asignación de diputados de representación proporcional realizados por el Consejo Local se advierte la sobre-representación de la coalición Por el Bien de Nayarit [conformada por PRI-PVEM-NA], que excede el límite de sobre representación previsto en la fracción II, párrafo tercero, del artículo 116 de la Constitución”. Aquí el Tribunal coloca un cuadro similar a éste:

tab1

 

El Tribunal señala que como existe sobrerepresentación mayor a los ocho puntos, entonces, procede a recomponer el cálculo. “Al ajustar la asignación aplicando las reglas de la normativa local para dicha asignación, se obtiene:”

“i. Asignación a los partidos que obtengan cuando menos el 1.5% de la votación total estatal”

“El artículo 26 de la Constitución del Estado de Nayarit señala que el Congreso del Estado se integrará por dieciocho diputados electos por mayoría relativa y hasta doce diputados electos por representación proporcional.” Y es aquí donde a todos los partidos que rebasan el 1.5% de la votación, por ese mero hecho, les toca un diputado. Debe notarse, por ejemplo, que el único partido que no alcanza ese umbral o porcentaje mínimo es el PRS, que apenas obtuvo 1.16% de todos los votos.

“ii. Votación estatal obtenida por los partidos políticos o coaliciones”

“Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I, del citado código comicial, se sumará la votación obtenida por los partidos políticos que continúan concurriendo a la asignación […] donde se excluye a la coalición Por el Bien de Nayarit, ya que dicha coalición obtuvo catorce diputaciones por el principio de mayoría relativa, y una por el principio de representación proporcional, lo cual implica que cuenta con un total de quince diputados, con lo que alcanza el límite de sobre-representación permitido por la Constitución federal, ya que de asignarle una diputación más estaría sobrepasando el límite de ocho por ciento de sobre-representación permitido…” Es aquí donde el Tribunal revisa si ese diputado extra que se le otorga al PRI-PVEM-NA por el mero hecho de obtener 1.5% de los votos le hace rebasar o no el límite de ocho puntos de sobrepresentación. Lo que se encuentra es que un diputado plurinominal extra no rebasa dicho límite, pues se queda en 6.51%, pero si se le asignaran dos sí excedería los ocho puntos, pues llegaría al 9.84%, como se muestra en un cuadro similar a éste:

tab2

 

“iii. Cociente de asignación”
“De acuerdo con lo previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley Electoral de Nayarit, el resto de los diputados a distribuir, se hará conforme al cociente de asignación, el cual se obtiene de dividir la votación para asignación entre el número de curules pendientes por asignar; en este caso, siete. El cociente de asignación es 34022”.

“De acuerdo a lo previsto en la fracción III, del citado precepto legal, se dividirá el total de la votación obtenida por cada partido político entre el cociente de asignación a efecto de determinar el número de veces que contiene su votación estatal obtenida en dicho cociente […] se asignará un diputado a cada uno de los partidos políticos o coaliciones considerando el número de veces que contenga su votación estatal en el referido cociente”.

“El número restante de diputados, esto es dos, se distribuirán conforme al resto mayor, esto es, el remanente de votos más alto obtenido por cada partido político después de aplicar el cociente de asignación. De esta forma, al ser los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano quienes tienen el resto mayor más alto respectivamente, las diputaciones pendientes de asignar les corresponden a ellos”. Y todas estas operaciones se sintetizan en esta tabla, la cual “resume” los múltiples cuadros presentados por el Tribunal. Nótese que siguiendo la vieja escuela, en mis cuadro aún utilizo enteros, cuando la sentencia del Tribunal, más moderna, ya emplea decimales para asignar restos mayores.

tab3

 

Una vez que se han efectuado todos los cálculos, ésta sería la asignación final, donde PRI-PVEM-NA ya no exceden los ocho puntos y nadie está por debajo de esos ocho puntos. Esta nueva distribución ya se ajuste a los límites establecidos en el artículo 116, fracción II de la Constitución, el ya referido “+- 8%”.

tab4

Quedará para un futuro “post” analizar cómo efectuar el cálculo para el ámbito federal. Como se puede apreciar, ya se van dando pasos en esa dirección. Por ahora queda repasar esta sentencia y pensar en los escenarios por venir.


El IFE y la opinión pública: el desencuentro final

Cada vez que se acercaba la elección, el Instituto Federal Electoral (IFE) resultaba más confiable para los ciudadanos, pero después dicha confianza disminuía, quizá sujeta a ciertos factores como su propio desempeño o las críticas de los partidos políticos y el tribunal electoral. En este breve texto se muestra el desencuentro final entre el IFE y la opinión pública a través de más de 170 encuestas nacionales.

Aunque conocer las razones por las cuales el IFE terminó su etapa y porqué se crea el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) resulta casi imposible, más allá de la mera centralización de varias funciones electorales, como la revisión de los gastos partidistas, el potencial pago a proveedores con dinero de los partidos pero a cargo del futuro INE, la designación de consejeros electorales en los estados por parte de los nuevos consejeros del INE, y la probable organización de las elecciones locales por el INE a petición de actores políticos locales, un ejercicio para empezar a entender algunas de estas razones fue ofrecido en un post previo (¿Por qué desaparece el IFE para dar paso al INE? http://wp.me/p4ef8p-y).

