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Pérdida de registro de un partido político: ¿”una de tres” o “tres de tres”?

La reciente polémica sobre si un partido pierde o no el registro nacional al no alcanzar el 3% de la votación válida, se ha centrado en si se debe alcanzar dicho porcentaje en una o en las tres elecciones federales.

La disposición constitucional en debate establece que:

Art 41, fracción I, párrafo cuarto:
El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.

Una forma de leerlo es “que no obtenga… en cualquiera” y de ahí se deriva “una de tres”. Otra forma de leerlo es que “cualquiera” realmente implica “tres de tres”. Si bien se pudiera leer de una forma u otra, lo cierto es que la práctica electoral tanto en materia administratitva como jurisdiccional ha optado por “una de tres”.

Sin embargo, en esta polémica deben agregarse un par de artículos más: el 54 constitucional y el 94 de la Ley General de Partidos Políticos. El artículo 54 de la Constitución establece:

Art. 54, fracción II.
Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

Supongamos por un momento, que en efecto, la lectura del artículo 41, fracción I, párrafo cuarto debe ser que el porcentaje mínimo del 3% de la votación válida debe alcanzarse en las tres elecciones federales (“tres de tres”). Un problema con esta interpretación es que esa forma “literal” de intepretar la ley no permite resolver dilemas ante la aplicación del artículo 54 de la propia Constitución.

Si un partido alcanza el 3% de la votación válida para la elección de diputados, pues ya tiene derecho al reparto de las diputaciones llamadas “pluris” o de representación proporcional. Pero ¿qué ocurre si no alcanza dicho 3% en la presidencial o en la de senadores? ¿Se le requiere “tres de tres” a pesar que el artículo 54, fracción II no lo establece? Este artículo señala que basta con alcanzar ese 3% en la elección de diputados para tener derecho a “pluris”. Se podría decir: si no trae su “tres de tres” perdería el registro, pero por art 54, II sí tendría “pluris”. Esto no parecería tener mucho sentido. Entonces la intepretación “una de tres” empieza a ser la más adecuada.

A esta discusión conviene agregar el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos en lo referente a los partidos políticos nacionales:

Art 94
1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:

b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales.

c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un partido político nacional.

La regulación específica de los partidos políticos nacionales establece que se pierde el registro al no obtener en alguna elección el 3%. Pareciera que el texto legal difiere del 41 constitucional al usar en vez de “cualquiera”, la palabra en “alguna” de las elecciones federales. Esto puede explicarse si se considera que en efecto como se mencionó, el artículo 54 no señala que un partido deba alcanzar el porcentaje mínimo y traer su “tres de tres”, sino sólo “una de tres” y en particular esa una debe ser la elección de diputados.

La inclusión y análisis de los artículos 54 constitucional y 94 de la Ley General de Partidos Políticos en este debate parecen inclinar la balanza hacia “una de tres” en vez del “tres de tres”. De otra forma, es decir, si se interpretara que debe ser “tres de tres”, no sería posible aplicar el 54 constitucional.

Mientras tanto ¿qué nos dicen los números? En este momento sólo contamos con los cómputos distritales de la elección presidencial. Aquí los datos. Lo que se observa es que considerando “una de tres”, todavía no llegan al tan ansiado 3% cinco partidos: PRD, PVEM, MC, Nueva Alianza y el PES. Habrá que esperar los resultados oficiales de las otras dos elecciones, las posibles impugnaciones y las potenciales modificaciones que en su caso determine el Tribunal Electoral.

presidencial2018

Fuente: https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/2

 


Un poco de teología política, el PES y AMLO

El dirigente nacional del Partido Encuentro Social (PES), en la formalización de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, se refirió el 20 de febrero de 2018 al político tabasqueño como sigue: “para nosotros usted es Caleb a punto de conquistar el Monte Hebrón”. Como es de dominio público, se conoce cierta inspiración de corte evangélico en el PES, por lo cual no resultan extrañas estas referencias en algunas partes del discurso político de esta dirigencia partidista.

Habrá que recordar que en la historia bíblica, después que el pueblo había cruzado el Mar Rojo, Moisés envió a 12 espías (uno por cada tribu de Israel) para conocer cuál era la situación en Canaán. A su regreso, 10 de ellos informaron que los gigantes que ahí gobernaban impedirían un asentamiento (Núm 13, 28-29).

