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Authoritarian Recall: Mexico’s Drug War and Subnational Patterns of Opposition to Democracy

Jon Hiskey, Mary Fran T. Malone and I wrote a piece on how the subnational political context mediates the relationship between a crisis and support for non-democratic alternatives. When faced with a violent shock to the system, public attitudes towards democracy depend in part on one’s experiences with non-democratic alternatives and whether these authoritarian options appear to solve the crisis at hand more effectively. In this way, citizens’ support for democracy can depend on how well they think their democracy can address security crisis compared to authoritarian alternatives.

For several years Mexico has been in the midst of just such a crisis, as its war on drug trafficking organisations has brought an unprecedented rise in violence and, in some areas, posed a direct challenge to the state’s capacity to govern. In this context, we add Mexico’s subnational political landscape, which ranges from vibrant, multi-party states to those with continued connections to a dominant one-party past. We leverage these variations in subnational political context and levels of drug-related violence combining state level surveys and aggregate data.

Citation:
Hiskey, Jonathan, Mary Fran T. Malone, and Alejandro Diaz-Dominguez. “Authoritarian Recall: Mexico’s Drug War and Subnational Patterns of Opposition to Democracy.” Journal of Politics in Latin America 12, no. 1 (April 2020): 3-31. https://doi.org/10.1177/1866802X20913287.

This is an open access piece.


¿Qué nos dice el Censo 2020 sobre religión en México?

El blog de Taller de datos de Nexos en línea me publicó este texto sobre los resultados preliminares del Censo 2020 en materia de religión…

Las primeras cifras que más llamaron la atención en materia de religión fueron las comparaciones entre 2010 y 2020: un menor porcentaje de fieles de la iglesia católica (de 82.7 a 77.7 por ciento), un mayor porcentaje de fieles de las iglesias protestantes y evangélicas (de 7.5 a 11.2 por ciento) y sobre todo un mayor porcentaje de personas sin religión (de 4.7 a 8.1 por ciento, con un 2.5 adicional de personas sin adscripción religiosa).

Posterior a ello observamos en las redes sociales diversas compilaciones y visualizaciones en tablas, gráficas y mapas. Este texto se une a dichos esfuerzos. A continuación, se ofrecen tres rubros de análisis preliminares sobre los datos que nos ofrece el Censo 2020: el plano nacional, las realidades estatales y algunos apuntes sobre la competencia religiosa.  Para ello se realizarán comparaciones históricas desde 1895 y más contemporáneas, empleando los datos de los últimos cuatro censos….

Click aquí para seguir leyendo

https://datos.nexos.com.mx/?p=1914


Perfil de personas que han fallecido por covid19 en México

Durante la pandemia, uno de los análisis descriptivos más difíciles es el relativo a las defunciones. Quizá resulta necesario conocer, de acuerdo con las cifras oficiales, cuál era su perfil demográfico, si se les practicó una prueba, sus condiciones de salud y el tipo de hospital donde recibieron atención.

La forma en que se extrajo la estadística descriptiva que se muestra a continuación fue explicada en una entrada anterior (https://alejandrodiazd.wordpress.com/2020/05/03/descripcion-de-datos-de-manera-grafica-usando-r/), donde se detalló un posible uso de la librería summarytools en el paquete estadístico R, con base en los datos abiertos del gobierno federal, cuya información diaria e histórica del 12 de abril a la fecha también se encuentra referida en dicha entrada (https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127).

La primera tabla muestra que dos tercios de quienes fallecieron por covid19, de acuerdo con los datos oficiales provienen de las USMER del método centinela, pero un tercio no. Ese tercio de pacientes provenían de unidades no USMER.

También se observa que dos tercios dieron positivo en la prueba, un cinco por ciento aún esperaba sus resultados y 29 por ciento tuvo resultados negativos. Al menos eso es lo que arroja la base de datos abiertos del 8 de mayo de 2020.

Al explorar más sobre este dato, se encontró que de las personas fallecidas que dieron negativo en la prueba, 70 por ciento reportaron neumonía. Finalmente, el 35 por ciento de las personas fallecidas eran mujeres y el promedio de edad en las 4,803 defunciones fue 59 años.