En materia de opinión pública, el análisis de 172 encuestas nacionales en aproximadamente 15 años, de junio de 1999 a febrero de 2014, refleja que en efecto los ciudadanos mexicanos confían menos en el IFE. Vale recordar que en la destrucción de la confianza está el inicio de una profecía que se cumple a sí misma, y que tanto gobernantes, como partidos, y órganos electorales administrativos y jurisdiccionales tienen que ver en esta caída de la confianza.

Aunque la tendencia negativa mostrada en las encuestas analizadas no puede ser explicada por un solo factor y que sólo mostrar la tendencia de los datos no nos dice nada acerca de las causas, sí permite empezar a explorar algunas razones sobre la desaparición de una institución de clase mundial y ampliamente reconocida, ahora substituida por una figura nueva cuya regulación específica aún no se conoce y cuyos cambios no se reducen a una F (Federal) por una N (Nacional). La regulación existente hasta ahora es la reforma constitucional que adelanta algunas diferencias entre el viejo y el nuevo órgano electoral (http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014).

Al analizar las 172 encuestas nacionales que encontré en fuentes públicas (todo proviene de los sitios de internet de las encuestadoras) se observa una gran heterogeneidad, quizá debido a varios factores:

1.- No distinguí opinión de confianza. Desde luego que el fraseo o question wording puede llevar a una respuesta diferente, así como la calificación de 1 a 10, la cual sí excluí. Sin embargo, debe decirse que la tendencia negativa parece mantenerse incluso separando opinión de confianza, como se aprecia en esta serie de 2005 a 2013 del periódico Reforma (http://gruporeforma-blogs.com/encuestas/wp-content/uploads/2013/08/ref_politica2.png).

2.- No distinguí por el llamado house effect, que se calcula asumiendo que todas las encuestas juntas están en lo correcto y su promedio es el dato real. Con esa base se obtienen los puntos que cada casa encuestadora sobre o subestima a un determinado candidato o partido. (Un ejemplo elaborado por Simon Jackman utilizando el caso de los EUA en 2012 aquí  http://www.huffingtonpost.com/simon-jackman/house-effects-by-back-by-_b_2007907.html).

3.- No tengo los datos de todas las encuestadoras del país, sino sólo de las siguientes

summary(Pollster)

BGC   Consulta Demotecnia      ENCUP      ENVUD      LAPOP Parametria    Reforma

19              39                  3               2                1               3              56              49

4.- Las encuestas utilizadas no se distribuyen de manera uniforme en cada año estudiado, pues unos años tienen más datos que otros.

table(year)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2         3         3         9       18          8         8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

15     10      13       13        21       10       22        14         3

5.- Por último, la frecuencia de los levantamientos no es igual en cada mes, identificados por números del 1 al 12:

table(month)

1    10    11    12      2      3      4      5      6      7      8     9

10    11    16    10    19    15    13    18    16    12    21    11

Teniendo en cuenta todas estas limitantes, los datos sobre confianza/opinión de los ciudadanos respecto al IFE se muestran en la gráfica 1, donde se destacan con líneas verticales los meses cuando se celebraron elecciones federales en 2000, 2003, 2006, 2009 y 2012. Se aprecia que en efecto, los mayores encuentros entre la opinión pública y el IFE se observan antes de la jornada electoral, mientras que los desencuentros ocurren después.

Gráfica 1

Image

Desde luego que la gráfica 1 muestra gran heterogeneidad, pero sí permite observar que es hasta fechas recientes, post2012 esencialmente, cuando apenas la mitad o menos de la mitad de la opinión pública confía mucho/algo en el IFE, según lo han reportado las diversas casas encuestadoras.

La gráfica 1 se construyó en R usando los comandos siguientes:

plot(trustIFE, type=”o”, col=”red”, ylim=c(0,100), axes=FALSE, ann=FALSE)

g_range <- range(0, trustIFE)

axis(1, at=1:172, cex.axis=0.5, las=1, col=c(“black”), bty=”n”, lab=obs)

axis(2, las=1, at=10*0:g_range[2])

box()

lines(trustIFE, type=”o”, pch=22, col=”red”)

title(xlab=”Dashed lines are election years. Data: 172 national surveys”, cex.lab=0.8)

title(ylab=”Trust IFE(%)”)

title(main=”Trust in the IFE 1999-2014″)

abline(v=c(3),lty=2,col=”black”)

abline(v=c(27),lty=2,col=”blue”)

abline(v=c(59),lty=2,col=”green”)

abline(v=c(96),lty=2,col=”purple”)

abline(v=c(150),lty=2,col=”brown”)

abline(h=c(50),lty=2,col=”gray”)

abline(h=c(75),lty=2,col=”gray”)

Con objeto de analizar si esta intuición se verifica, es decir, si se observa una tendencia negativa sobre la confianza en el IFE a través de los años, la gráfica 2 muestra dicha tendencia y su intervalo.