Sólo dos de los espías, entre ellos Caleb de la tribu de Judá (Núm 13, 6) reportaron que: a) Canaán en efecto era una buena tierra, de la cual emanaría “leche y miel” (Núm 13, 27) y b) sí era posible conquistar esa tierra. Después de discutir el tema, Caleb propuso entrar a Canaán (Núm 13, 30; 14, 7), pero Moisés no siguió esa línea y entonces sobrevinieron los 40 años de caminar en el desierto (donde el número 40 significa “mucho”).

Al final, los de la tribu de Judá si entraron a Hebrón, ciudad que a la postre sería la segunda más importante de Palestina. Desde luego que ello acaeció después de luchar con los habitantes de aquellas tierras.

Una interpretación es que dado que Caleb no dudó del apoyo divino, como incluso el mismo Señor lo reconoce (Núm 14, 24-25), Caleb sí pudo llevar al pueblo a la victoria y asentarse en Hebrón, a pesar de la resistencia de los antiguos ocupantes. Esta idea puede asimilarse a un líder que sin dudar de ciertos principios, quizá podría alcanzar un logro político en ese preciso momento, a pesar de los obstáculos del ancien regime o de otros potenciales impedimentos.

Otra interpretación es que dado que Moisés no sigue esa línea de confianza en el Señor para luchar en ese preciso momento contra los antiguos habitantes de Canaán (comandados por gigantes como lo relata la tradición), entonces no entraría a la tierra prometida. Al final de ese vagar por el desierto durante 40 años, el pueblo sí entró a Canaán, ya guiado por Josué, pero de todas formas debió librar diversas batallas. Esto puede asimilarse a que de cualquier forma se habrá de llegar a la tierra prometida, pero la diferencia central es cuánto tiempo tomará el llevar a buen puerto tal empresa.

Desde esa perspectiva pareciera que la llegada a la tierra prometida sí ocurrirá en algún momento (si seguimos esta lógica del relato bíblico), por lo que la pregunta de fondo es si en el tiempo (mucho más largo) que le tomó tanto a Moisés como a Josué, o si en el tiempo (mucho más corto) que le tomó a Caleb.

De ahí que no resulte azarosa la alusión al texto bíblico (Números 14, 6-8) por parte del dirigente nacional del Partido Encuentro Social hacia López Obrador. Si resulta aplicable la referencia de Caleb, entonces habríamos de esperar que esto ocurra en un tiempo mucho más corto. Y entonces esa parece ser la apuesta de un partido como el PES en esta elección: ganar la presidencia en esta elección. Eso explicaría su apoyo a un candidato que a ratos sí pareciera compartir la agenda de corte conservador del propio PES, a pesar de estar en alianza con partidos más situados a la izquerda como Morena y el PT. Habrá que esperar el desenlace de la campaña, la cual, por cierto en menos de una semana ya comienza.

 

 


¿Cómo se podría destinar financiamiento público de partidos a personas damnificadas y labores de reconstrucción?

Escribí estas líneas en diferentes momentos durante los últimos tres días. No pretenden constituir una propuesta sino un mero borrador para, en su caso, contar con un referente preliminar de lo que se podría hacer para destinar financiamiento público de partidos a personas damnificadas y a las labores de reconstrucción.

Partimos de las siguientes restricciones. El financiamiento de los partidos sólo puede ser destinado a los fines previstos por la Constitución y contenidos en la fracción II del artículo 41:

Artículo 41, II

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico.

De hecho, es obligación legal de los partidos destinar ese financiamiento a lo mandatado por la Constitución, como lo señala la fracción I del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos:

Artículo 25, I

Son obligaciones de los partidos políticos:

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.

Dadas estas restricciones, ¿cómo se podría destinar financiamiento público de partidos a damnificados por los sismos y labores de reconstrucción, de manera que no se viole ni la Constitución ni la ley?

La ruta o vía que se acuerde debe resultar la jurídicamente idónea, porque si existe algún resquicio legal en el proceso, éste es susceptible no sólo de ser impugnado sino probablemente de ser revocado. Ante ese escenario resultaría de gran relevancia que la ruta a emplear para destinar válidamente financiamiento público para partidos a damnificados por los sismos casi no tuviera resquicios legales.

¿Qué opciones existen? He empezado a explorar cuatro opciones.

