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Sobre la renovación de dos integrantes de la SCJN

Ante los procesos recientes, tanto para nombrar un ministro primero y una ministra después durante esta nueva administración federal (2018-2024), resulta interesante destacar algunos puntos para intentar entender porqué un presidente que se sitúa a la izquierda en temas económicos (pero no en temas morales) envía al Senado propuestas de posibles integrantes de la Suprema Corte que como se ha dicho, no necesariamente se caracterizan por ser afines a algunos de los últimos dictados judiciales en ciertas materias. De suyo, numerosas organizaciones presentaron su inconformidad, junto con diversos señalamientos e inquietudes de un panel de expertos dentro del sistema interamericano (Botero, Saéz y Ayala 2019).

En el proceso de gradual renovación de la Suprema Corte, definida desde 1995 en 11 integrantes, los últimos cuatro presidentes han enviado en promedio entre 3 y 4 ternas. Esto significa que han podido renovar, según el escalonamiento derivado de la reforma impulsada por el entonces presidente Zedillo en 1995, entre el 27 y el 46 por ciento de la Corte. Desde luego que nombrar, con aval del Senado, 4 nuevas posiciones de un total de 11 no implica en modo alguno mover completamente a la Corte en la dirección deseada por el Ejecutivo Federal, pero esta renovación gradual sí ha permitido, con distintos grados de éxito, ir modificando en algún punto la orientación de las decisiones.

Cuando la Corte sesiona en pleno, esto es, con 11 integrantes, las nuevas posiciones quizá no representen una gran posibilidad de cambio en las decisiones que se han ido tomando a lo largo del tiempo por parte de la institución. Sin embargo, dado que la Corte también trabaja en salas, resultará importante ver si quienes ocupan las nuevas posiciones se agrupan en una misma sala, de modo tal que desde ahí se pudiera observar si en efecto algunos cambios emergen.

Pensando en el pleno de la Corte, renovaciones graduales han permitido que decisiones más o menos divididas cambien de sentido a lo largo de los años. Este viraje no significa que la ley carezca de importancia, sino que al tener en su seno a personas con visiones distintas, junto con las personas que estaban anteriormente, los viejos equilibrios pudieran eventualmente alterarse. Un ejemplo de ello es la validación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje durante la década de los veinte. Tres distintas renovaciones en la Corte (1917 a 1919; 1919 a 1923 y 1923 a 1928) coincidieron con el cambio de criterio, que fue de no reconocer autoridad a dichas juntas a otorgarles ese reconocimiento (Suarez-Potts 2009).

Ahora pensando en las salas, una renovación durante el caso Cassez coincidió con el cambio en la decisión final, que pasó de ser inicialmente 2-2-1 a 3-2, con el resultado por todos conocido, esto es, la liberación lisa y llana. Si bien es cierto que tanto en el caso de las juntas como en el de Cassez confluyeron un sinfín de factores, destaca entre ellos la renovación en la integración de la Corte.

Como ha ocurrido desde 1917, los presidentes intentan, con diversos grados de éxito, proponer a personas que les pueden resultar más o menos afines para que resuelvan los casos que llegan al más alto tribunal del país. Esto no significa que basta con la mera afinidad con el presidente para que la persona propuesta sea confirmada por el Senado.

Algunos factores que explican el éxito presidencial en las nominaciones son contar con la mayoría senatorial, tener alta aprobación popular y enviar propuestas que se juzguen como un buen perfil, en términos de trayectoria, sea académica o sea judicial y con cierta independencia, aunque ésta sea mínima (Corley 2006). Uno pensaría que contar con al menos una de estas características basta, pero no siempre es así. Por el diseño del proceso, un presidente popular y con mayoría puede ser exitoso aún con propuestas que reciban críticas.

Como se sabe, es posible que la primera terna enviada quizá no tenga éxito (como ocurrió en una ocasión con dos ternas en el último trimestre de 2012). Esto puede deberse a varios factores. El más importante, desde luego, es si el partido del presidente cuenta con mayoría en el Senado. De no ser así el proceso puede complicarse. Pero el presidente, por ser su prerrogativa el enviar propuestas, puede repetir nombres en las nuevas ternas, como de hecho ocurrió. Y entonces ser exitoso.

Ahora bien, ¿qué tanto dura la afinidad entre la persona propuesta como integrante de la Corte y el proyecto político que le propuso? Como se ha encontrado para el caso de los EUA, no tanto como se piensa, generalmente no más allá del mandato presidencial. Esto es, una vez que el presidente deje el cargo se podría observar cierto alejamiento paulatino en la afinidad entre el proyecto político y las votaciones de la persona propuesta (Krehbiel 2007).

Sin embargo, puede existir una cierta ideología previa, donde por la trayectoria se conoce que la persona propuesta en ciertos temas mantendrá una posición bastante firme, incluso a través de los años, con independencia de partidos o proyectos políticos. Podría pensarse que esto resulta más aplicable en la Corte de los EUA, pero el caso mexicano pudiera hallarse algún ministro que trabajando en el gabinete para un partido, siendo propuesto a la Corte por otro, quizá pudiera encontrar alguna relativa afinidad en algunos posibles temas con quien recién llega, que cabe mencionar, vino como propuesta de un proyecto político distinto a los otros dos.

Desde luego que estas convergencias ideológicas pudieran no observarse, porque en las decisiones judiciales intervienen un sinfín de factores, como ya se ha dicho. Pero resulta interesante considerar que también se pueden dar este tipo de fenómenos, donde proyectos políticos van y vienen, pero 15 años de duración en el cargo permiten observar cierta constancia en las decisiones.

Una pregunta inevitable es ¿resulta normal que un presidente quiera mover hasta cierto punto la orientación de la Corte para dar paso a su proyecto político? De acuerdo con la historia, sí, parece que sí. Baste recordar que durante el maximato se amplió de 11 a 16 el número de ministros, y se renovó la Corte. Lo mismo ocurrió con el entonces presidente Cárdenas, al reducir el periodo a 6 años y ampliar el número de integrantes a 21. O la citada reforma de 1995, que redujo de 21 a 11 el número de integrantes.

De hecho, aun cuando en 1917 las propuestas de potenciales ministros no venían del presidente, sino que eran formalmente presentadas por las legislaturas locales al Congreso de la Unión (esto fue lo que cambió el maximato, que fuera el entonces presidente Portes Gil quien enviara las propuestas ahora ante el Senado, ya sin la Cámara de Diputados), incluso en ese arreglo de ámbito local-federal que estuvo vigente de 1917 a 1928, era posible identificar, hasta cierto punto, a las personas más o menos afines con el presidente en turno, es decir, con Carranza, Obregón y Calles, respectivamente. Esto era algo como menos de la mitad de la Corte, entre 4 y 5 de los 11 propuestos, como lo relata Suarez-Potts (2009).

Por último, convendrá comparar los dos procesos recientes con la última renovación que le corresponda al propio presidente López Obrador, esto es, en diciembre de 2021, pues sabemos que las propuestas enviadas al inicio del mandato gozan de mayores probabilidades de éxito que las enviadas enmedio o al final. Por cierto, las características del entorno que observamos en el par de procesos de estas semanas, quizá se repetirán al inicio del mandato con quien sea titular del ejecutivo en 2024, puesto que en noviembre de ese año habrá dos vacantes, las cuales ya no le correspondarán al gobierno actual, pues su periodo terminará un mes antes.

 

 

Referencias

Botero, Catalina, Macarena Saéz y Carlos Ayala. 2019. Informe final del panel de expertos para la elección de ministra/o de la Suprema Corte de Justicia de México. (http://www.dplf.org/es/resources/informe-final-del-panel-internacional-de-expertos-para-la-eleccion-de-ministrao-de-la-0)

Corley, Pamela C. 2006. “Avoiding Advice and Consent: Recess Appointments and Presidential Power”. Presidential Studies Quarterly 36(4): 670-680.

Krehbiel, Keith. 2007. “Supreme Court Appointments as a Move-the-Median Game”. American Journal of Political Science 51(2): 231-240.

Suarez-Potts, William J. 2009. “The Mexican Supreme Court and the Juntas de Conciliación y Arbitraje, 1917-1924: The Judicialisation of Labour Relations after the Revolution”. Journal of Latin American Studies 41(4): 723-755.