Tabla 1. Origen, pruebas y demográficos

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Respecto a las condiciones de salud, se halló que 92 por ciento de las personas fallecidas fueron hospitalizadas, pero el 8 por ciento restante no, es decir, fueron pacientes de carácter ambulatorio. De acuerdo con la base de datos, el 0.2 por ciento (ocho mujeres) fallecieron estando embarazadas.

En relación con las condiciones de salud, destaca ampliamente que el 73 por ciento tenía neumonía. Asimismo, el 43 por ciento tenía hipertensión, el 40 por ciento padecía diabetes, el 26 por ciento obesidad, tabaquismo el 10 por ciento, padecimientos renales el 9 por ciento, epoc el 8 por ciento, así como 8 por ciento también quienes presentaban padecimientos cardiovasculares, enfermedades inmunosupresoras el 6 y asma el 3 por ciento.

Finalmente, sólo el 16 por ciento estuvo en terapia intensiva e intubado el 21 por cierto. Esto significa que sólo para una de cada cinco personas que fallecieron por covid, de acuerdo con los datos abiertos oficiales, se reportó que tuviera respirador.

Tabla 2. Condiciones de embarazo, hospitalización y saludundefined

Por último, tres tipos de hospitales públicos concentraron al 94 por ciento de los fallecimientos: IMSS, Sector Salud e ISSSTE. El 44 por ciento de los decesos se reportó en el IMSS, el 43 por ciento en hospitales del sector salud y 7 por ciento en el ISSSTE. El resto se distribuyen entre hospitales privados (dos por ciento), estatales (dos por ciento) y de Pemex (uno por ciento), entre otros. Ello sugiere que 9 de cada diez decesos han ocurrido en IMSS, Sector Salud e ISSSTE.

Tabla 3. Tipo de hospital

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Finalmente, puede sintetizarse que entre las personas fallecidas:

  • 35 por ciento eran mujeres.
  • 59 años fue la edad promedio.
  • 92 por ciento fue hospitalizado.
  • 70 por ciento de quienes dieron negativo en la prueba reportaban neumonía.
  • Sólo 1 de cada 6 estuvo en cuidados intensivos.
  • Sólo 1 de cada 5 tuvo respirador.
  • 94 por ciento se concentró en IMSS, Sector Salud e ISSSTE.

Este trabajo de descripción requerirá su contraparte en cada una de las entidades federativas, así como reflexiones posteriores respecto a la mejor forma de analizar la información que distribuye el gobierno federal. Desde luego que lo descriptivo es sólo el primer paso en cualquier análisis, pero siempre nos puede ofrecer una idea sobre dónde estamos, antes de emprender una exploración de mayores proporciones en un tema tan complejo.


Curvas de casos positivos reportados por entidad federativa

En el sitio http://mexicovid19.mx/ desarrollado por estudiantes y profesores del Tecnológico de Monterrey para visualizar y analizar los datos derivados de covid19 en México, tuvieron a bien publicarme esta breve nota.

El número absoluto de casos reportados como positivos por covid19 varía entre las entidades federativas de México, por lo que es importante conocer, con independencia del número de casos acumulados, cómo se comportan tales datos al ser graficados según la fecha de reporte. Esto nos permite observar una serie de curvas por entidad federativa…

Para seguir leyendo dar click aquí


Acercamiento a las probabilidades de hospitalización por grupo de edad a nivel nacional

En la plataforma www.mexicovid19.mx, la cual es un esfuerzo conjunto de un grupo de estudiantes y profesores del Tecnológico de Monterrey para dar seguimiento y fácil acceso a la información de salud más relevante en el contexto de la pandemia de Coronavirus en México, se publicó esta nota.

En síntesis, dicha nota trata sobre qué grupos de edad resultarían más susceptibles y en qué medida.  Para seguir leyendo dar click aquí.


Tiempo de duplicación de casos positivos reportados por entidad federativa

En la plataforma www.mexicovid19.mx, la cual es un esfuerzo conjunto de un grupo de estudiantes y profesores del Tecnológico de Monterrey para dar seguimiento y fácil acceso a la información de salud más relevante en el contexto de la pandemia de Coronavirus en México, se publicó esta nota.

En síntesis, dicha nota trata de ver en cuántos días los casos positivos llegan al doble por entidad federativa. Para seguir leyendo dar clic aquí


Pérdida de registro de un partido político: ¿”una de tres” o “tres de tres”?