1.- Que la Cámara de Diputados regule dicho cambio de destino a través de alguna reforma legal.

En esta vía los partidos ya no reciben en sus arcas ese financiamiento. En otras palabras, dado que el dinero tendría un destino diferente por disposición legal, el INE ni siquiera entregaría ese dinero a los partidos.

Lo anterior sin embargo presenta un problema: el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional dispone que:

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Supongamos que no se modifica disposición electoral alguna para no caer en el supuesto de los 90 días antes. Con todo, hoy estamos ya dentro de la etapa del proceso electoral. Eso significa que habría entonces que discutir si el destinar recursos públicos para partidos a reconstrucción se considera o no parte de una modificación legal fundamental. De considerarse fundamental por parte de la Suprema Corte, esta ruta tendría resquicios para que no se efectuara dicho cambio en el destino de estos recursos.

Algunas fuentes de discusión son la Acción de Inconstitucionalidad 41/2008 y sus acumuladas 42/2008 y 57/2008 resuelta el 8 de abril de 2008; la jurisprudencia P./J. 64/2001 “PROCESO ELECTORAL. PARA DETERMINAR JURIDICAMENTE SU INICIO DEBE ATENDERSE A LA FECHA QUE ESTABLEZCA LA LEGISLACION ELECTORAL ANTERIOR A LA REFORMA Y NO A AQUELLA CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE CONTROVIERTE O A SITUACIONES FACTICAS”; así como la jurisprudencia la jurisprudencia P./J. 98/2006 “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCION AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACION CON LA MODIFICACION A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO”.

En las últimas horas ha circulado la propuesta de reasignar el 100 por ciento del financiamiento público de partidos políticos a damnificados y reconstrucción. Esta propuesta, más allá de la polémica que ya ha surgido sobre la conveniencia o no de dejar en manos de privados las donaciones políticas, podría requerir de una reforma electoral, pues parte integral de este proyecto sería reducir los topes de gastos, lo que de manera ineludible implica discutir si lo que parecería una modificación legal fundamental resulta posible dada la situación existente, esto dentro del proceso judicial que eventualmente pudiera seguirse en este tema por quienes no estuvieran de acuerdo.

2.- Que los partidos no ejercieran un determinado monto de financiamiento para gastos de campaña.

Esta opción implicaría que sin reforma de ningún tipo ni adecuación presupuestaria alguna, los partidos simplemente no eroguen financiamiento para gastos de campaña, para que al final del ejercicio el monto sea reintegrado a las arcas de la nación.

Conforme al artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.

Este texto dio pie a la Sala Superior del Tribunal Electoral para resolver el 2 de diciembre de 2015, en la sentencia SUP-RAP-647/2015 que los partidos políticos deben destinar el financiamiento exclusivamente para los fines constitucionales y legales, esto es que “los   partidos   políticos   solo   pueden   utilizar   el financiamiento  público  asignado  para  gastos  de campaña para  ese  único  fin  y  no  para  otro  objeto diverso,  incluso  aunque se encuentre dentro de su ámbito de actuación” (Página 48).

El razonamiento se centra en que a) los partidos políticos son entidades de interés público; b) los ejecutores del gasto son los Poderes Legislativo y Judicial, dependencias, entidades y órganos autónomos, a  los cuales se les asigna recursos  del  Presupuesto  de  Egresos; c) los partidos reciben esos recursos a través de un organismo autónomo; d) los partidos políticos al  ser  entidades  de  interés  público y estar  dentro  de los sujetos presupuestalmente obligados, sí deben cumplir con la obligación de reintegrar los recursos públicos  no  utilizados conforme al presupuesto de egresos.

Más adelante, la sentencia señala (página 58) que el Instituto  Nacional  Electoral  tiene  la  facultad  implícita  de  ordenar  a  los  partidos  políticos  la reintegración    de    los    recursos no devengados o no comprobados  destinados  para las  campañas. Ya que, se reitera en la página 68, los partidos políticos sólo pueden utilizar el financiamiento  público  asignado  para  gastos  de  campaña para  ese  único  fin  y  no  para  otro  objeto  diverso,  incluso  aunque  se  encuentre  dentro  de  su ámbito  de  actuación.

Ésta es la fuente: [http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0647-2015.pdf]

Posteriormente hubo un ejercicio de facultad reglamentaria del INE el 15 de junio de 2016, en el acuerdo INE/CG471/2016 para cumplir con la sentencia previamente citada.