 


Anular o no anular, el dilema (y sus definiciones legales)

En los últimos días se ha intensificado el debate sobre la eficacia o no del voto nulo. Más allá de la relevancia del propio debate, conviene precisar algunos conceptos que parece no están claros en la discusión. En este breve post se explicará qué implica formalmente anular el voto. Para ello, primero se analizará dónde sí y dónde no se usa el voto nulo según la LGIPE (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales) y la LGPP (Ley General de Partidos Políticos).

Reglas para denominadores (total, válida, nacional): LGIPE y LGPP

Votación Total Emitida:

VTE: Votación Total Emitida Todos los votos depositados en urnas      [art 15, 1 de la LGIPE]

La SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas señala que la Constitución ya no alude a la “votación total emitida”, pero estimó que constituye un concepto implícito en el artículo 54 constitucional. La SCJN reconoció la validez del artículo 15, párrafos 1 y 2 de la LGIPE y reafirmó que la votación total emitida es representada por todos los votos depositados en urnas.

Votación Válida Emitida:

VVE: Votación Válida Emitida VTE menos blancos, nulos, candidatos no registrados [art 15, 1 de la LGIPE]

VVE sirve para verificar el umbral del 3%  [art 94, 1, b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos]

En la VVE, los votos nulos ya NO forman parte del denominador para calcular si un partido alcanza el 3% de votación federal, requisito necesario para mantener el registro nacional. Cualquier explicación que diga lo contrario está basada en las leyes anteriores a la reforma electoral de 2014. Ahora bien, como se observa en la definición de VVE, el voto por candidatos independientes forma parte del denominador para calcular el umbral de 3% para mantener el registro.

En un artículo reciente (sobre “los mitos del voto nulo”) leí que el voto por los independientes se excluía de la VVE. Decir eso es un error. Por definición de ley, el voto por candidatos independientes forma parte del denominador para calcular el umbral de 3% para mantener el registro. Otro tema que ha surgido es que según algunos políticos, los votos nulos van en beneficio de los partidos mayoritarios. No, esto no es así. Anular el voto NO incide legalmente en el porcentaje de votos de los partidos (sean grandes o chicos) para efectos de conservar o no el registro.

Votación Nacional Emitida:

VNE: Votación Nacional Emitida VVE menos partidos sin 3% y candidatos independientes   [arts 15, 2; 437, 1; 362, 1, b) de la LGIPE]  

VNE sirve para asignar diputados de RP    [art 15, 2 de la LGIPE]

Votación Nacional Emitida: La SCJN determinó la validez de los artículos 15, párrafo 2, y 437, párrafo 1 de la LGIPE, que excluyen los votos recibidos a favor de candidatos independientes para calcular la votación nacional emitida, a efecto de calcular la asignación de diputados por RP (representación proporcional o también llamados plurinominales o pluris).

La SCJN consideró que si los candidatos independientes, por disposición legal, no participan en la asignación de diputados de RP [art 362, 1, b) de la LGIPE], lo congruente con esa exclusión es que los votos emitidos a favor de los independientes no se contabilicen en la distribución de RP.

En síntesis, es en la VNE donde ya no hay cabida para candidatos independientes, por las razones ya expuestas y no en VVE como erróneamente lo han dicho diversos analistas.

Por último, ir a votar es participar, sea votando en blanco, anulando, votando por candidatos de partido o por candidatos independientes. Quizá lo más importante sea éso, que si los ciudadanos deciden anular o no, será su derecho, pero aún en el caso de la anulación del voto dichos ciudadanos irían a votar, y éso también es participar.


Financiamiento público a partidos políticos en México: 1991 a 2015

Hace casi 35 años, cuando el financiamiento público empezó a delinearse en la ley electoral que derivó de la reforma de 1977, México no tenía elecciones razonablemente competitivas a nivel nacional y no existían muchas de las reglas que hoy conocemos sobre la contienda electoral y las complejidades del financiamiento a los partidos políticos. Debe decirse que a los partidos políticos mexicanos se les otorga financiamiento público desde 1987. Hace 28 años el principal debate no era qué harían los partidos con los fondos recibidos, sino cómo defenderían su independencia política si el ancien regimen les entregaba recursos.

El debate entonces se centró en discutir si los partidos debían o no recibir dinero del erario y si es que debían, bajo qué condiciones. Sin embargo, dicho debate fue cancelado en la práctica cuando las reglas para otorgar los fondos resultaban relativamente ajenas a la manipulación gubernamental. Una vez que fue salvada la discrecionalidad, la discusión derivó hacia la búsqueda de mecanismos que aumentaran las condiciones de equidad en la competencia electoral, pero una vez alcanzadas las elecciones razonablemente competitivas, los partidos políticos ya no volvieron a discutir cómo reducir los fondos que recibían del erario.

Si se analiza el financiamiento público federal con una de las herramientas más utilizadas por los economistas cuando presentan comparaciones entre cantidades de dinero que pertenecen a diferentes años, encontramos los llamados pesos reales o constantes. Lo que se hace en palabras llanas es agregar el efecto de la inflación a las cantidades analizadas con el fin de saber si los pesos otorgados a los partidos en 1991 por ejemplo, siguen siendo suficientes para adquirir hoy, los mismos productos que se consumían en aquella fecha, es decir, los monto recibidos en 1991 están en pesos de diciembre de 2014, es decir, ya “casi” en pesos de 2015.

En la gráfica se muestra el total de financiamiento público otorgado a los partidos políticos en pesos nominales o corrientes, es decir, en los pesos que originalmente fueron entregados (los datos de 1991 a 1996 fueron obtenidos de los acuerdos y resoluciones respectivos, mientras que los datos correspondientes al periodo 1997-2014 están disponibles aquí http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Acuerdos_del_Consejo_sobre_financiamiento/) , y en pesos de diciembre de 2014, lo que se ha etiquetado, por sencillez, como pesos 2015. Lo que se observa en la gráfica tiene sus explicaciones históricas, destacando que desde la reforma electoral de 1996 se otorgó a los partidos un monto de recursos públicos nunca antes visto en la historia electoral mexicana. Y desde entonces los debates y críticas fueron constantes. Sin embargo, la reforma electoral de 2008 no parece haber acallado las críticas a este gasto como también se aprecia al final de la serie.

También destaca que el año siguiente al de una elección resulta con montos menores. Esto puede explicarse porque, por ejemplo, la ley entre 1996 y 2007 establecía que en año electoral los recursos “se duplicarían” porque los partidos requerían fondos para las campañas electorales. Debe decirse que desde la propia elección legislativa de 2009, en virtud de la reforma de 2008, los partidos ya no gastan un solo peso en difundir propaganda por radio y televisión, pues acceden a ello a través de los coloquialmente llamados “tiempos oficiales”, espacios gratuitos que por ley los concesionarios deben otorgar al Estado, y éste los opera a través del organismo electoral. De hecho, los fondos en año electoral ya no “se duplican”, sino sólo se les otorga la mitad de su financiamiento ordinario, como ocurrió en 2012, por ejemplo.

El financiamiento creciente puede ser explicado por dos causas. La primera es que la ley establecía que la inflación era uno de los factores que la autoridad electoral debía considerar para los cálculos de financiamiento, por lo tanto a los partidos nunca se los “comió” el alza de los precios. Y la segunda consideración es que los recortes presupuestales al financiamiento para partidos fueron francamente menores cuando éstos ocurrieron, como en 2003 y 2004 por ejemplo, situaciones que terminaron siendo resueltas por el Tribunal Electoral y que hasta tesis formaron (http://www.te.gob.mx/transparencia/informes/informe_03/05_tesis/tesis_relevantes/09.html), aunque hubo un caso, el de 1998, donde el recorte al IFE fue importante y para evitar afectaciones, los diputados etiquetaron las prerrogativas partidistas, porque lo que el recorte tuvo que ser enteramente asumido por el organismo electoral. Debe decirse que el etiquetar los fondos a los partidos nunca se ha vuelto a presentar. Incluso en 2005 el IFE otorgó a los partidos un factor para aumentar en proporciones francamente menores sus fondos públicos. El aumento pareció ser bien recibido porque parece que nadie impugnó.