Gráfica 2

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La gráfica 2 se construyó en R usando los comandos siguientes:

library(XML)

library(reshape)

library(ggplot2); theme_set(theme_bw())

ggplot(ife,aes(obs,trustIFE))+geom_point(alpha=.5)

+geom_smooth(aes(group=1))

+geom_hline(aes(yintercept=50),lty=2,size=1, col=”gray”)

+labs(title=”Trust in the IFE 1999-2014″,x=”Data: 172 national surveys”, y=”Trust IFE (%)”)

A pesar de la heterogeneidad de las encuestas, de la disparidad en levantamientos con distintos periodos, de los sesgos metodológicos de cada casa encuestadora, parece que la tendencia negativa se observa en los datos analizados. Esto no quiere decir que el IFE desapareció porque los ciudadanos ya no confiaban en él. No. Lo que los datos sugieren es que la confianza que a ratos decaía se podía recuperar en la elección siguiente, a veces en menor proporción, pero algo se recuperaba. Sin embargo, después de 2012 ese patrón parece haberse diluido. El INE no empezará donde empezó el IFE de 1997 o de 2000. No. Empezará con apenas la mitad de los encuestados confiando en el órgano electoral.

Como cualquier explicación, este breve texto dista de considerarse completo, por las implicaciones y complicaciones que surgen al discutir los niveles de confianza en el IFE entre los ciudadanos. El único propósito era conocer dónde queda el IFE y de dónde parte el INE en la opinión pública mexicana. El esfuerzo de análisis entonces, parece que apenas comienza.


La fiscalización a los partidos mexicanos: ¿qué hacía el IFE?

La nueva reforma electoral de 2013 establece que toda la fiscalización a los partidos en elecciones municipales, estatales y federales la realizará el nuevo INE. ¿Pero no hubiera convenido analizar antes qué hacía el IFE? En este breve texto se ofrecerá al lector una aproximación sobre el alcance de las auditorías realizadas a los partidos, y la suerte final de las multas impuestas según fue resolviendo el Tribunal electoral durante todos estos años.

 

El financiamiento a partidos políticos en México es mixto, aunque fondos públicos deben prevalecer por disposición constitucional sobre fondos privados. La principal tarea de los fiscalizadores es revisar que se cumpla con todas las normas relacionadas con el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, al menos sobre el dinero reportado (Arocha y Lujambio 2004).

 

Lo que sucede es que las normas electorales no bastan, están también la Constitución Política y la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal Federal, el Código de Procedimientos Penales, el Código de Procedimientos Civiles y la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, entre otras leyes fiscales y financieras. A ello debe agregarse que desde 1993 el IFE ha tenido nueve reglamentos o lineamientos para revisar cuentas de los partidos.

 

Hasta antes de la última reforma aprobada en 2013, la reforma electoral de 2008 otorgaba las funciones técnicas a la Unidad de Fiscalización, y desde 1996 y hasta antes de 2008 existía un área donde se concentraban los contadores encargados de las revisiones. Las auditorías duraban entre ocho o diez meses, y con esa base el IFE decidía en su caso, imponer multas y sanciones (Agiss 2008; Cristalinas 2012).

 

Como se muestra en la gráfica 1, los montos auditados en relación con los gastados por los partidos políticos representan proporciones superiores al alcance de cualquier auditoría “normal” (excepto 1994), donde entre 20 y 30 por ciento se considera como un rango razonable de revisión. Esta información estaba fragmentada en diversos cuadros hasta 2003: http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/UF/UF-CuadrosCompIngresEgresReportAuditados/IA-ConcentradoCuadrosComparativos/IA-CuadrosComparativos-docs/ia_1994_2003.pdf  y de 2004 a 2011 fue obtenida de las conclusiones de los dictámenes consolidados, revisando partido por partido. En los apartados de información socialmente útil para 2011, el IFE no incluyó el porcentaje de revisión como información relevante: http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/UF/UF-PP/IA-Fiscalizacion/IA-DictamenesCG/DictamenesCG-Docs/2011/1_1_Apendice_1_a_5.pdf.

 

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Un fenómeno similar se observa en los gastos de campaña, como se aprecia en la gráfica 2, donde los montos auditados por el IFE en relación con los gastados por los partidos representan proporciones superiores al alcance de cualquier auditoría (incluso los relativos a la campaña de 1994), donde como ya se explicó, entre 20 y 30 por ciento se considera como un rango razonable de revisión. Esta información también está fragmentada en diversos cuadros hasta 2006: http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/UF/UF-CuadrosCompIngresEgresReportAuditados/IC-IngresosEgresosReportados/IC-IngresosReportados-docs/IC-IngresosEgresos-2006.pdf  y de 2009 fue obtenida de las conclusiones de los dictámenes consolidados, revisando partido por partido http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Detalle_Informes_de_Campana/?vgnextoid=2102d2cad5f3b210VgnVCM1000000c68000aRCRD  Aunque claro, habrá que agregar 2012 para establecer una comparación más completa una vez que se tenga oportunidad de sistematizar la nueva información.

 

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Debe precisarse que estos datos no incluyen revisión de dinero de origen ilegal, como los casos Pemexgate y amigos de Fox (Cárdenas 2004; Córdova y Murayama 2006).

 

Ahora, si se considera el cien por ciento de multas y sanciones analizadas en el periodo 1996 – 2009 que fueron impuestas por el IFE, resulta que el 33 por ciento de dichas multas no fueron impugnadas, que el 48 por ciento fueron confirmadas por el TEPJF (el Tribunal electoral) y el 19 por ciento fueron revocadas. La gráfica 3 muestra este mismo análisis pero para cada año en el que los recursos fueron ejercidos, siguiendo la lógica de Lujambio (2004).