Fuente: ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN LINEAMIENTOS PARA REINTEGRAR EL REMANENTE NO EJERCIDO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO OTORGADO PARA GASTOS DE CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA SUP-RAP-647/2015 DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN [http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/85942/CGex201606-15_ap_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y]

Desde luego existió otra sentencia, la SUP-RAP-299/2016 contra este acuerdo. El 28 de julio de 2016 se confirmó el acuerdo INE/CG471/2016. El Tribunal resolvió que no es válido gastar fondos de campaña en actividades ordinarias. Dicha decisión se basó en los razonamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2014: “los recursos de los partidos únicamente podrían utilizarse para actividades de su naturaleza original; fue enfática al sostener que la Constitución no autorizó que los fondos de unas y otras ministraciones se ajusten o se combinen, y mucho menos que se sumen sus montos”.

Esta cita debe leerse con cuidado, porque entonces pareciera que si los partidos admiten no emplear financiamiento de campaña para ser asignado a damnificados y reconstrucción, entonces no podrían suplir los recursos salientes con fondos provenientes de actividades ordinarias. Lo anterior no sé si pueda convertirse en un resquicio que aminore la fortaleza legal de esta ruta, pero quizá sí pudiera desincentivar la reasignación. Tal vez sólo aumenta las probabilidades de impugnación ante tribunales electorales.

Lo que sí está claro es la invalidez de gastar fondos de campaña en actividades ordinarias. Por ejemplo, ya ocurrió que un partido compró un edificio con los fondos sobrantes de gastos de campaña 2015 en el ámbito local y se defendía con diferentes argumentos a fecto de no devolver los montos que no erogados para el fin propio de la campaña. Al final, se le ordenó devolver los recursos respectivos en la sentencia SDF-RAP-2/2017, resuelta el 7 de abril de 2017.

El problema con esta propuesta es que los fondos se asignarían al final de las campañas, esto es, prácticamente durante la segunda mitad de 2018, lo que pudiera jugar en contra de la urgencia en el corto y mediano plazo de la situación actual.

3.- Adecuación dentro del presupuesto de egresos.

Si los fondos disponibles para afrontar esta situación son de 6 mil millones de pesos de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y se estimaban de manera preliminar en unos 9 mil millones, entonces cualquier monto que se sume resultará de gran valía. De ahí que otra opción es realizar una adecuación presupuestal de acuerdo con el artículo 62 de la Ley General de Protección Civil

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proveerá los recursos financieros para la  oportuna  atención  de  las  situaciones  de  emergencias  y  de  desastres,  por  lo  que  en  caso  de  que  los recursos disponibles  se  hayan  agotado,  se  harán  las  adecuaciones  presupuestarias  para  la  atención emergente de la población y la reconstrucción de la infraestructura estratégica.

Ahora bien, ¿el INE es un órgano que guarde relación con este tipo de disposiciones? El artículo 8 de la misma ley indica que sí:

Los  Poderes  Legislativo  y  Judicial  de  la  Unión,  las  entidades  federativas,  los  municipios, las  delegaciones,  los  organismos  descentralizados,  los  organismos  constitucionales  autónomos  y los sectores privado y social, así como la población en general, deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz.

Dentro de las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley General de Protección Civil se encuentran tanto la infraestructura estratégica como la reconstrucción:

XXXII. Infraestructura  Estratégica:  Aquella  que  es indispensable  para  la  provisión  de  bienes  y servicios  públicos,  y  cuya  destrucción  o  inhabilitación  es  una  amenaza  en  contra  de  la seguridad nacional  y  ocasionaría  una  afectación  a  la  población,  sus  bienes  o  entorno.  La unidad mínima de dicha Infraestructura Estratégica es la instalación vital.

XLIV. Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y económica  que  prevalecía  entre  la  población  antes  de  sufrir  los  efectos  producidos  por  un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes.

Como se puede ver, entonces se trataría de asignar los recursos de partidos tanto a infraestructura estratégica como a reconstrucción para cubrir el ámbito espacial y temporal más amplio posible. En esta opción, los fondos ni siquiera se asignan al INE ni se transfieren a los partidos. Simplemente se insertan en el presupuesto de egresos.