Es importante mencionar que las fórmulas para calcular el financiamiento público a los partidos han cambiado, desde la vieja piedra angular del sistema de financiamiento electoral mexicano que era el llamado costo mínimo de campaña. Esta cifra representaba, en pesos, un monto con el cual se podía enfrentar el gasto de una campaña “decente”, fuera para diputado, senador o presidente. A partir de este costo, la ley ordenaba sumar, multiplicar, y dividir por diversas variables para obtener el monto de financiamiento público, con base en ciertos factores “fijos” como el número de partidos en las cámaras, los días de campaña y el total de escaños. Así se construían los montos finales a repartir.

En detalle, pero sin entrar a tanta precisión, en el cálculo del financiamiento para 1994, por ejemplo, se utilizaba como base el ya desaparecido concepto de costo mínimo de campaña. El costo mínimo de diputado se multiplicaba por los 300 diputados de mayoría relativa y el costo de senador por el número de senadores a elegir. Con estas dos cifras, se hacía una división entre los votos que se obtuvieron en cada tipo de elección. El resultado se denominaba valor unitario del voto. Este valor unitario al final se multiplicaba por los votos obtenidos por cada partido y lo resultante era el dinero que le tocaba a cada fuerza política.

Para 1996 la ley cambió, y de 1996 hasta 2007 para obtener el monto de financiamiento se sumaban las cifras que derivaban de multiplicar los costos mínimos de campaña de diputado y senador por el total de diputados y senadores, y después por el número de partidos que tenían legisladores. Y además se incorporaba el costo mínimo de campaña para presidente, que se obtenía a partir del costo mínimo de campaña para diputado multiplicado por 300 distritos, y dividido entre los día que duraba la campaña para diputado, para finalmente multiplicarse por la duración de la campaña para presidente. Para 1996 desapareció de los cálculos el valor unitario del voto, incorporándose en su lugar el número de partidos como multiplicador y la obtención del costo mínimo para presidente.

Sin embargo, desde 2008 la fórmula cambió para dar paso a la multiplicación del salario mínimo por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, todo ello explicado en términos muy generales. En detalle, lo que se multiplica es el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio del año previo, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. Ese monto más un 3 por ciento de ese mismo total es lo que se entrega a los partidos políticos. Ese tres por ciento se otorga para que los partidos políticos realicen tareas editoriales, capaciten a sus militantes y realicen investigación. Estos rubros componen las llamadas “actividades específicas”, actividades que antes se pagaban como reembolso sólo si los partidos acreditaban haber realizado dichas tareas de forma legal.

Otra novedad derivada de la reforma de 2008 es que partidos políticos deberían destinar un dos por ciento de sus fondos para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Actualmente es un 3 por ciento según la reforma electoral de 2014. Por último, las franquicias postales y telegráficas ya se cuantifican, lo que anteriormente no ocurría. Esto generaba interminables discusiones sobre cómo afrontar el viejo fondo presupuestal destinado para ello, el cual se terminó antes de… 1995. El dinero para franquicias no se entrega a los partidos, en realidad representa el límite que pueden gastar por dicho concepto, límite que no existía en el pasado, cuando de 142 millones gastados en 1997 por ejemplo, el Partido Verde gastó 92 millones, ejerciendo un recurso al que tenía derecho, pero que representaba casi el 65 por ciento del gasto de todas las franquicias de ese año (ver la intervención de José Woldenberg en octubre de 1997 a este respecto aquí http://ife.org.mx/documentos/CONS-GEN/actas/091097b.htm)

El punto relevante en esta breve revisión sobre el financiamiento a los partidos en los últimos 25 años es que desde las elecciones de 2009 los partidos políticos ya no gastan un solo peso en difundir propaganda por radio y televisión. Desde 1997 sabemos que el gasto en medios representaba alrededor del 60 por ciento de todos los gastos partidistas (el famoso estudio del costo mínimo de campaña post-1997 donde me tocó participar está citado aquí http://ife.org.mx/documentos/CONS-GEN/actas/091097b.htm y por ello, creo, los diputados muy molestos con el IFE, etiquetaron las prerrogativas partidistas en 1998). Lo que uno debía esperar, como lo prometieron las élites partidistas en 2008, es que el financiamiento público decrezca significativamente porque ya no se gasta en la transmisión de los promocionales, sólo en su diseño y producción, y que de por sí ya gastaban en ello antes de las reformas.

Sin embargo, la evidencia sugiere que los fondos para los partidos apenas se redujeron 200 millones de pesos en términos reales entre las campañas presidenciales de 2006 y 2012, cuando en 2012 sabemos que la transmisión de promocionales en radio y televisión fue gratuita. En otras palabras, los partidos no sólo se ahorraron más de la mitad de lo que usualmente ya gastaban, sino que sus fondos ni siquiera se vieron mermados, digamos, a la mitad por citar una de las promesas de la reforma de 2008. Por ello se dice que la reforma electoral de 2008 en materia de financiamiento no parece haber influido significativamente, porque ni siquiera detuvo el financiamiento creciente, ya que otorgó fondos muy similares en términos reales y redujo a cero el gasto en medios.

Finalmente, sabemos que para justificar el financiamiento público a los partidos políticos, frecuentemente son usados argumentos del tipo “más dinero público reduce la posibilidad de usar fondos ilícitos”, pero ello implica olvidar que las mayores sanciones monetarias en la historia electoral de este país se han presentado precisamente durante este esquema de financiamiento creciente por fondo privados ilícitos (165 millones de dólares en multas por Pemexgate y Amigos de Fox), por lo que sería muy positivo que las reglas sobre fondos públicos destinados a los partidos políticos sí fueran analizadas en futuras reformas electorales considerando este tipo de factores, aunque como ya sabemos, la reforma electoral de 2014 ni siquiera mencionó el tema.

finan2015


Abstencionismo en elecciones federales intermedias: el México subnacional de 1979 a 2009

En los últimos 30 años, las elecciones federales intermedias han concitado, en promedio, el interés de la mitad de los ciudadanos empadronados. En este breve “post” se describirán las tendencias nacional y locales sobre el nivel de asistencia a las urnas en el México subnacional, donde el observar la riqueza de la diversidad de los comportamientos locales nos permite conocer el promedio nacional.

Las elecciones federales intermedias, es decir, aquellas donde no se ha elegido presidente, típicamente revisten un interés menor por la falta de un puesto ejecutivo, mucho más visible. El promedio nacional, que se muestra en la gráfica 1, revela que las elecciones de 1979, 2003 y 2009 tuvieron la menor asistencia ciudadana, esto es, 47, 41 y 44 por ciento, respectivamente. Las elecciones intermedias de la década perdida (1980s), esto es las de 1985 bajo Miguel de la Madrid, las de la mitad del gobierno de Salinas y las de Zedillo han sido las más concurridas, con 52, 64 y 56 por ciento respectivamente.

Gráfica 1

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Desde la Ciencia Política se han elaborado diversas explicaciones al fenómeno sobre la participación y el abstencionismo en las elecciones en general, y en las elecciones intermedias en particular. Dado que la tendencia del promedio nacional se compone de la diversidad que existen en el plano subnacional, es decir en las unidades territoriales menores, en este caso, entidades federativas, resulta provechoso estudiar la asistencia a las urnas desde una óptica subnacional.

Bien se sabe que la dinámica de la competencia local puede aumentar la participación ciudadana en las elecciones federales. Por ejemplo, no es disparatado suponer que aquellas entidades donde se elija gobernador en el mismo año que se celebren las elecciones federales intermedias, esa boleta adicional para gobernador podrían incrementar la asistencia a las urnas en el estado que corresponda. Debe destacarse entonces que en 2015 serán 9 gubernaturas las que estarán en juego.

La gráfica 2 muestra el porcentaje de asistencia a las urnas en las elecciones federales intermedias para cada entidad federativa desde 1979 hasta 2009. Se ha agregado una línea horizontal de color rojo que indica 50 por ciento, puesto que esa cifra es el promedio de participación ciudadana en el periodo de 30 años que ahora se analiza.

 

Gráfica 2

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De las gráfica 2 destaca la gran variación en las tendencias estatales, donde por ejemplo, el caso de Baja California es diferente a Campeche, pues en el primero la asistencia a las urnas se ha venido reduciendo drásticamente, incluso por debajo de los 40 puntos, mientras que en el segundo, en Campeche, la asistencia no ha decaído ni al 60 por ciento.