 

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En síntesis, las auditorías del ahora extinto IFE tenían un alcance importante, pues el instituto revisaba un porcentaje considerable de los gastos reportados por los partidos políticos, fuera en su ejercicio anual o fuera en las campañas, e incluso revisaba las llamadas transferencias en los estados. También parece que el IFE les multaba más, aunque el TEPJF tendía a revocar el 20 por ciento de esas multas. Pero como el IFE no necesariamente era el más popular entre la élite, pues ya hasta desapareció (ver porqué en esta entrada del blog https://alejandrodiazd.wordpress.com/2014/01/12/por-que-desaparece-el-ife-para-dar-paso-al-ine/).

 

Ahora el INE fiscalizará todo, aunque ya parecen existir algunas propuestas para que sean los estados quienes revisen a los partidos en elecciones locales en años donde no haya elección federal, aunque nada se discute sobre auditorías, multas y revocaciones (como lo propone Rafael Morales http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/01/31/opinion-como-funcionara-el-ine-de-la-reforma-electoral). Aunque debe decirse que en efecto, en términos de funcionamiento del INE, este tipo de dilemas sobre quién hace qué (si el INE o los estados) será materia de largo debate, ya no entre legisladores, sino entre los nuevos funcionarios electorales y los partidos y seguramente, todas estas disputas prácticas terminarán en el tribunal electoral…

 

Finalmente, una pregunta importante es si los incentivos de la nueva reforma electoral se están alineando de tal modo que el alcance de las auditorías sea a la baja, que las multas sean reducidas, y con todo, fácilmente revocadas. Ya veremos que nuevas nos trae la reforma secundaria que viene.

 

 

Referencias:

 Agíss, Fernando. 2008. Fiscalización de los recursos de los partidos políticos: una reflexión sobre la aplicación efectiva de las normas de fiscalización. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Arocha, Nelly y Alonso Lujambio. 2004. “The Rule of Law and Electoral Politics in Mexico”. en Magaloni, Beatriz and Alberto Diaz-Cayeros. Democratic Accountability and the Rule of Law in Mexico. The Democracy, Development and Rule of Law Center: Stanford University.

Cárdenas, Jaime. 2004. Lecciones de los Asuntos Pemexgate y Amigos de Fox. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Córdova, Lorenzo y Ciro Murayama. 2006. Elecciones, dinero y corrupción: Pemexgate y Amigos de Fox. México: Cal y Arena.

Cristalinas, Alfredo. 2012. “Fiscalización del IFE a partidos políticos nacionales”. Revista Mexicana de Derecho Electoral 1(1): 287-305.

Lujambio, Alonso. 2004. “La Fiscalización de los Gastos de los Partidos Políticos en América Latina. Una propuesta para el análisis”. en Lujambio, Alonso, Nohlen, Dieter et al. Segundo Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. México: Fondo de Cultura Económica.


Financiamiento público a partidos en México: ¿un barril sin fondo?

El pasado 14 de enero el Instituto Federal Electoral aprobó los montos de financiamiento público a los partidos políticos para 2014. Este es el tema que ocupa el comentario de hoy, ¿el financiamiento público a los partidos políticos en México es un barril sin fondo? Se analiza brevemente el paso de las reformas electorales en este tema y se muestran los datos del financiamiento público total a los partidos políticos en México desde 1991 hasta 2014.

 

Hace casi 35 años México no tenía elecciones razonablemente competitivas a nivel nacional y no existían muchas de las reglas que hoy conocemos sobre la contienda electoral y las complejidades del financiamiento a los partidos políticos. Debe decirse que a los partidos políticos mexicanos se les otorga financiamiento público desde 1987, pero el financiamiento público estaba previsto en la ley electoral desde la reforma electoral de 1977. Hace 27 años el principal debate no era qué harían los partidos con los fondos recibidos, sino cómo defenderían su independencia política si el ancien regimen les entregaba recursos. El debate entonces se centró en discutir si los partidos debían o no recibir dinero del erario y bajo qué condiciones. Sin embargo, dicho debate fue cancelado en la práctica cuando las reglas para otorgarlos resultaban relativamente ajenas a la manipulación gubernamental. Una vez que fue salvada la discrecionalidad, la discusión derivó hacia la búsqueda de mecanismos que aumentaran las condiciones de equidad en la competencia electoral, pero una vez alcanzadas las elecciones razonablemente competitivas, los partidos políticos nunca volvieron a discutir cómo reducir los fondos que recibían del erario.

 

Si se analiza el financiamiento público federal con una de las herramientas más utilizadas por los economistas cuando presentan comparaciones entre cantidades de dinero que pertenecen a diferentes años, encontramos los llamados pesos reales o constantes. Lo que se hace en palabras llanas es agregar el efecto de la inflación a las cantidades analizadas con el fin de saber si los pesos otorgados a los partidos en 1991 por ejemplo, siguen siendo suficientes para adquirir hoy, los mismos productos que se consumían en aquella fecha, es decir, los monto recibidos en 1991 están en pesos de diciembre de 2013, ya “casi” 2014.