Esta opción sin embargo no excluye el debate sobre considerarse una reforma fundamental ya dentro de la etapa del proceso electoral, es dcir, la restricción establecida por la fracción II del artículo 105 constitucional.

4.- Los partidos giran fondos a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

En esta opción, los partidos giran sus recursos a la Tesorería. Esto ya ha ocurrido. Por ejemplo, el PAN devolvió 29’101,572 pesos a la Tesorería de la Federación en enero de 1997 al considerar excesivo el financiamiento público derivado de la reforma electoral de 1996. Aquí los fondos ingresan al INE, se entregan a los partidos y éstos los giran a la TESOFE.

Todas las opciones pueden tener resquicios legales que en el ámbito jurisdiccional pudieran malograrse. Pero al menos parecieran existir algunas opciones que merecen mayor estudio y en su caso, el necesario perfeccionamiento para volverse jurídicamente viables y jurisdiccionalmente sólidas.

Dada la situación que se vive en diversos lugares del país, aunque incompletas, estas opciones tal vez pudieran arrojar alguna luz sobre el cómo lograr que ese financiamiento a partidos se asigne a las necesidades derivadas de los sismos. Estas líneas no debaten sobre la conveniencia o beneficio político de una medida de esta naturaleza. No he tenido ni tiempo ni mucho interés en ello. Simplemente creo que lo importante es contar con algunos recursos extra para las labores que se avecinan, en el porcentaje que sea, en la forma que resulte más conveniente.

 

 


Financiamiento público federal a partidos políticos en México, 1991-2018

En cuatro de los años con elecciones presidenciales en las últimas dos décadas (2000, 2006, 2012 y la próxima en 2018), el país ha destinado en cada uno de esos años, alrededor de 6 mil millones de pesos reales en financiamiento público federal a partidos políticos. De hecho, más de 6 mil millones se han entregado en seis ocasiones si se consideran dos años de elecciones intermedias: 1997 y 2003.

Que en cuatro años de elecciones presidenciales, dentro de las últimas dos décadas se destinara un monto similar de financiamiento público federal a partidos políticos sugiere un problema de diseño institucional.

La promesa de las reformas electorales después de la acaecida en 1996 (la llamada “reforma electoral definitiva” por su carácter fundacional) se centró, al menos en el tema del financiamiento público federal a los partidos políticos, en su reducción.

Desde luego que al examinar los datos ofrecidos en la gráfica que acompaña a estas breves notas, bien se puede concluir que en términos reales no ha aumentado el financiamiento público federal a los partidos políticos, esto durante años de elecciones presidenciales, lo cual sí parece ser el caso.

Sin embargo, la promesa de las reformas electorales no fue mantener sino reducir ese financiamiento. ¿Porqué esto puede ser un problema? Estamos dedicando como país un monto de fondos públicos similar, en términos reales, a años de elección presidencial con realidades distintas. Por ejemplo, en 2000 y 2006 la presencia en radio y TV se pagaba, pero en 2012 y para el próximo 2018, esa presencia se cubrió y se cubrirá con tiempos del Estado. ¿Esto hace una diferencia? Sirva de ilustración un viejo cálculo de 1997: en aquél año se estimó que el 60 por ciento de los gastos de los partidos se destinaban a financiar apariciones en radio y TV. Hoy esto ya no se paga. Sin embargo, los fondos federales siguen siendo los mismos.

Todo lo anterior supone la necesidad de examinar lo que el arreglo institucional implica en términos de financiamiento público federal a los partidos políticos en México. ¿Es sostenible este patrón de asignaciones de fondos federales? La frase en las comunicaciones del órgano electoral nacional (“sólo aplica, no decide”) sobre la materia de financiamiento público sugiere que implícitamente se reconoce la impopularidad de este arreglo institucional (o al menos eso sería posible argüir).

Como en toda acción pública para realizar este necesario examen, sería útil responderse al menos estas tres preguntas ¿Qué es lo deseable? ¿qué es lo posible? ¿que es lo sostenible en el mediano plazo? Por ahora, el actual arreglo institucional pareciera tener algunos problemas en su diseño.

Gráfica.
Financiamiento público federal a partidos políticos en México, 1991-2018.

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Presencia electoral del PRI en Coahuila 1981-2017

Este post sólo consta de un par de gráficas que condensan 26 elecciones en el estado de Coahuila entre 1981 y 2017. Se trata de 10 elecciones federales y 16 locales.