La reciente polémica sobre si un partido pierde o no el registro nacional al no alcanzar el 3% de la votación válida, se ha centrado en si se debe alcanzar dicho porcentaje en una o en las tres elecciones federales.

La disposición constitucional en debate establece que:

Art 41, fracción I, párrafo cuarto:
El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.

Una forma de leerlo es “que no obtenga… en cualquiera” y de ahí se deriva “una de tres”. Otra forma de leerlo es que “cualquiera” realmente implica “tres de tres”. Si bien se pudiera leer de una forma u otra, lo cierto es que la práctica electoral tanto en materia administratitva como jurisdiccional ha optado por “una de tres”.

Sin embargo, en esta polémica deben agregarse un par de artículos más: el 54 constitucional y el 94 de la Ley General de Partidos Políticos. El artículo 54 de la Constitución establece:

Art. 54, fracción II.
Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

Supongamos por un momento, que en efecto, la lectura del artículo 41, fracción I, párrafo cuarto debe ser que el porcentaje mínimo del 3% de la votación válida debe alcanzarse en las tres elecciones federales (“tres de tres”). Un problema con esta interpretación es que esa forma “literal” de intepretar la ley no permite resolver dilemas ante la aplicación del artículo 54 de la propia Constitución.

Si un partido alcanza el 3% de la votación válida para la elección de diputados, pues ya tiene derecho al reparto de las diputaciones llamadas “pluris” o de representación proporcional. Pero ¿qué ocurre si no alcanza dicho 3% en la presidencial o en la de senadores? ¿Se le requiere “tres de tres” a pesar que el artículo 54, fracción II no lo establece? Este artículo señala que basta con alcanzar ese 3% en la elección de diputados para tener derecho a “pluris”. Se podría decir: si no trae su “tres de tres” perdería el registro, pero por art 54, II sí tendría “pluris”. Esto no parecería tener mucho sentido. Entonces la intepretación “una de tres” empieza a ser la más adecuada.

A esta discusión conviene agregar el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos en lo referente a los partidos políticos nacionales:

Art 94
1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:

b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales.

c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un partido político nacional.

La regulación específica de los partidos políticos nacionales establece que se pierde el registro al no obtener en alguna elección el 3%. Pareciera que el texto legal difiere del 41 constitucional al usar en vez de “cualquiera”, la palabra en “alguna” de las elecciones federales. Esto puede explicarse si se considera que en efecto como se mencionó, el artículo 54 no señala que un partido deba alcanzar el porcentaje mínimo y traer su “tres de tres”, sino sólo “una de tres” y en particular esa una debe ser la elección de diputados.

La inclusión y análisis de los artículos 54 constitucional y 94 de la Ley General de Partidos Políticos en este debate parecen inclinar la balanza hacia “una de tres” en vez del “tres de tres”. De otra forma, es decir, si se interpretara que debe ser “tres de tres”, no sería posible aplicar el 54 constitucional.

Mientras tanto ¿qué nos dicen los números? En este momento sólo contamos con los cómputos distritales de la elección presidencial. Aquí los datos. Lo que se observa es que considerando “una de tres”, todavía no llegan al tan ansiado 3% cinco partidos: PRD, PVEM, MC, Nueva Alianza y el PES. Habrá que esperar los resultados oficiales de las otras dos elecciones, las posibles impugnaciones y las potenciales modificaciones que en su caso determine el Tribunal Electoral.

presidencial2018

Fuente: https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/2

 


Un poco de teología política, el PES y AMLO

El dirigente nacional del Partido Encuentro Social (PES), en la formalización de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, se refirió el 20 de febrero de 2018 al político tabasqueño como sigue: “para nosotros usted es Caleb a punto de conquistar el Monte Hebrón”. Como es de dominio público, se conoce cierta inspiración de corte evangélico en el PES, por lo cual no resultan extrañas estas referencias en algunas partes del discurso político de esta dirigencia partidista.

Habrá que recordar que en la historia bíblica, después que el pueblo había cruzado el Mar Rojo, Moisés envió a 12 espías (uno por cada tribu de Israel) para conocer cuál era la situación en Canaán. A su regreso, 10 de ellos informaron que los gigantes que ahí gobernaban impedirían un asentamiento (Núm 13, 28-29).