La variación puede clasificarse en al menos tres grupos:

a) Entidades donde en los últimos treinta años vota la mitad de los ciudadanos empadronados. Por ejemplo, Campeche, Colima, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán.
b) Entidades donde la tendencia conforme pasa el tiempo es hacia la baja, como en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, DF, Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
c) Entidades cuya asistencia a las urnas oscila alrededor del 50 por ciento, como en Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz.

En síntesis, el estudio de la asistencia a las urnas ha de pasar necesariamente, como se argumenta en este post, por el análisis de las unidades territoriales inmediatamente menores al país como un todo, es decir, por los estados. De las ventajas del análisis subnacional se platicará en otro momento. Por ahora, baste decir que al tomar en cuenta unidades territoriales menores, quien investiga puede observar un mayor número de casos y una mayor variación en la información. Esta diversidad subnacional es la que permite enriquecer e ilustrar las explicaciones sobre los fenómenos políticos, como en este caso, la tendencia de la participación ciudadana, entendida para estos fines como asistencia a las urnas.

 


Los diputados plurinominales hacia 2015: antes que 200 o 100, ¿cómo se cuentan los votos?

A raíz de la propuesta del PRI para reducir los diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional, de 200 a 100 en diputados y de 32 a cero en el Senado, se ha empezado a comentar si existe o no un efecto en la redistribución de 200 a 100 diputados de lista.

Hay quienes dicen que no, que contar con sólo 100 plurinominales no altera los porcentajes de curules de cada partido, como lo explica Javier Aparicio (http://www.excelsior.com.mx/opinion/javier-aparicio/2014/08/23/977721) y en términos similares también lo señala Javier Márquez (http://javier-marquez.com/2014/08/22/para-discutir-la-reduccion-del-congreso/).

Estos puntos interesantes quizá dejan de lado una discusión no menos importante: las reglas para distribuir diputados federales plurinominales que tuvimos en 2012, ya no serán iguales para 2015. Y parece que el impacto de estas reglas nuevas no es trivial.

Por ejemplo, el umbral ya no es el mismo, entre otros numerosos aspectos, como habíamos discutido en un “post” anterior (https://alejandrodiazd.wordpress.com/2014/08/01/sobre-la-distribucion-de-escanos-plurinominales-en-mexico/). Antes, todavía en 2012, para conservar el registro un partido debía alcanzar el 2 por ciento. Para 2015 deberá alcanzar el tres. Más aún, el denominador para calcular ese porcentaje también ha cambiado. Hasta 2012 el denominador eran todos los votos depositados en urnas y adicionalmente, los votos para los candidatos en común se repartían igualitariamente entre los partidos coaligados. El viejo artículo 295 del COFIPE, en su párrafo 1, inciso c) señalaba que los votos que eran para los candidatos postulados por dos o más partidos se dividían por partes iguales. Para 2015 esto ya no será así.

Para 2015 a todos los votos en urnas se les restarán los votos nulos, en blanco y por candidatos no registrados, pues el artículo 15, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la votación válida emitida es “la que resulta de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados”. Adicionalmente, el artículo 87, párrafo 13 de la Ley General de Partidos Políticos establece que “los votos en que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas”.

Esto implica que el denominador para calcular el umbral del tres por ciento será menor, pues no se incluirán ni los nulos, ni los votos por candidatos no registrados, pero en el numerador tampoco podrán incluirse los votos derivados de coaliciones, con lo que el umbral de tres por ciento pudiera convertirse en un verdadero reto para los partidos que opten por aliarse.

Esto significaría, que por ejemplo, los alrededor de 2.8 millones de votos que se computaron para el PVEM en 2012 no serían los votos a dividir entre el nuevo denominador. No. En 2012, de este gran total, el PVEM obtuvo casi 1.8 millones de votos derivados de la coalición. Estas cifras provenían de la votación para los candidatos comunes que PVEM y PRI postularon, alrededor de 3.7 millones, que al dividirse entre los dos partidos arroja esos 1.8 millones de votos. Sin embargo, hoy esa regla ya no existe.

Entonces, los votos que servirían para verificar el registro del PVEM sólo serían alrededor de 960 mil. Los que obtuvo por sí mismo. Con ello, obtendría 2.3 por ciento. No alcanzaría a mantener su registro. Este efecto podría repetirse en MC y NA, pues sólo alcanzarían 2.4 y 2.8 por ciento respectivamente. Todo esto puede deberse en buena medida a que casi 15 de cada cien votos depositados en urnas en 2012 provenían de partidos coaligados, es decir, boletas donde los ciudadanos tacharon las opciones políticas coaligadas y no un solo emblema partidista.

En síntesis, las 21 curules que los Javieres, Aparicio y Márquez, asignan a PVEM, MC y NA cuando asumen los posibles 100 diputados plurinominales presentan un detalle: se irían a partidos que quizá no obtengan registro, si, como en este caso, se asumen votos 2012 bajo las nuevas reglas para 2015, que serán las que en realidad se utilizarán –al menos hasta ahora.

Desde luego falta que la Suprema Corte resuelva las impugnaciones pendientes sobre la constitucionalidad de la reforma electoral y aun con ello, faltará conocer cómo el Tribunal Electoral interpretaría las nuevas reglas, como ocurrió con la reciente elección local en Nayarit y la distribución de diputados plurinominales locales (https://alejandrodiazd.wordpress.com/2014/08/17/hacia-la-asignacion-de-diputados-plurinominales-en-2015-el-caso-nayarit-de-2014/). Una vez que todo ello ocurra, conoceremos qué les depara el destino a los votos por el candidato de una coalición: si se dividen igualitariamente entre los partidos coaligados, como ocurría antes, o si persiste la nueva regla, donde esos votos ya no se pueden redistribuir entre partidos. Entonces ya veríamos si son 200 o 100 pluris, o si, como a veces también ocurre, finalmente no pasa nada.


Hacia la asignación de diputados plurinominales en 2015: el caso Nayarit de 2014

En este “post” se repasará lo decidido este sábado 16 de agosto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a asignación de diputados por el principio de representación proporcional en el estado de Nayarit.

El Tribunal decidió que se debe utilizar el criterio establecido en el artículo 116, fracción II de la Constitución que establece un límite de 8 puntos en sub / sobrerepresentación para los partidos políticos, respecto de su porcentaje de votación y el porcentaje de curules.

Esto significa para la sobrerepresentación, que si un partido obtiene 30% de los votos, no puede obtener 38.1% de las curules, sólo hasta 38%. Para la subrepresentación, si un partido obtiene 30% de los votos, lo menos que debiera obtener es el 22% de curules pero nunca el 21.9%.

Para que la representación siga estos dos límites, uno superior y otro inferior, algo así como un “+ – 8%”, las autoridades electorales deben ajustar la distribución de diputados plurinominales, dado que los triunfos de mayoría (esto es, los obtenidos en cada distrito) no son susceptibles de modificarse una vez validados por los tribunales.

La Sala Superior del Tribunal Electoral decidió que los criterios de sub / sobrerepresentación publicados el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial, dentro de la reforma constitucional en materia electoral, deben emplearse desde ya. Como se sabe, el proceso electoral en Nayarit empezó antes de febrero de 2014, por lo que quedaba la duda si se podía utilizar una regla nueva para un proceso electoral en marcha.

El Tribunal Electoral resolvió que si la regla nueva proviene de una reforma constitucional donde no se alteran los procedimientos para votar, sino únicamente se dan criterios generales para que al final de todo el proceso se traduzcan de la mejor manera los votos en curules, esto es, que tanto votos como curules no se alejen en más de ocho puntos, entonces, en este paso final, consideró el Tribunal, sí se debe permitir utilizar una regla nueva para cerrar un proceso electoral que arrancó previamente.

En un “post” previo se hizo referencia al marco teórico e histórico de la representación proporcional en México (https://alejandrodiazd.wordpress.com/2014/08/01/sobre-la-distribucion-de-escanos-plurinominales-en-mexico/).