 

En la gráfica 1 se muestra el total de financiamiento público otorgado a los partidos políticos en pesos nominales o corrientes, es decir, en los pesos que originalmente fueron entregados (los datos de 1991 a 1996 fueron obtenidos de los acuerdos y resoluciones respectivos, mientras que los datos correspondientes al periodo 1997-2013 están disponibles aquí http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Acuerdos_del_Consejo_sobre_financiamiento/) , y en pesos de diciembre de 2013, lo que se etiquetado, por sencillez como pesos 2014. Lo que se observa en la gráfica tiene sus explicaciones históricas, destacando que desde la reforma electoral de 1996 se otorgó a los partidos un monto de recursos públicos nunca antes visto en la historia electoral mexicana. Y desde entonces los debates y críticas fueron constantes. Sin embargo, la reforma electoral de 2008 no parece haber acallado las críticas a este gasto como también se aprecia al final de la serie.

 

También destaca que el año siguiente al de una elección resulta con montos menores. Esto puede explicarse porque, por ejemplo, la ley entre 1996 y 2007 establecía que sólo en año electoral los recursos “se duplicarían” pues los partidos debían erogar en las campañas electorales. Debe decirse que ya desde la propia elección legislativa de 2009, en virtud de la reforma de 2008, los partidos ya no gastan un solo peso en difundir propaganda por radio y televisión, pues acceden a ello a través de los coloquialmente llamados “tiempos oficiales”, espacios gratuitos que por ley los permisionarios y concesionarios deben otorgar al Estado, y éste los opera a través del organismo electoral. De hecho, los fondos en año electoral ya no “se duplican”, sino sólo se les otorga la mitad de su financiamiento ordinario, como ocurrió en 2012, por ejemplo.

 

El financiamiento creciente puede ser explicado por dos causas. La primera es que la ley establecía que la inflación era uno de los factores que la autoridad electoral debía considerar para los cálculos de financiamiento, por lo tanto a los partidos nunca se los “comió” el alza de los precios. Y la segunda consideración es que los recortes presupuestales al financiamiento para partidos fueron francamente menores cuando éstos ocurrieron, como en 2003 y 2004 por ejemplo, situaciones que terminaron siendo resueltas por el Tribunal Electoral y hasta tesis formaron (http://www.te.gob.mx/transparencia/informes/informe_03/05_tesis/tesis_relevantes/09.html), aunque hubo un caso, 1998, donde el recorte al IFE fue importante y para evitar afectaciones, los diputados etiquetaron las prerrogativas partidistas, porque lo que el recorte tuvo que ser enteramente asumido por el organismo electoral. Debe decirse que el etiquetar los fondos a los partidos nunca se ha vuelto a presentar. Incluso en 2005 el IFE otorgó a los partidos un factor para aumentar en proporciones francamente menores sus fondos públicos, pero el aumento pareció ser bien recibido porque parece que nadie impugnó. Desde luego la historia de los fondos destinados al IFE también merece su propio espacio por sus incrementos y la controversia que se ha generado en los últimos años, pero sigamos con el financiamiento público a los partidos.

 

Es importante mencionar que las fórmulas para calcular el financiamiento público a los partidos han cambiado, desde la vieja piedra angular del sistema de financiamiento electoral mexicano que era el llamado costo mínimo de campaña. Esta cifra representaba, en pesos, un monto con el cual se podía enfrentar el gasto de una campaña “decente”, fuera para diputado, senador o presidente. A partir de este costo, la ley ordenaba sumar, multiplicar, y dividir por diversas variables para obtener el monto de financiamiento público, con base en ciertos factores “fijos” como el número de partidos en las cámaras, los días de campaña y el total de escaños. Así se construían los montos finales a repartir.

 

En detalle, pero sin entrar a tanta precisión, en el cálculo del financiamiento para 1994, por ejemplo, se utilizaba como base el ya desaparecido concepto de costo mínimo de campaña. El costo mínimo de diputado se multiplicaba por los 300 diputados de mayoría relativa y el costo de senador por el número de senadores a elegir. Con estas dos cifras, se hacía una división entre los votos que se obtuvieron en cada tipo de elección. El resultado se denominaba valor unitario del voto. Este valor unitario al final se multiplicaba por los votos obtenidos por cada partido y lo resultante era el dinero que le tocaba a cada fuerza política.

 

Para 1996 la ley cambió, y de 1996 hasta 2007 para obtener el monto de financiamiento se sumaban las cifras que derivaban de multiplicar los costos mínimos de campaña de diputado y senador por el total de diputados y senadores, y después por el número de partidos que tenían legisladores. Y además se incorporaba el costo mínimo de campaña para presidente, que se obtenía a partir del costo mínimo de campaña para diputado multiplicado por 300 distritos, y dividido entre los día que duraba la campaña para diputado, para finalmente multiplicarse por la duración de la campaña para presidente. Para 1996 desapareció de los cálculos el valor unitario del voto, incorporándose en su lugar el número de partidos como multiplicador y la obtención del costo mínimo para presidente.