La primera gráfica separa la presencia electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre elecciones federales y elecciones locales. Se trata del porcentaje de votación obtenida por el PRI considerando al estado como un todo.

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La segunda gráfica incluye ambos tipos de elecciones, esto es, tanto locales como federales y se estima una tendencia entre los puntos que corresponden a la presencia electoral del PRI en Coahuila durante los últimos 36 años.

coah_1981_2017_junto

Si bien se trata de un ejercicio preliminar que agrupa en cuanto fue posible el porcentaje de votos del PRI considerando la votación total, resulta posible observar que entre 1981 y 1991 el PRI no descendía de los 50 puntos. Será durante los años noventa y entrado el nuevo milenio cuando ya no necesariamente obtenga una mayoría absoluta de votos.

Para finales de la década pasada y principios de la presente parecía observarse cierta recuperación, aunque no del todo, para alcanzar excepto por 2014, un quinquenio de resultados en el agregado estatal que fueron menores al 50 por ciento de los votos de la ciudadanía coahuilense.

Todo lo anterior sugiere que una coalición opositora, una vez conocidos los apretados resultados de 2017, bien pudiera disputar la gubernatura al PRI de forma altamente competitiva y con alta probabilidad de éxito en una de las pocas entidades donde ningún otro partido ha alcanzado a ganar el poder ejecutivo del estado.


Financiamiento público a partidos políticos en México: 1991 a 2015

Hace casi 35 años, cuando el financiamiento público empezó a delinearse en la ley electoral que derivó de la reforma de 1977, México no tenía elecciones razonablemente competitivas a nivel nacional y no existían muchas de las reglas que hoy conocemos sobre la contienda electoral y las complejidades del financiamiento a los partidos políticos. Debe decirse que a los partidos políticos mexicanos se les otorga financiamiento público desde 1987. Hace 28 años el principal debate no era qué harían los partidos con los fondos recibidos, sino cómo defenderían su independencia política si el ancien regimen les entregaba recursos.

El debate entonces se centró en discutir si los partidos debían o no recibir dinero del erario y si es que debían, bajo qué condiciones. Sin embargo, dicho debate fue cancelado en la práctica cuando las reglas para otorgar los fondos resultaban relativamente ajenas a la manipulación gubernamental. Una vez que fue salvada la discrecionalidad, la discusión derivó hacia la búsqueda de mecanismos que aumentaran las condiciones de equidad en la competencia electoral, pero una vez alcanzadas las elecciones razonablemente competitivas, los partidos políticos ya no volvieron a discutir cómo reducir los fondos que recibían del erario.

Si se analiza el financiamiento público federal con una de las herramientas más utilizadas por los economistas cuando presentan comparaciones entre cantidades de dinero que pertenecen a diferentes años, encontramos los llamados pesos reales o constantes. Lo que se hace en palabras llanas es agregar el efecto de la inflación a las cantidades analizadas con el fin de saber si los pesos otorgados a los partidos en 1991 por ejemplo, siguen siendo suficientes para adquirir hoy, los mismos productos que se consumían en aquella fecha, es decir, los monto recibidos en 1991 están en pesos de diciembre de 2014, es decir, ya “casi” en pesos de 2015.

En la gráfica se muestra el total de financiamiento público otorgado a los partidos políticos en pesos nominales o corrientes, es decir, en los pesos que originalmente fueron entregados (los datos de 1991 a 1996 fueron obtenidos de los acuerdos y resoluciones respectivos, mientras que los datos correspondientes al periodo 1997-2014 están disponibles aquí http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Acuerdos_del_Consejo_sobre_financiamiento/) , y en pesos de diciembre de 2014, lo que se ha etiquetado, por sencillez, como pesos 2015. Lo que se observa en la gráfica tiene sus explicaciones históricas, destacando que desde la reforma electoral de 1996 se otorgó a los partidos un monto de recursos públicos nunca antes visto en la historia electoral mexicana. Y desde entonces los debates y críticas fueron constantes. Sin embargo, la reforma electoral de 2008 no parece haber acallado las críticas a este gasto como también se aprecia al final de la serie.