Sólo dos de los espías, entre ellos Caleb de la tribu de Judá (Núm 13, 6) reportaron que: a) Canaán en efecto era una buena tierra, de la cual emanaría “leche y miel” (Núm 13, 27) y b) sí era posible conquistar esa tierra. Después de discutir el tema, Caleb propuso entrar a Canaán (Núm 13, 30; 14, 7), pero Moisés no siguió esa línea y entonces sobrevinieron los 40 años de caminar en el desierto (donde el número 40 significa “mucho”).

Al final, los de la tribu de Judá si entraron a Hebrón, ciudad que a la postre sería la segunda más importante de Palestina. Desde luego que ello acaeció después de luchar con los habitantes de aquellas tierras.

Una interpretación es que dado que Caleb no dudó del apoyo divino, como incluso el mismo Señor lo reconoce (Núm 14, 24-25), Caleb sí pudo llevar al pueblo a la victoria y asentarse en Hebrón, a pesar de la resistencia de los antiguos ocupantes. Esta idea puede asimilarse a un líder que sin dudar de ciertos principios, quizá podría alcanzar un logro político en ese preciso momento, a pesar de los obstáculos del ancien regime o de otros potenciales impedimentos.

Otra interpretación es que dado que Moisés no sigue esa línea de confianza en el Señor para luchar en ese preciso momento contra los antiguos habitantes de Canaán (comandados por gigantes como lo relata la tradición), entonces no entraría a la tierra prometida. Al final de ese vagar por el desierto durante 40 años, el pueblo sí entró a Canaán, ya guiado por Josué, pero de todas formas debió librar diversas batallas. Esto puede asimilarse a que de cualquier forma se habrá de llegar a la tierra prometida, pero la diferencia central es cuánto tiempo tomará el llevar a buen puerto tal empresa.

Desde esa perspectiva pareciera que la llegada a la tierra prometida sí ocurrirá en algún momento (si seguimos esta lógica del relato bíblico), por lo que la pregunta de fondo es si en el tiempo (mucho más largo) que le tomó tanto a Moisés como a Josué, o si en el tiempo (mucho más corto) que le tomó a Caleb.

De ahí que no resulte azarosa la alusión al texto bíblico (Números 14, 6-8) por parte del dirigente nacional del Partido Encuentro Social hacia López Obrador. Si resulta aplicable la referencia de Caleb, entonces habríamos de esperar que esto ocurra en un tiempo mucho más corto. Y entonces esa parece ser la apuesta de un partido como el PES en esta elección: ganar la presidencia en esta elección. Eso explicaría su apoyo a un candidato que a ratos sí pareciera compartir la agenda de corte conservador del propio PES, a pesar de estar en alianza con partidos más situados a la izquerda como Morena y el PT. Habrá que esperar el desenlace de la campaña, la cual, por cierto en menos de una semana ya comienza.

 

 


¿Cómo se podría destinar financiamiento público de partidos a personas damnificadas y labores de reconstrucción?

Escribí estas líneas en diferentes momentos durante los últimos tres días. No pretenden constituir una propuesta sino un mero borrador para, en su caso, contar con un referente preliminar de lo que se podría hacer para destinar financiamiento público de partidos a personas damnificadas y a las labores de reconstrucción.

Partimos de las siguientes restricciones. El financiamiento de los partidos sólo puede ser destinado a los fines previstos por la Constitución y contenidos en la fracción II del artículo 41:

Artículo 41, II

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico.

De hecho, es obligación legal de los partidos destinar ese financiamiento a lo mandatado por la Constitución, como lo señala la fracción I del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos:

Artículo 25, I

Son obligaciones de los partidos políticos:

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.

Dadas estas restricciones, ¿cómo se podría destinar financiamiento público de partidos a damnificados por los sismos y labores de reconstrucción, de manera que no se viole ni la Constitución ni la ley?

La ruta o vía que se acuerde debe resultar la jurídicamente idónea, porque si existe algún resquicio legal en el proceso, éste es susceptible no sólo de ser impugnado sino probablemente de ser revocado. Ante ese escenario resultaría de gran relevancia que la ruta a emplear para destinar válidamente financiamiento público para partidos a damnificados por los sismos casi no tuviera resquicios legales.