 

Sin embargo, desde 2008 la fórmula cambió para dar paso a la multiplicación del salario mínimo por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, todo ello explicado en términos muy generales.  En detalle, lo que se multiplica es el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio del año previo, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. Es decir, se utiliza el corte del padrón de julio de 2013 para estimar el financiamiento de 2014, lo que significa que los 85 millones de empadronados en cifras redondeadas, se multiplican por aproximadamente 44 pesos. Ese total más un 3 por ciento de ese mismo total, es lo que se entrega a los partidos políticos. Ese tres por ciento se otorga para que los partidos políticos realicen tareas editoriales, capaciten a sus militantes y realicen investigación. Estos rubros componen las llamadas “actividades específicas”, actividades que antes se pagaban como reembolso sólo si los partidos acreditaban haber realizado dichas tareas de forma legal. Actualmente sólo se otorgan esos fondos sin mayor control o revisión.

 

Otra novedad derivada de la reforma de 2008 es que partidos políticos deberán destinar un dos por ciento de sus fondos para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Por último, las franquicias postales y telegráficas ya se cuantifican, lo que anteriormente no ocurría. Esto generaba interminables discusiones sobre cómo afrontar el viejo fondo presupuestal destinado para ello, el cual se terminó antes de… 1995 quizá. El dinero para franquicias no se entrega a los partidos, y en la actualidad sólo representa el límite que pueden gastar por dicho concepto, límite que no existía en el pasado, cuando de 142 millones gastados en 1997 por ejemplo, el Partido Verde gastó 92 millones, quizá ejerciendo un recurso al que tenía derecho, pero que representaba casi el 65 por ciento del gasto de todas las franquicias electorales de ese año (ver la intervención de José Woldenberg en octubre de 1997 a este respecto aquí http://ife.org.mx/documentos/CONS-GEN/actas/091097b.htm)

 

El punto relevante en esta breve revisión sobre el financiamiento a los partidos en los últimos 25 años, es que desde las elecciones de 2009 los partidos políticos ya no gastan un solo peso en difundir propaganda por radio y televisión. Desde 1997 sabemos que el gasto en medios representaba alrededor del 60 por ciento de todos los gastos partidistas (el famoso estudio del costo mínimo de campaña post-1997 donde me tocó participar está citado aquí http://ife.org.mx/documentos/CONS-GEN/actas/091097b.htm y por ello, creo, los diputados muy molestos con el IFE, etiquetaron las prerrogativas partidistas en 1998). Lo que uno debía esperar, como lo prometieron las élites partidistas en 2008, es que el financiamiento público decrezca significativamente porque ya no se gasta en la transmisión de los promocionales, sólo en su diseño y producción, y que de por sí ya gastaban en ello antes de la reforma. Sin embargo, la evidencia sugiere que los fondos para los partidos apenas se redujeron 200 millones de pesos en términos reales entre las campañas presidenciales de 2006 y 2012, cuando en 2012 sabemos que la transmisión de promocionales en radio y televisión fue gratuita. En otras palabras, los partidos no sólo se ahorraron más de la mitad de lo que usualmente ya gastaban, sino que sus fondos ni siquiera se vieron mermados, digamos, a la mitad por citar una de las promesas de la reforma de 2008. Por ello se dice que la reforma electoral de 2008 en materia de financiamiento no parece haber influido significativamente, porque ni siquiera detuvo el financiamiento creciente, ya que otorgó fondos muy similares en términos reales y redujo a cero el gasto en medios.

 

Finalmente, sabemos que para justificar recortes blandos al financiamiento público a los partidos políticos, frecuentemente son usados argumentos del tipo “más dinero público reduce la posibilidad de usar fondos ilícitos”, pero ello implica olvidar que las mayores sanciones monetarias en la historia electoral de este país se han presentado precisamente durante este esquema de financiamiento creciente (165 millones de dólares en multas por Pemexgate y Amigos de Fox), por lo que sería muy positivo que las reglas sobre fondos públicos destinados a los partidos políticos sí fueran analizadas en futuras reformas electorales considerando este tipo de factores, aunque como ya sabemos, la reforma electoral de 2013 ni siquiera mencionó el tema.

 

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¿Por qué desaparece el IFE para dar paso al INE?

Las opiniones de las élites legislativas sobre un componente importante del esquema democrático, como lo es  el Instituto Federal Electoral (IFE), el organismo electoral en México, permiten explorar algunas razones por las cuales los legisladores, los diputados en particular, decidieron terminar con el IFE para dar paso al Instituto Nacional de Elecciones (INE). Para ello se exploran sus evaluaciones sobre el órgano electoral durante la última década y se recuerda la historia reciente sobre el IFE. En particular, se explora si las diferencias partidistas y las opiniones sobre la democracia fueron factores determinantes en la confianza en el IFE por parte de los legisladores.

Para diversos analistas y observadores de la política mexicana no resultan del todo claras las razones más profundas que llevaron a los legisladores a terminar con el IFE (como incluso el actual Consejero Presidente en su carácter provisional lo deja ver http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/01/68217.php), más allá de la mera centralización de varias funciones electorales, como la revisión de los gastos partidistas, el potencial pago a proveedores con dinero de los partidos pero a cargo del futuro INE, la designación de consejeros electorales en los estados y la probable organización de las elecciones locales por el INE a petición de actores políticos locales, como se aprecia en la reforma aprobada (la versión final aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado el pasado 13 de diciembre de 2013 aquí —-> http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-12-13-1/assets/documentos/Dictamen_reforma_politica.pdf) que fue turnada a los congresos estatales para su discusión y en su caso aprobación, pues contiene reformas constitucionales.