También destaca que el año siguiente al de una elección resulta con montos menores. Esto puede explicarse porque, por ejemplo, la ley entre 1996 y 2007 establecía que en año electoral los recursos “se duplicarían” porque los partidos requerían fondos para las campañas electorales. Debe decirse que desde la propia elección legislativa de 2009, en virtud de la reforma de 2008, los partidos ya no gastan un solo peso en difundir propaganda por radio y televisión, pues acceden a ello a través de los coloquialmente llamados “tiempos oficiales”, espacios gratuitos que por ley los concesionarios deben otorgar al Estado, y éste los opera a través del organismo electoral. De hecho, los fondos en año electoral ya no “se duplican”, sino sólo se les otorga la mitad de su financiamiento ordinario, como ocurrió en 2012, por ejemplo.

El financiamiento creciente puede ser explicado por dos causas. La primera es que la ley establecía que la inflación era uno de los factores que la autoridad electoral debía considerar para los cálculos de financiamiento, por lo tanto a los partidos nunca se los “comió” el alza de los precios. Y la segunda consideración es que los recortes presupuestales al financiamiento para partidos fueron francamente menores cuando éstos ocurrieron, como en 2003 y 2004 por ejemplo, situaciones que terminaron siendo resueltas por el Tribunal Electoral y que hasta tesis formaron (http://www.te.gob.mx/transparencia/informes/informe_03/05_tesis/tesis_relevantes/09.html), aunque hubo un caso, el de 1998, donde el recorte al IFE fue importante y para evitar afectaciones, los diputados etiquetaron las prerrogativas partidistas, porque lo que el recorte tuvo que ser enteramente asumido por el organismo electoral. Debe decirse que el etiquetar los fondos a los partidos nunca se ha vuelto a presentar. Incluso en 2005 el IFE otorgó a los partidos un factor para aumentar en proporciones francamente menores sus fondos públicos. El aumento pareció ser bien recibido porque parece que nadie impugnó.

Es importante mencionar que las fórmulas para calcular el financiamiento público a los partidos han cambiado, desde la vieja piedra angular del sistema de financiamiento electoral mexicano que era el llamado costo mínimo de campaña. Esta cifra representaba, en pesos, un monto con el cual se podía enfrentar el gasto de una campaña “decente”, fuera para diputado, senador o presidente. A partir de este costo, la ley ordenaba sumar, multiplicar, y dividir por diversas variables para obtener el monto de financiamiento público, con base en ciertos factores “fijos” como el número de partidos en las cámaras, los días de campaña y el total de escaños. Así se construían los montos finales a repartir.

En detalle, pero sin entrar a tanta precisión, en el cálculo del financiamiento para 1994, por ejemplo, se utilizaba como base el ya desaparecido concepto de costo mínimo de campaña. El costo mínimo de diputado se multiplicaba por los 300 diputados de mayoría relativa y el costo de senador por el número de senadores a elegir. Con estas dos cifras, se hacía una división entre los votos que se obtuvieron en cada tipo de elección. El resultado se denominaba valor unitario del voto. Este valor unitario al final se multiplicaba por los votos obtenidos por cada partido y lo resultante era el dinero que le tocaba a cada fuerza política.

Para 1996 la ley cambió, y de 1996 hasta 2007 para obtener el monto de financiamiento se sumaban las cifras que derivaban de multiplicar los costos mínimos de campaña de diputado y senador por el total de diputados y senadores, y después por el número de partidos que tenían legisladores. Y además se incorporaba el costo mínimo de campaña para presidente, que se obtenía a partir del costo mínimo de campaña para diputado multiplicado por 300 distritos, y dividido entre los día que duraba la campaña para diputado, para finalmente multiplicarse por la duración de la campaña para presidente. Para 1996 desapareció de los cálculos el valor unitario del voto, incorporándose en su lugar el número de partidos como multiplicador y la obtención del costo mínimo para presidente.

Sin embargo, desde 2008 la fórmula cambió para dar paso a la multiplicación del salario mínimo por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, todo ello explicado en términos muy generales. En detalle, lo que se multiplica es el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio del año previo, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. Ese monto más un 3 por ciento de ese mismo total es lo que se entrega a los partidos políticos. Ese tres por ciento se otorga para que los partidos políticos realicen tareas editoriales, capaciten a sus militantes y realicen investigación. Estos rubros componen las llamadas “actividades específicas”, actividades que antes se pagaban como reembolso sólo si los partidos acreditaban haber realizado dichas tareas de forma legal.