¿Qué opciones existen? He empezado a explorar cuatro opciones.

1.- Que la Cámara de Diputados regule dicho cambio de destino a través de alguna reforma legal.

En esta vía los partidos ya no reciben en sus arcas ese financiamiento. En otras palabras, dado que el dinero tendría un destino diferente por disposición legal, el INE ni siquiera entregaría ese dinero a los partidos.

Lo anterior sin embargo presenta un problema: el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional dispone que:

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Supongamos que no se modifica disposición electoral alguna para no caer en el supuesto de los 90 días antes. Con todo, hoy estamos ya dentro de la etapa del proceso electoral. Eso significa que habría entonces que discutir si el destinar recursos públicos para partidos a reconstrucción se considera o no parte de una modificación legal fundamental. De considerarse fundamental por parte de la Suprema Corte, esta ruta tendría resquicios para que no se efectuara dicho cambio en el destino de estos recursos.

Algunas fuentes de discusión son la Acción de Inconstitucionalidad 41/2008 y sus acumuladas 42/2008 y 57/2008 resuelta el 8 de abril de 2008; la jurisprudencia P./J. 64/2001 “PROCESO ELECTORAL. PARA DETERMINAR JURIDICAMENTE SU INICIO DEBE ATENDERSE A LA FECHA QUE ESTABLEZCA LA LEGISLACION ELECTORAL ANTERIOR A LA REFORMA Y NO A AQUELLA CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE CONTROVIERTE O A SITUACIONES FACTICAS”; así como la jurisprudencia la jurisprudencia P./J. 98/2006 “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCION AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACION CON LA MODIFICACION A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO”.

En las últimas horas ha circulado la propuesta de reasignar el 100 por ciento del financiamiento público de partidos políticos a damnificados y reconstrucción. Esta propuesta, más allá de la polémica que ya ha surgido sobre la conveniencia o no de dejar en manos de privados las donaciones políticas, podría requerir de una reforma electoral, pues parte integral de este proyecto sería reducir los topes de gastos, lo que de manera ineludible implica discutir si lo que parecería una modificación legal fundamental resulta posible dada la situación existente, esto dentro del proceso judicial que eventualmente pudiera seguirse en este tema por quienes no estuvieran de acuerdo.

2.- Que los partidos no ejercieran un determinado monto de financiamiento para gastos de campaña.

Esta opción implicaría que sin reforma de ningún tipo ni adecuación presupuestaria alguna, los partidos simplemente no eroguen financiamiento para gastos de campaña, para que al final del ejercicio el monto sea reintegrado a las arcas de la nación.

Conforme al artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.

Este texto dio pie a la Sala Superior del Tribunal Electoral para resolver el 2 de diciembre de 2015, en la sentencia SUP-RAP-647/2015 que los partidos políticos deben destinar el financiamiento exclusivamente para los fines constitucionales y legales, esto es que “los   partidos   políticos   solo   pueden   utilizar   el financiamiento  público  asignado  para  gastos  de campaña para  ese  único  fin  y  no  para  otro  objeto diverso,  incluso  aunque se encuentre dentro de su ámbito de actuación” (Página 48).

El razonamiento se centra en que a) los partidos políticos son entidades de interés público; b) los ejecutores del gasto son los Poderes Legislativo y Judicial, dependencias, entidades y órganos autónomos, a  los cuales se les asigna recursos  del  Presupuesto  de  Egresos; c) los partidos reciben esos recursos a través de un organismo autónomo; d) los partidos políticos al  ser  entidades  de  interés  público y estar  dentro  de los sujetos presupuestalmente obligados, sí deben cumplir con la obligación de reintegrar los recursos públicos  no  utilizados conforme al presupuesto de egresos.

Más adelante, la sentencia señala (página 58) que el Instituto  Nacional  Electoral  tiene  la  facultad  implícita  de  ordenar  a  los  partidos  políticos  la reintegración    de    los    recursos no devengados o no comprobados  destinados  para las  campañas. Ya que, se reitera en la página 68, los partidos políticos sólo pueden utilizar el financiamiento  público  asignado  para  gastos  de  campaña para  ese  único  fin  y  no  para  otro  objeto  diverso,  incluso  aunque  se  encuentre  dentro  de  su ámbito  de  actuación.