Ahora se reproduce (o como decimos en Ciencia Política “se replica”) el cálculo del Tribunal. Entonces, ¿cómo se efectúa el cálculo para asignar diputados bajo las reglas nuevas? Dice el Tribunal en la sentencia SUP-REC-892/2014 emitida el sábado 16 de agosto de 2014 (http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0892-2014.pdf): “de los datos extraídos del cómputo y la asignación de diputados de representación proporcional realizados por el Consejo Local se advierte la sobre-representación de la coalición Por el Bien de Nayarit [conformada por PRI-PVEM-NA], que excede el límite de sobre representación previsto en la fracción II, párrafo tercero, del artículo 116 de la Constitución”. Aquí el Tribunal coloca un cuadro similar a éste:

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El Tribunal señala que como existe sobrerepresentación mayor a los ocho puntos, entonces, procede a recomponer el cálculo. “Al ajustar la asignación aplicando las reglas de la normativa local para dicha asignación, se obtiene:”

“i. Asignación a los partidos que obtengan cuando menos el 1.5% de la votación total estatal”

“El artículo 26 de la Constitución del Estado de Nayarit señala que el Congreso del Estado se integrará por dieciocho diputados electos por mayoría relativa y hasta doce diputados electos por representación proporcional.” Y es aquí donde a todos los partidos que rebasan el 1.5% de la votación, por ese mero hecho, les toca un diputado. Debe notarse, por ejemplo, que el único partido que no alcanza ese umbral o porcentaje mínimo es el PRS, que apenas obtuvo 1.16% de todos los votos.

“ii. Votación estatal obtenida por los partidos políticos o coaliciones”

“Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I, del citado código comicial, se sumará la votación obtenida por los partidos políticos que continúan concurriendo a la asignación […] donde se excluye a la coalición Por el Bien de Nayarit, ya que dicha coalición obtuvo catorce diputaciones por el principio de mayoría relativa, y una por el principio de representación proporcional, lo cual implica que cuenta con un total de quince diputados, con lo que alcanza el límite de sobre-representación permitido por la Constitución federal, ya que de asignarle una diputación más estaría sobrepasando el límite de ocho por ciento de sobre-representación permitido…” Es aquí donde el Tribunal revisa si ese diputado extra que se le otorga al PRI-PVEM-NA por el mero hecho de obtener 1.5% de los votos le hace rebasar o no el límite de ocho puntos de sobrepresentación. Lo que se encuentra es que un diputado plurinominal extra no rebasa dicho límite, pues se queda en 6.51%, pero si se le asignaran dos sí excedería los ocho puntos, pues llegaría al 9.84%, como se muestra en un cuadro similar a éste:

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“iii. Cociente de asignación”
“De acuerdo con lo previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley Electoral de Nayarit, el resto de los diputados a distribuir, se hará conforme al cociente de asignación, el cual se obtiene de dividir la votación para asignación entre el número de curules pendientes por asignar; en este caso, siete. El cociente de asignación es 34022”.

“De acuerdo a lo previsto en la fracción III, del citado precepto legal, se dividirá el total de la votación obtenida por cada partido político entre el cociente de asignación a efecto de determinar el número de veces que contiene su votación estatal obtenida en dicho cociente […] se asignará un diputado a cada uno de los partidos políticos o coaliciones considerando el número de veces que contenga su votación estatal en el referido cociente”.

“El número restante de diputados, esto es dos, se distribuirán conforme al resto mayor, esto es, el remanente de votos más alto obtenido por cada partido político después de aplicar el cociente de asignación. De esta forma, al ser los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano quienes tienen el resto mayor más alto respectivamente, las diputaciones pendientes de asignar les corresponden a ellos”. Y todas estas operaciones se sintetizan en esta tabla, la cual “resume” los múltiples cuadros presentados por el Tribunal. Nótese que siguiendo la vieja escuela, en mis cuadro aún utilizo enteros, cuando la sentencia del Tribunal, más moderna, ya emplea decimales para asignar restos mayores.

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Una vez que se han efectuado todos los cálculos, ésta sería la asignación final, donde PRI-PVEM-NA ya no exceden los ocho puntos y nadie está por debajo de esos ocho puntos. Esta nueva distribución ya se ajuste a los límites establecidos en el artículo 116, fracción II de la Constitución, el ya referido “+- 8%”.

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Quedará para un futuro “post” analizar cómo efectuar el cálculo para el ámbito federal. Como se puede apreciar, ya se van dando pasos en esa dirección. Por ahora queda repasar esta sentencia y pensar en los escenarios por venir.


La reforma electoral de 2013 y la “anulación” de los votos nulos…

¿Qué pasaba antes si se anulaba un voto? La respuesta dependía del número de votos nulos. Durante los últimos 25 años, los votos nulos sólo tuvieron una función legal: ser contabilizados para conocer el total de votos depositados en urnas y con ello determinar qué partidos obtenían el umbral necesario para mantener el registro, que fue del 1.5 por ciento en 1991 y 1994; 2 por ciento de 1997 a 2012; y 3 por ciento de 2015 en adelante.

De acuerdo con la última reforma electoral de 2013 (http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-12-13-1/assets/documentos/Dictamen_reforma_politica.pdf) los votos nulos, en blanco, o por candidatos no registrados carecen de toda importancia legal. La explicación es simple. El nuevo artículo 41, fracción I, cuarto párrafo de la reforma constitucional de diciembre de 2013, que aún está pendiente de ser avalada por la mitad más una de las legislaturas de los estados, establece de que “el partido político nacional que no obtenga al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso, le será cancelado el registro”.

En otras palabras, las cuentas del tres por ciento deberán hacerse “sobre los votos declarados válidos”, pues los votos de cada partido se dividirán entre la suma de los votos de todos pero después de eliminar los votos nulos, en blanco y por candidatos no registrados. Esto implica que el denominador se reduce, pues ya no se tomarían en cuenta los votos nulos (antes de esta reforma sí se consideraban todos los votos en el denominador, la así llamada “votación total emitida”).

Si bien los votos nulos nunca fueron utilizados para repartir diputados, calcular financiamiento o tiempos en medios de comunicación de manera directa, sí incidían en el momento de determinar si una organización política alcanzaba el umbral para mantener el registro partidario, y si lo obtenía, con los votos de los partidos que sobrevivían se conforma un nuevo total y ese nuevo total servía de base para todas las cuentas que las leyes y reglamentos establecían para repartir diputados, dinero y tiempos en radio y televisión. Por todo ello, ese partido que sobrevivía tenía derecho a diputados plurinominales y a financiamiento público, acceso a radio, televisión y un largo etcétera.  Pero ¿qué ocurría si un partido no alcanzaba el mínimo necesario? Al perder el registro, ese partido dejaba de tener derecho a diputados, financiamiento y acceso a medios, debiendo informar del dinero y bienes existentes, atender las auditorías y pagar deudas. Aunque la regulación sobre las consecuencias de la pérdida de registro no ha cambiado, sí llama la atención que anular el voto, que antes tenía un impacto legal, hoy, con la nueva reforma electoral ya no lo tiene.

Desde luego que técnicamente, los votos por candidatos no registrados son legales y se deben computar sin distinguir nombres; en tanto que los votos en blanco técnicamente son votos nulos. Y los votos nulos como tal, se definen como aquellos donde el elector tacha dos o más partidos que no están aliados. Desde luego la ley no distingue entre anulación intencional o no.

El efecto de votos nulos, en blanco o por candidatos no registrados hasta 2013 pudo ser 1) influir en la pérdida de registro de partidos políticos –básicamente los minoritarios-; 2) con menos partidos diputados, dinero y tiempos de los partidos que no alcanzaron registro se iban a los partidos sobrevivientes; y 3) sólo si el número de votos nulos era increíblemente alto, varios partidos perdían su registro. Las tres consecuencias estaban en función del número de votos nulos. Veamos.

La primera consecuencia. Por ejemplo, sea una elección con un total de 100 votos depositados en las urnas y un partido, el partido del rombo, que obtuvo dos votos. De acuerdo con la ley vigente hasta 2012, el partido del rombo mantenía su registro y tendría derecho a diputados, dinero, etcétera. Ahora imaginemos esa misma elección con 101 votos, debido a un elector adicional que “harto del sistema” anula su voto. ¿Pasa algo? Ningún partido recibió votos adicionales y algunos dirían que “se desperdició” un voto. Sin embargo, sí existen dos efectos en este ejemplo: a) el partido del rombo perdería su registro, porque 2 votos entre 101 es igual a 1.98%; y b) los diputados que recibiría el partido del rombo ahora se repartirán entre los partidos restantes. (La única forma de no observar esta consecuencia sería que nuestro elector 101 votara por el partido del rombo). La pregunta es si esto ha ocurrido en la realidad, y sí, fue el caso de DS en 2000, como se aprecia en esta historia de las pérdidas de registro compilada por el IFE (http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Historico_sobre_perdida_de_registro/;jsessionid=3D2vScnT9jzTQ6y9CbrBJlWKZCMCQ2xXQQGBpvnyGnDf840Fphkv!1941664640!NONE)

La segunda consecuencia es automática, es decir, los diputados se reparten entre las demás fuerzas que sí sobreviven, con clara ventaja para los partidos mayoritarios pero por razones de fórmulas.