Este breve texto utiliza tres olas de las encuestas sobre élites parlamentarias en América Latina (PELA) realizadas durante las primeras sesiones legislativas de 2003, 2006 y 2009 entre los diputados federales de México.  Las encuestas del PELA son levantadas por la Universidad de Salamanca y sus datos se encuentran disponibles en http://americo.usal.es/oir/elites/bases_de_datos.htm.  Agradezco al Profesor Manuel Alcántara, director del PELA, y a la doctora Margarita Corral las facilidades para la realización de esta primera exploración de los datos.

Lo que se espera es que las diferencias ideológicas y por supuesto las partidistas influyan en la confianza en el organismo electoral, donde legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sean quienes menos desconfíen del IFE. Adicionalmente, se esperaría que los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fueran los menos propensos a confiar en el IFE. Aunque la asociación entre desconfianza en el IFE y partidismo no debe sorprender (Estrada y Poiré 2007), dicha asociación tiene lugar incluso antes y varios años después de las elecciones presidenciales de 2006, elecciones controvertidas y polémicas, donde el candidato presidencial del PRD obtuvo el segundo lugar por una diferencia de 0.56 % entre más de 41 millones de votos (Dictamen del Tribunal Electoral sobre las elecciones de 2006 aquí —–> http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/informes/dictamen.pdf).

Por todo ello, quizá convenga primero recordar la historia reciente para situar el contexto de la decisión de los legisladores. Bien se puede decir que las élites políticas, una vez acaecida la transición política en 2000, terminaron rechazando un papel activo para la autoridad electoral. Pero esto no fue siempre así. Baste recordar que de las cuatro generaciones de consejeros electorales, la tercera sí contó con mayor autonomía (La lista completa de los consejeros desde 1990 aquí —-> http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/AcercaIFE/Varios/201311-19_integracion_organos_centrales.pdf). La primera generación, integrada por los consejeros magistrados (1990-1994) no disfrutó de una autonomía significativa, porque el gobierno todavía presidía el IFE, pero debe decirse que fueron los consejeros magistrados quienes establecieron las bases para la organización de la autoridad electoral (Medina 1995). La segunda generación formada por los consejeros ciudadanos (1994-1996) disfrutó de mayores niveles de autonomía (Malo y Pastor 1996), precisamente después del levantamiento zapatista, mientras que la tercera generación, integrada por los consejeros electorales (1996-2003) disfrutó de los más altos niveles de autonomía política y financiera porque el gobierno fue totalmente excluido de las decisiones del IFE (Woldenberg, Becerra y Salazar 1997; Magaloni 2006; 2010).

Por último, la generación 2003-2010 de consejeros electorales, que ha experimentado renovaciones parciales desde el año 2008 fue sometida a presiones partidistas adicionales, dada la falta de consenso entre las élites políticas durante su proceso de elección por la Cámara de Diputados. Desde el principio, la generación de 2003 sufrió de una falta de confianza entre las élites políticas e intelectuales (Lawson 2006; Bruhn 2009: 183) y, de hecho, algunos investigadores parecieran sugerir que los partidos políticos fueron más exitosos controlando a los consejeros de la cuarta generación que a generaciones anteriores (Estévez, Magar y Rosas 2008; Rosas 2010).

Durante estos años podría decirse que existió la percepción entre algunas élites políticas y académicas que el papel del IFE cambió. Se argumentó que el IFE pasó de ser una institución de clase mundial y ampliamente reconocida (Medina 1995; Magaloni 2006; 2010) a un órgano partidario después de 2002. Aunque las interferencias partidistas también podrían haber ocurrido durante las administraciones previas del IFE, esto es, antes de 2003, las élites parecían percibir que las decisiones del IFE 1996-2002 fueron esencialmente de acuerdo con la ley más que favorecer los intereses de los partidos políticos, donde su conocimiento técnico ayudó a los consejeros a resolver dilemas de interpretación (Schedler 1999).

Sin embargo, 2003, el año del Pemexgate (expediente SUP-RAP-018/2003 http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00018-2003.htm) y de los Amigos de Fox (expediente SUP-RAP-098/2003 http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00098-2003.htm), se recordará porque aquellas multas millonarias, casos de corrupción y violaciones a los gastos y topes de campaña que implicaron 165 millones de dólares en multas (Arocha y Lujambio 2004; Cárdenas 2004; Córdova y Murayama 2006), también mermaron, de alguna manera, la fuerza del IFE entre las élites del PRI y del PAN.

Después de ello, en ese mismo 2003, se renovó al IFE por ley, pero la coalición legislativa que nombró a los consejeros electorales 2003-2010 estaba compuesta exclusivamente por el PAN y el PRI (Lawson 2006; Bruhn 2009; Rosas 2010). Esta falta de consenso a finales de 2003, generó una cierta sensación de desconfianza en las acciones del IFE, debido a los posibles sesgos partidistas. El desacuerdo partidista entre los diputados creó una pérdida sensible de la legitimidad del IFE, sobre todo después de la renovación de 2003. Esto sugiere que incluso antes de las elecciones presidenciales de 2006 (Bruhn 2009: 184) había desconfianza de algunas élites en el organismo electoral, particularmente del PRD y diversos intelectuales (Lawson 2006).