Ésta es la fuente: [http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0647-2015.pdf]

Posteriormente hubo un ejercicio de facultad reglamentaria del INE el 15 de junio de 2016, en el acuerdo INE/CG471/2016 para cumplir con la sentencia previamente citada.

Fuente: ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN LINEAMIENTOS PARA REINTEGRAR EL REMANENTE NO EJERCIDO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO OTORGADO PARA GASTOS DE CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA SUP-RAP-647/2015 DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN [http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/85942/CGex201606-15_ap_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y]

Desde luego existió otra sentencia, la SUP-RAP-299/2016 contra este acuerdo. El 28 de julio de 2016 se confirmó el acuerdo INE/CG471/2016. El Tribunal resolvió que no es válido gastar fondos de campaña en actividades ordinarias. Dicha decisión se basó en los razonamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2014: “los recursos de los partidos únicamente podrían utilizarse para actividades de su naturaleza original; fue enfática al sostener que la Constitución no autorizó que los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho menos que se sumen sus montos”.

Esta cita debe leerse con cuidado, porque entonces pareciera que si los partidos admiten no emplear financiamiento de campaña para ser asignado a damnificados y reconstrucción, entonces no podrían suplir los recursos salientes con fondos provenientes de actividades ordinarias. Lo anterior no sé si pueda convertirse en un resquicio que aminore la fortaleza legal de esta ruta, pero quizá sí pudiera desincentivar la reasignación. Tal vez sólo aumenta las probabilidades de impugnación ante tribunales electorales.

Lo que sí está claro es la invalidez de gastar fondos de campaña en actividades ordinarias. Por ejemplo, ya ocurrió que un partido compró un edificio con los fondos sobrantes de gastos de campaña 2015 en el ámbito local y se defendía con diferentes argumentos a fecto de no devolver los montos que no erogados para el fin propio de la campaña. Al final, se le ordenó devolver los recursos respectivos en la sentencia SDF-RAP-2/2017, resuelta el 7 de abril de 2017.

El problema con esta propuesta es que los fondos se asignarían al final de las campañas, esto es, prácticamente durante la segunda mitad de 2018, lo que pudiera jugar en contra de la urgencia en el corto y mediano plazo de la situación actual.

3.- Adecuación dentro del presupuesto de egresos.

Si los fondos disponibles para afrontar esta situación son de 6 mil millones de pesos de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y se estimaban de manera preliminar en unos 9 mil millones, entonces cualquier monto que se sume resultará de gran valía. De ahí que otra opción es realizar una adecuación presupuestal de acuerdo con el artículo 62 de la Ley General de Protección Civil

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proveerá los recursos financieros para la  oportuna  atención  de  las  situaciones  de  emergencias  y  de  desastres,  por  lo  que  en  caso  de  que  los recursos disponibles  se  hayan  agotado,  se  harán  las  adecuaciones  presupuestarias  para  la  atención emergente de la población y la reconstrucción de la infraestructura estratégica.

Ahora bien, ¿el INE es un órgano que guarde relación con este tipo de disposiciones? El artículo 8 de la misma ley indica que sí:

Los  Poderes  Legislativo  y  Judicial  de  la  Unión,  las  entidades  federativas,  los  municipios, las  delegaciones,  los  organismos  descentralizados,  los  organismos  constitucionales  autónomos  y los sectores privado y social, así como la población en general, deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz.

Dentro de las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley General de Protección Civil se encuentran tanto la infraestructura estratégica como la reconstrucción:

XXXII. Infraestructura  Estratégica:  Aquella  que  es indispensable  para  la  provisión  de  bienes  y servicios  públicos,  y  cuya  destrucción  o  inhabilitación  es  una  amenaza  en  contra  de  la seguridad nacional  y  ocasionaría  una  afectación  a  la  población,  sus  bienes  o  entorno.  La unidad mínima de dicha Infraestructura Estratégica es la instalación vital.

XLIV. Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y económica  que  prevalecía  entre  la  población  antes  de  sufrir  los  efectos  producidos  por  un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes.

Como se puede ver, entonces se trataría de asignar los recursos de partidos tanto a infraestructura estratégica como a reconstrucción para cubrir el ámbito espacial y temporal más amplio posible. En esta opción, los fondos ni siquiera se asignan al INE ni se transfieren a los partidos. Simplemente se insertan en el presupuesto de egresos.