La tercera consecuencia. La probabilidad de que el número de votos nulos fueran tan alto que nadie mantenga su registro es prácticamente cero, pero era una posibilidad claramente establecida en la ley previa. Matemáticamente es simple: alrededor de 68 millones de electores anulando su voto forzarían a la desaparición de todos los partidos políticos asumiendo un umbral del dos por ciento. Hoy, con la nueva reforma electoral no importa si un millón u ochenta millones anulan su voto. Esos nulos ya no afectan al umbral del registro partidario, que siempre ha estado por debajo de la proporción de nulos, como se aprecia en la gráfica.

Desde luego observar que más de 68 millones de electores anulen su voto (¡alrededor del 85 por ciento del padrón en 2012!) es algo que francamente no va a ocurrir, simplemente por la menor asistencia a las urnas que se observa desde 1994 como se documenta en este sitio del IFE (http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Participacion_Ciudadana/).  El punto es que hoy ni siquiera se puede suponer un escenario de anulación masiva de votos que elimine partidos del sistema, porque aún cuando esto se observara, con la nueva reforma de 2013 la anulación masiva ya no tendría ninguna consecuencia legal.

Así visto, los votos nulos, en blanco o por candidatos no registrados que sí tenían un solo efecto legal hasta 2012, el de potencialmente influir en si los partidos políticos mantenían o no su registro, hoy ya no importan más allá de una mera manifestación de posición política, pues hasta ese efecto legal se ha desvanecido con la nueva reforma electoral.

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Posibles nuevos partidos y el nuevo umbral del tres por ciento

De las 52 organizaciones que notificaron su intención de obtener el registro como partidos políticos nacionales, diez se desistieron y otras diez no cumplieron con los requisitos iniciales, por lo que para noviembre de 2013 restaban 32 organizaciones. Sin embargo, la atención de medios y analistas se ha centrado en un solicitante, el Movimiento de Regeneración Nacional, también conocido como MORENA.

Para obtener el registro como partido político se deben cumplir varios requisitos (el instructivo es éste: http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-PartidosPoliticosFormacion/PPEnFormacion-docs/Instructivo-RegPartidosPoliticos.pdf). Uno de ellos, según el artículo 28 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es haber celebrado por lo menos 20 asambleas estatales, o bien, al menos 200 asambleas distritales, según la vía que decida cada organización. Según el último informe del IFE disponible (http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-PartidosPoliticosFormacion/PPEnFormacion-docs/Quinto_Informe.docx) MORENA había realizado 23 asambleas estatales, mientras que otras organizaciones habían celebrado apenas dos o menos asambleas. Para aquellas organizaciones que decidieron la vía de las 200 asambleas distritales, “Encuentro Social” llevaba 166 y el “Frente Humanista” 109. De todo ello se puede suponer que existen al menos dos organizaciones que pudieran aspirar seriamente al registro, MORENA y Encuentro Social.

Otro requisito es el relativo a los afiliados, un total de 219,608, que corresponde al 0.26% del padrón electoral (según el corte del primero julio de 2012). Estos afiliados pueden provenir tanto de las propias asambleas como de ciudadanos que se registran en el futuro partido sin haber acudido a éstas. Para ello llenan un formato de afiliación, donde asientan datos tales como nombre, domicilio, municipio, estado, clave de elector y su firma. Respecto al requisito de los 220 mil afiliados, al 8 de diciembre de 2013 MORENA llevaba en números redondos 107 mil, Encuentro Social 63 mil, y el Frente Humanista 41 mil, es decir, sólo contando las afiliaciones obtenidas en las asambleas, pero faltando las afiliaciones obtenidas fuera de éstas. Las afiliaciones adicionales deberán entregarse al IFE este 31 de enero.

Como uno puede imaginar, tanto PT como MC (antes Convergencia) deben estar al tanto de las afiliaciones de MORENA, pues desde 2009 Andrés Manuel López Obrador estuvo trabajando en la posible creación de su partido, pero en aquél entonces intercambiaba su imagen y presencia pública por votos a favor del PT y MC, lo que resultó más o menos beneficioso para los tres (recuérdese el caso de Iztapalapa en 2009). Hoy, la situación es diferente, pues muchos votantes obradoristas provendrán del PRD, del PT y del MC, y de ese universo, algunos optarán por afiliarse a MORENA. De ahí que PT y MC hayan lanzado campañas recientes de afiliación.

Esto no es menor, porque según lo ha definido el Tribunal Electoral, un ciudadano sólo se puede afiliar a un partido político, por lo que la doble afiliación es inválida (ver la jurisprudencia aquí http://www.te.gob.mx/transparencia/informes/informe_03/05_tesis/tesis_jurisprudencia/12.html). De hecho, el formato de afiliación señala para quienes estuvieron afiliados a otro partido “en este acto renuncio a mi afiliación previa a cualquier otro partido político”. Ello podría restar militantes al PT, a MC y al PRD, aunque quien pareciera más preocupado es el PT, según se deduce de los comerciales que se ahn visto durante los últimos fines de semana en el medio tiempo de los partidos de fútbol (si usted se preguntaba a qué se debían esos comerciales, ésta es una posible respuesta).

Ahora, suponiendo que al menos MORENA lograra el registro, debe recordarse que todo ello será relevante si y sólo si el partido político en cuestión obtiene el porcentaje de votos necesario para conservar su registro en las elecciones de 2015.

El nuevo artículo 41, fracción I, cuarto párrafo de la reforma constitucional de diciembre de 2013, que aún está pendiente de ser avalada por la mitad más una de las legislaturas de los estados, establece de que “el partido político nacional que no obtenga al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso, le será cancelado el registro”. La minuta del Senado decía “total emitida” (todos los votos depositados en urnas) mientras que la nueva redacción de la Cámara de Diputados ya optó por “válida emitida” (después de eliminar nulos, blancos y candidatos no registrados), por lo tanto, como lo explica la exposición de motivos del Dictamen final aprobado por el Senado (http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-12-13-1/assets/documentos/Dictamen_reforma_politica.pdf) en su página 12 y el texto en su redacción final en la página 25, las cuentas del tres por ciento deberán hacerse “sobre los votos declarados válidos”. En otras palabras, los votos de cada partido se dividirán entre la suma de los votos de todos pero después de eliminar los votos nulos, en blanco y por candidatos no registrados. Esto implica que el denominador se reduce, pues ya no se tomarían en cuenta los votos nulos (antes sí se consideraban todos los votos en el denominador, en la así llamada “votación total emitida”).

Ahora, esta modificación del umbral en tres por ciento para que los partidos conserven su registro ¿ya se utilizará en 2015? Todo indica que sí. El transitorio cuarto de la reforma (página 67 del dictamen del Senado) en su penúltimo párrafo señala “la adición relativa al porcentaje de votación necesaria para que los partidos políticos conserven su registro entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente decreto”. Y según parece este decreto podría ser aprobado por las legislaturas locales en las próximas semanas…

Las implicaciones prácticas son relativamente simples de analizar. Un partido nuevo debe sobrevivir por sí mismo, pues desde la reforma electoral de 2003 la ley impedía a los partidos nuevos coaligarse o fusionarse al participar en su primera elección, lo cual fue validado por la Suprema Corte en marzo de 2004. La reforma de 2013 recupera esta regulación y ello significa que MORENA no puede coaligarse. Como se sabe, son pocos los partidos que en solitario han conservado su registro. La pérdida de registro de partidos políticos en México para el periodo 1991-2009 se detalla en este texto del propio IFE (http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Historico_sobre_perdida_de_registro/;jsessionid=3D2vScnT9jzTQ6y9CbrBJlWKZCMCQ2xXQQGBpvnyGnDf840Fphkv!1941664640!NONE)

Debemos recordar que en los últimos 35 años hemos tenido alrededor de una veintena de partidos nuevos (algunos totalmente nuevos y otros han regresado con nombres diferentes) y que de ellos, sólo 7 han salvado su registro por sí mismos en el primer intento: PCM, PST y PDM en 1979, PRT en 1982 y PMT en 1985. Después el PASC y el PANAL en 2006.