Esa desconfianza se tradujo en un debate cada vez más abierto, pues se decía que los consejeros electorales representaban nombramientos meramente políticos sin importar su conocimiento técnico, lo que no permitiría que el IFE actuara como un árbitro independiente. Se sugería con ellos que las decisiones del IFE tenderían a proteger los intereses de los partidos políticos que sí estaban “representados” (Lawson 2006; Bruhn 2009). En ese contexto tuvo lugar la ya mencionada elección de 2006 y los cuestionamientos posteriores, donde se recordaba la captura del IFE por las élites en 2003 (Lawson 2006), el famoso “todos hicimos la elección, México en paz” que quizá implícitamente aspiraba a que la disputa no llegara, además de las calles, al ámbito jurisdiccional; y el emblemático “al diablo con sus instituciones corruptas” (Bruhn 2009: 184).

Vendría entonces una nueva reforma electoral, la de 2008 (Una descripción aquí ——-> http://www.ife.org.mx/documentos/Reforma_Electoral/docs/AC_RefElect0708.pdf), los nuevos desacuerdos partidistas y la renovación parcial del IFE de cara a las elecciones intermedias de 2009. Para entonces un nuevo debate se presentaba: la cantidad de recursos, tanto monetarios como de recursos humanos que se le otorgaban al IFE por parte de los contribuyentes, independientemente de los años de elecciones fue casi imposible de justificar, según élites partidistas y analistas políticos (por ejemplo, Alcocer en enero de 2014 en Voz y Voto número 251, página 37). Sin embargo, dicho debate nunca discutió de manera puntual los montos de financiamiento público a los partidos, aunque ésa es una historia que merece su propio análisis.

Respecto a las percepciones de los diputados federales sobre el órgano electoral, una exploración inicial de los datos del PELA sugiere que al menos los diputados desde 2003 reportaban una gradual erosión en su confianza en el IFE. Las encuestas levantadas por el PELA utilizan la misma redacción en las últimas tres oleadas, de 2003 a 2009, para medir la confianza de las élites en el IFE, en su pregunta siete “y en cuanto a los siguientes individuos, grupos e instituciones, me gustaría saber hasta qué punto tiene confianza, mucha, hasta cierto punto, muy poca, o nada en absoluto en el desempeño del Instituto Federal Electoral (IFE) en la vida pública de México?”, es decir, utilizando un escala de 4 puntos. Dicha pregunta se formuló durante las primeras sesiones de las legislaturas 2003, 2006 y 2009, estratificando la muestra por grupos parlamentarios, e incluyendo un promedio de 115 entrevistas cara a cara en cada ola (124 en 2003; 128 en 2006 y 98 en 2009). Es importante tener en cuenta que todas las encuestas se llevaron a cabo después de las respectivas jornadas electorales de 2003, 2006 y 2009. Desafortunadamente, las encuestas de 2012 aún no se hallan disponibles.

La primera gráfica muestra el promedio de la confianza en el IFE por grupo parlamentario, donde se aprecia que los niveles más altos de confianza para PRI y PRD se situaron en 2003, mientras que para el PAN en 2006, fortaleciendo la suposición que el ganador generalmente tiende más a creer en la limpieza de la elección, mientras que el segundo lugar en elecciones competidas percibe precisamente lo contrario (Rosas 2010). Destaca sin embargo que 2009 fue el año con menor confianza de los legisladores del PAN en el IFE, también el menor para el PRI, muy similar a 2006 donde quedaron en tercer lugar, y destaca también que aunque la confianza en el IFE muestra una recuperación entre los diputados del PRD en comparación con 2006, sigue medio punto por debajo de 2003 y es con todo, la más baja de las tres fracciones parlamentarias. Todo ello sugiere que en efecto, pareciera existir una larga historia de desencuentros que quizá expliquen parcialmente la decisión de los legisladores de terminar con el IFE y dar paso al INE.

PELA IFE partidos

La segunda gráfica muestra el promedio de la confianza en el IFE según qué tan estable perciben los diputados a la democracia mexicana. Como se supondría, si se percibe una menor estabilidad ello se asociará con una menor confianza en el órgano electoral. Y ello en efecto se observa en 2003 y en 2006. Sin embargo, para 2009 los puntos más bajos de la escala coinciden, y el punto más alto muestra un nivel de confianza en el IFE menor a la categoría de estabilidad democrática intermedia. Bien puede decirse que en efecto, una percepción de mayor estabilidad democrática se asocia con una mayor confianza en el IFE, pero destaca que dicha relación empezó a modificarse en 2009.

pelaifedemo

Como cualquier explicación, este breve texto dista de considerarse completo, ya que por ejemplo, no discute los niveles de confianza en el IFE entre los ciudadanos, información que también podría resultar útil para explorar razones adicionales que expliquen el fin del IFE y la transición al INE. Otro aspecto relevante lo conforman las controversias suscitadas en la elección presidencial de 2012 (Dictamen de Tribunal Electoral sobre las elecciones de 2012 aquí —–> http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/SUP-JIN-359-2012.pdf) y algunos desencuentros relevantes entre el IFE y el Tribunal Electoral. Todos estos factores adicionales también nos podrían auxiliar para entender no sólo las razones detrás de esta decisión de las élites partidistas, sino sus principales implicaciones.

Referencias:

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