Esta opción sin embargo no excluye el debate sobre considerarse una reforma fundamental ya dentro de la etapa del proceso electoral, es dcir, la restricción establecida por la fracción II del artículo 105 constitucional.

4.- Los partidos giran fondos a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

En esta opción, los partidos giran sus recursos a la Tesorería. Esto ya ha ocurrido. Por ejemplo, el PAN devolvió 29’101,572 pesos a la Tesorería de la Federación en enero de 1997 al considerar excesivo el financiamiento público derivado de la reforma electoral de 1996. Aquí los fondos ingresan al INE, se entregan a los partidos y éstos los giran a la TESOFE.

Todas las opciones pueden tener resquicios legales que en el ámbito jurisdiccional pudieran malograrse. Pero al menos parecieran existir algunas opciones que merecen mayor estudio y en su caso, el necesario perfeccionamiento para volverse jurídicamente viables y jurisdiccionalmente sólidas.

Dada la situación que se vive en diversos lugares del país, aunque incompletas, estas opciones tal vez pudieran arrojar alguna luz sobre el cómo lograr que ese financiamiento a partidos se asigne a las necesidades derivadas de los sismos. Estas líneas no debaten sobre la conveniencia o beneficio político de una medida de esta naturaleza. No he tenido ni tiempo ni mucho interés en ello. Simplemente creo que lo importante es contar con algunos recursos extra para las labores que se avecinan, en el porcentaje que sea, en la forma que resulte más conveniente.

 

 


Financiamiento público federal a partidos políticos en México, 1991-2018

En cuatro de los años con elecciones presidenciales en las últimas dos décadas (2000, 2006, 2012 y la próxima en 2018), el país ha destinado en cada uno de esos años, alrededor de 6 mil millones de pesos reales en financiamiento público federal a partidos políticos. De hecho, más de 6 mil millones se han entregado en seis ocasiones si se consideran dos años de elecciones intermedias: 1997 y 2003.

Que en cuatro años de elecciones presidenciales, dentro de las últimas dos décadas se destinara un monto similar de financiamiento público federal a partidos políticos sugiere un problema de diseño institucional.

La promesa de las reformas electorales después de la acaecida en 1996 (la llamada “reforma electoral definitiva” por su carácter fundacional) se centró, al menos en el tema del financiamiento público federal a los partidos políticos, en su reducción.

Desde luego que al examinar los datos ofrecidos en la gráfica que acompaña a estas breves notas, bien se puede concluir que en términos reales no ha aumentado el financiamiento público federal a los partidos políticos, esto durante años de elecciones presidenciales, lo cual sí parece ser el caso.

Sin embargo, la promesa de las reformas electorales no fue mantener sino reducir ese financiamiento. ¿Porqué esto puede ser un problema? Estamos dedicando como país un monto de fondos públicos similar, en términos reales, a años de elección presidencial con realidades distintas. Por ejemplo, en 2000 y 2006 la presencia en radio y TV se pagaba, pero en 2012 y para el próximo 2018, esa presencia se cubrió y se cubrirá con tiempos del Estado. ¿Esto hace una diferencia? Sirva de ilustración un viejo cálculo de 1997: en aquél año se estimó que el 60 por ciento de los gastos de los partidos se destinaban a financiar apariciones en radio y TV. Hoy esto ya no se paga. Sin embargo, los fondos federales siguen siendo los mismos.

Todo lo anterior supone la necesidad de examinar lo que el arreglo institucional implica en términos de financiamiento público federal a los partidos políticos en México. ¿Es sostenible este patrón de asignaciones de fondos federales? La frase en las comunicaciones del órgano electoral nacional (“sólo aplica, no decide”) sobre la materia de financiamiento público sugiere que implícitamente se reconoce la impopularidad de este arreglo institucional (o al menos eso sería posible argüir).

Como en toda acción pública para realizar este necesario examen, sería útil responderse al menos estas tres preguntas ¿Qué es lo deseable? ¿qué es lo posible? ¿que es lo sostenible en el mediano plazo? Por ahora, el actual arreglo institucional pareciera tener algunos problemas en su diseño.

Gráfica.
Financiamiento público federal a partidos políticos en México, 1991-2018.

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