Dos de los partidos llamados “chicos” que obtuvieron registro por sí mismos, lo lograron hasta 1994: el PT y el Verde, pero después de un primer intento fallido en 1991. Recordemos que gracias a las coaliciones de 2000, tres de los seis partidos nuevos nacidos en 1999 (MC que antes era Convergencia, el PDM ya convertido en PAS, y el infame PSN) lograron sobrevivir a la primera elección, pero los otros tres que participaron solos no conservaron su registro (el PCD de Camacho, Democracia Social de Rincón Gallardo, y el PARM “abandonado” por Muñoz Ledo para irse con Fox).

Remontándose a la primera elección celebrada bajo la reforma de 1977, la de 1979 donde el Partido Comunista participó legalmente por vez primera, el PCM obtuvo 4.9%, mientras que PPS y PARM alcanzaron 2.6 y 1.8 respectivamente. En tanto, PST y PDM obtuvieron 2.1%. Estas cifras les dieron el registro definitivo, cuyo umbral era del 1.5 por ciento. Si a todos estos partidos les hubiera tocado la nueva regla del tres por ciento, sólo la izquierda independiente lo hubiera logrado. Un escenario similar se hubiera observado en 1982 y en 1985, mientras que en 1988 todos los partidos del Frente Democrático Nacional excedieron los tres puntos, y sólo el PDM no hubiera alcanzado el tres por ciento.

En la época moderna si se hubiera aplicado la regla del tres por ciento, para 1991, seguirían PAN, PRI, PRD y PFCRN (4.1) –debe decirse que el PFCRN era también llamado “el partido del ferrocarril” por la pronunciación de sus nuevas siglas, pero en realidad era el viejo PST que aprovechó el “boom” cardenista y se cambió el nombre. En ese 1991, se hubieran ido el PPS, el PARM, el PDM, el PRT, Verde y PT (que volverían en parte, gracias a la figura del registro condicionado que sólo les pedía uno por ciento).

Para 1994, según la regla del tres por ciento, seguirían PAN, PRI, y PRD. Pero hubieran salido del sistema partidista PPS, PFCRN, PARM, PDM, PT (2.8) y Verde. Para 1997 usando los tres puntos quedarían PAN, PRI, PRD y Verde (3.8), pero no hubieran resistido el PFCRN, el PT (2.5), PPS y el PDM (que regresaría en 2000 con otro nombre, el PAS). En 2000 seguirían con tres o más puntos el PAN, PRI, PRD, PT (3.6) y Verde (6). Pero no MC (que antes era Convergencia), el PAS, el infame PSN, DS, el PARM, y el PCD.

En 2003, de haberse aplicado esta nueva regla de los tres puntos, seguirían el PAN, PRI, PRD y Verde (6.5). Pero no el PT (2.6), MC (2.4), el PAS, el infame PSN (que se robó todos los fondos públicos que le tocaban ese año y desapareció con ellos), el PARM, Fuerza Ciudadana de Jorge Alcocer, MP (México Posible, que era la nueva versión de Democracia Social) y el PLM (que se dice era de los masones). Para 2006, empleando el umbral del tres por ciento, hubieran quedado el PAN, PRI, PRD, PT (5.9), Verde (6.6), MC (5.3), y el PANAL (4.6) ya en su primera elección. Pero en ese convulsionado 2006 bajo esta nueva regla no hubiera sobrevivido el PASC (2.1), que provenía de lo que fue Democracia Social y México Posible más adiciones de un ala campesina y el “Dr Simi”. Por último, para 2009 quedarían el PAN, PRI, PRD, PT (3.9), Verde (7.2), y el PANAL (3.7). No hubieran resistido MC (2.6) y el ahora llamado PSD (que venía de lo que fue DS, MP, y el PASC). Destaca que en 2012 hubieran sobrevivido con tres o más puntos todos los partidos: PAN, PRI, PRD, PT (4.8), Verde (6.4), PANAL (4.3) y MC (4.2).

En síntesis, con tres puntos o más, además del PAN, PRI, y PRD, destaca el Verde, que ha obtenido los ansiados tres  o más puntos desde 1997 (fuera solo o coaligado). También debe decirse que el PT ha obtenido tres o más puntos desde 2000 (excepto en 2003), fuera solo o coaligado. Por su parte, MC ha obtenido tres o más puntos en 2006 y 2012, pero no en 2009. De hecho en 2003 y 2000 tuvo menos de tres puntos. Finalmente, el PANAL siempre ha obtenido más de tres puntos en sus tres elecciones de vida. Por todo ello puede decirse que PT y MC podrían ser los más preocupados en que eventualmente se agregue un nuevo partido al sistema, en este caso MORENA, puesto que como ya vimos, tal vez PT y MC corran el riesgo de perder militantes, y por ende, algunos votos. Por otro lado, un reto importante para MORENA, si obtiene el registro, es alcanzar ese umbral de tres puntos cuyo denominador ya será menor, al no ser considerados los votos nulos. Con todo, se vislumbran meses interesantes para el sistema electoral y de partidos en México.

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Financiamiento público a partidos en México: ¿un barril sin fondo?

El pasado 14 de enero el Instituto Federal Electoral aprobó los montos de financiamiento público a los partidos políticos para 2014. Este es el tema que ocupa el comentario de hoy, ¿el financiamiento público a los partidos políticos en México es un barril sin fondo? Se analiza brevemente el paso de las reformas electorales en este tema y se muestran los datos del financiamiento público total a los partidos políticos en México desde 1991 hasta 2014.

 

Hace casi 35 años México no tenía elecciones razonablemente competitivas a nivel nacional y no existían muchas de las reglas que hoy conocemos sobre la contienda electoral y las complejidades del financiamiento a los partidos políticos. Debe decirse que a los partidos políticos mexicanos se les otorga financiamiento público desde 1987, pero el financiamiento público estaba previsto en la ley electoral desde la reforma electoral de 1977. Hace 27 años el principal debate no era qué harían los partidos con los fondos recibidos, sino cómo defenderían su independencia política si el ancien regimen les entregaba recursos. El debate entonces se centró en discutir si los partidos debían o no recibir dinero del erario y bajo qué condiciones. Sin embargo, dicho debate fue cancelado en la práctica cuando las reglas para otorgarlos resultaban relativamente ajenas a la manipulación gubernamental. Una vez que fue salvada la discrecionalidad, la discusión derivó hacia la búsqueda de mecanismos que aumentaran las condiciones de equidad en la competencia electoral, pero una vez alcanzadas las elecciones razonablemente competitivas, los partidos políticos nunca volvieron a discutir cómo reducir los fondos que recibían del erario.

 

Si se analiza el financiamiento público federal con una de las herramientas más utilizadas por los economistas cuando presentan comparaciones entre cantidades de dinero que pertenecen a diferentes años, encontramos los llamados pesos reales o constantes. Lo que se hace en palabras llanas es agregar el efecto de la inflación a las cantidades analizadas con el fin de saber si los pesos otorgados a los partidos en 1991 por ejemplo, siguen siendo suficientes para adquirir hoy, los mismos productos que se consumían en aquella fecha, es decir, los monto recibidos en 1991 están en pesos de diciembre de 2013, ya “casi” 2014.

 

En la gráfica 1 se muestra el total de financiamiento público otorgado a los partidos políticos en pesos nominales o corrientes, es decir, en los pesos que originalmente fueron entregados (los datos de 1991 a 1996 fueron obtenidos de los acuerdos y resoluciones respectivos, mientras que los datos correspondientes al periodo 1997-2013 están disponibles aquí http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Acuerdos_del_Consejo_sobre_financiamiento/) , y en pesos de diciembre de 2013, lo que se etiquetado, por sencillez como pesos 2014. Lo que se observa en la gráfica tiene sus explicaciones históricas, destacando que desde la reforma electoral de 1996 se otorgó a los partidos un monto de recursos públicos nunca antes visto en la historia electoral mexicana. Y desde entonces los debates y críticas fueron constantes. Sin embargo, la reforma electoral de 2008 no parece haber acallado las críticas a este gasto como también se aprecia al final de la serie.

 

También destaca que el año siguiente al de una elección resulta con montos menores. Esto puede explicarse porque, por ejemplo, la ley entre 1996 y 2007 establecía que sólo en año electoral los recursos “se duplicarían” pues los partidos debían erogar en las campañas electorales. Debe decirse que ya desde la propia elección legislativa de 2009, en virtud de la reforma de 2008, los partidos ya no gastan un solo peso en difundir propaganda por radio y televisión, pues acceden a ello a través de los coloquialmente llamados “tiempos oficiales”, espacios gratuitos que por ley los permisionarios y concesionarios deben otorgar al Estado, y éste los opera a través del organismo electoral. De hecho, los fondos en año electoral ya no “se duplican”, sino sólo se les otorga la mitad de su financiamiento ordinario, como ocurrió en 2012, por ejemplo.

 

El financiamiento creciente puede ser explicado por dos causas. La primera es que la ley establecía que la inflación era uno de los factores que la autoridad electoral debía considerar para los cálculos de financiamiento, por lo tanto a los partidos nunca se los “comió” el alza de los precios. Y la segunda consideración es que los recortes presupuestales al financiamiento para partidos fueron francamente menores cuando éstos ocurrieron, como en 2003 y 2004 por ejemplo, situaciones que terminaron siendo resueltas por el Tribunal Electoral y hasta tesis formaron (http://www.te.gob.mx/transparencia/informes/informe_03/05_tesis/tesis_relevantes/09.html), aunque hubo un caso, 1998, donde el recorte al IFE fue importante y para evitar afectaciones, los diputados etiquetaron las prerrogativas partidistas, porque lo que el recorte tuvo que ser enteramente asumido por el organismo electoral. Debe decirse que el etiquetar los fondos a los partidos nunca se ha vuelto a presentar. Incluso en 2005 el IFE otorgó a los partidos un factor para aumentar en proporciones francamente menores sus fondos públicos, pero el aumento pareció ser bien recibido porque parece que nadie impugnó. Desde luego la historia de los fondos destinados al IFE también merece su propio espacio por sus incrementos y la controversia que se ha generado en los últimos años, pero sigamos con el financiamiento público a los partidos.

 

Es importante mencionar que las fórmulas para calcular el financiamiento público a los partidos han cambiado, desde la vieja piedra angular del sistema de financiamiento electoral mexicano que era el llamado costo mínimo de campaña. Esta cifra representaba, en pesos, un monto con el cual se podía enfrentar el gasto de una campaña “decente”, fuera para diputado, senador o presidente. A partir de este costo, la ley ordenaba sumar, multiplicar, y dividir por diversas variables para obtener el monto de financiamiento público, con base en ciertos factores “fijos” como el número de partidos en las cámaras, los días de campaña y el total de escaños. Así se construían los montos finales a repartir.

 

En detalle, pero sin entrar a tanta precisión, en el cálculo del financiamiento para 1994, por ejemplo, se utilizaba como base el ya desaparecido concepto de costo mínimo de campaña. El costo mínimo de diputado se multiplicaba por los 300 diputados de mayoría relativa y el costo de senador por el número de senadores a elegir. Con estas dos cifras, se hacía una división entre los votos que se obtuvieron en cada tipo de elección. El resultado se denominaba valor unitario del voto. Este valor unitario al final se multiplicaba por los votos obtenidos por cada partido y lo resultante era el dinero que le tocaba a cada fuerza política.

 

Para 1996 la ley cambió, y de 1996 hasta 2007 para obtener el monto de financiamiento se sumaban las cifras que derivaban de multiplicar los costos mínimos de campaña de diputado y senador por el total de diputados y senadores, y después por el número de partidos que tenían legisladores. Y además se incorporaba el costo mínimo de campaña para presidente, que se obtenía a partir del costo mínimo de campaña para diputado multiplicado por 300 distritos, y dividido entre los día que duraba la campaña para diputado, para finalmente multiplicarse por la duración de la campaña para presidente. Para 1996 desapareció de los cálculos el valor unitario del voto, incorporándose en su lugar el número de partidos como multiplicador y la obtención del costo mínimo para presidente.

 

Sin embargo, desde 2008 la fórmula cambió para dar paso a la multiplicación del salario mínimo por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, todo ello explicado en términos muy generales.  En detalle, lo que se multiplica es el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio del año previo, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. Es decir, se utiliza el corte del padrón de julio de 2013 para estimar el financiamiento de 2014, lo que significa que los 85 millones de empadronados en cifras redondeadas, se multiplican por aproximadamente 44 pesos. Ese total más un 3 por ciento de ese mismo total, es lo que se entrega a los partidos políticos. Ese tres por ciento se otorga para que los partidos políticos realicen tareas editoriales, capaciten a sus militantes y realicen investigación. Estos rubros componen las llamadas “actividades específicas”, actividades que antes se pagaban como reembolso sólo si los partidos acreditaban haber realizado dichas tareas de forma legal. Actualmente sólo se otorgan esos fondos sin mayor control o revisión.

 

Otra novedad derivada de la reforma de 2008 es que partidos políticos deberán destinar un dos por ciento de sus fondos para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Por último, las franquicias postales y telegráficas ya se cuantifican, lo que anteriormente no ocurría. Esto generaba interminables discusiones sobre cómo afrontar el viejo fondo presupuestal destinado para ello, el cual se terminó antes de… 1995 quizá. El dinero para franquicias no se entrega a los partidos, y en la actualidad sólo representa el límite que pueden gastar por dicho concepto, límite que no existía en el pasado, cuando de 142 millones gastados en 1997 por ejemplo, el Partido Verde gastó 92 millones, quizá ejerciendo un recurso al que tenía derecho, pero que representaba casi el 65 por ciento del gasto de todas las franquicias electorales de ese año (ver la intervención de José Woldenberg en octubre de 1997 a este respecto aquí http://ife.org.mx/documentos/CONS-GEN/actas/091097b.htm)

 

El punto relevante en esta breve revisión sobre el financiamiento a los partidos en los últimos 25 años, es que desde las elecciones de 2009 los partidos políticos ya no gastan un solo peso en difundir propaganda por radio y televisión. Desde 1997 sabemos que el gasto en medios representaba alrededor del 60 por ciento de todos los gastos partidistas (el famoso estudio del costo mínimo de campaña post-1997 donde me tocó participar está citado aquí http://ife.org.mx/documentos/CONS-GEN/actas/091097b.htm y por ello, creo, los diputados muy molestos con el IFE, etiquetaron las prerrogativas partidistas en 1998). Lo que uno debía esperar, como lo prometieron las élites partidistas en 2008, es que el financiamiento público decrezca significativamente porque ya no se gasta en la transmisión de los promocionales, sólo en su diseño y producción, y que de por sí ya gastaban en ello antes de la reforma. Sin embargo, la evidencia sugiere que los fondos para los partidos apenas se redujeron 200 millones de pesos en términos reales entre las campañas presidenciales de 2006 y 2012, cuando en 2012 sabemos que la transmisión de promocionales en radio y televisión fue gratuita. En otras palabras, los partidos no sólo se ahorraron más de la mitad de lo que usualmente ya gastaban, sino que sus fondos ni siquiera se vieron mermados, digamos, a la mitad por citar una de las promesas de la reforma de 2008. Por ello se dice que la reforma electoral de 2008 en materia de financiamiento no parece haber influido significativamente, porque ni siquiera detuvo el financiamiento creciente, ya que otorgó fondos muy similares en términos reales y redujo a cero el gasto en medios.

 

Finalmente, sabemos que para justificar recortes blandos al financiamiento público a los partidos políticos, frecuentemente son usados argumentos del tipo “más dinero público reduce la posibilidad de usar fondos ilícitos”, pero ello implica olvidar que las mayores sanciones monetarias en la historia electoral de este país se han presentado precisamente durante este esquema de financiamiento creciente (165 millones de dólares en multas por Pemexgate y Amigos de Fox), por lo que sería muy positivo que las reglas sobre fondos públicos destinados a los partidos políticos sí fueran analizadas en futuras reformas electorales considerando este tipo de factores, aunque como ya sabemos, la reforma electoral de 2013 ni siquiera mencionó el tema.

 

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