Otra novedad derivada de la reforma de 2008 es que partidos políticos deberían destinar un dos por ciento de sus fondos para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Actualmente es un 3 por ciento según la reforma electoral de 2014. Por último, las franquicias postales y telegráficas ya se cuantifican, lo que anteriormente no ocurría. Esto generaba interminables discusiones sobre cómo afrontar el viejo fondo presupuestal destinado para ello, el cual se terminó antes de… 1995. El dinero para franquicias no se entrega a los partidos, en realidad representa el límite que pueden gastar por dicho concepto, límite que no existía en el pasado, cuando de 142 millones gastados en 1997 por ejemplo, el Partido Verde gastó 92 millones, ejerciendo un recurso al que tenía derecho, pero que representaba casi el 65 por ciento del gasto de todas las franquicias de ese año (ver la intervención de José Woldenberg en octubre de 1997 a este respecto aquí http://ife.org.mx/documentos/CONS-GEN/actas/091097b.htm)

El punto relevante en esta breve revisión sobre el financiamiento a los partidos en los últimos 25 años es que desde las elecciones de 2009 los partidos políticos ya no gastan un solo peso en difundir propaganda por radio y televisión. Desde 1997 sabemos que el gasto en medios representaba alrededor del 60 por ciento de todos los gastos partidistas (el famoso estudio del costo mínimo de campaña post-1997 donde me tocó participar está citado aquí http://ife.org.mx/documentos/CONS-GEN/actas/091097b.htm y por ello, creo, los diputados muy molestos con el IFE, etiquetaron las prerrogativas partidistas en 1998). Lo que uno debía esperar, como lo prometieron las élites partidistas en 2008, es que el financiamiento público decrezca significativamente porque ya no se gasta en la transmisión de los promocionales, sólo en su diseño y producción, y que de por sí ya gastaban en ello antes de las reformas.

Sin embargo, la evidencia sugiere que los fondos para los partidos apenas se redujeron 200 millones de pesos en términos reales entre las campañas presidenciales de 2006 y 2012, cuando en 2012 sabemos que la transmisión de promocionales en radio y televisión fue gratuita. En otras palabras, los partidos no sólo se ahorraron más de la mitad de lo que usualmente ya gastaban, sino que sus fondos ni siquiera se vieron mermados, digamos, a la mitad por citar una de las promesas de la reforma de 2008. Por ello se dice que la reforma electoral de 2008 en materia de financiamiento no parece haber influido significativamente, porque ni siquiera detuvo el financiamiento creciente, ya que otorgó fondos muy similares en términos reales y redujo a cero el gasto en medios.

Finalmente, sabemos que para justificar el financiamiento público a los partidos políticos, frecuentemente son usados argumentos del tipo “más dinero público reduce la posibilidad de usar fondos ilícitos”, pero ello implica olvidar que las mayores sanciones monetarias en la historia electoral de este país se han presentado precisamente durante este esquema de financiamiento creciente por fondo privados ilícitos (165 millones de dólares en multas por Pemexgate y Amigos de Fox), por lo que sería muy positivo que las reglas sobre fondos públicos destinados a los partidos políticos sí fueran analizadas en futuras reformas electorales considerando este tipo de factores, aunque como ya sabemos, la reforma electoral de 2014 ni siquiera mencionó el tema.

finan2015


Movimientos estudiantiles y elecciones en México

Desde hace 46 años durante el 2 de octubre se conmemora a los estudiantes reprimidos y asesinados en México por el propio gobierno. Todos los hechos ocurridos durante y después de la matanza ocurrida en la plaza de las Tres Culturas, ubicada en la zona de Tlatelolco, en el Distrito Federal han servido para recordar la protección al innegable derecho de los estudiantes a expresar sus puntos de vista, a organizarse y a pesar de diversas críticas, a cuestionar al sistema en su conjunto.

 

El movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional de los últimos días es el ejemplo más reciente. Hace un par de años, durante la propia elección presidencial de 2012 se gestó un movimiento estudiantil que refrescó la campaña electoral y que sin duda tuvo sus efectos entre los electores de aquél año: el #yosoy132.

 

En este breve comentario recordaremos el impacto electoral del movimiento estudiantil de 2012 a través de una encuesta nacional en vivienda que fue levantada por el periódico Reforma en junio de 2012 (http://gruporeforma-blogs.com/encuestas/?page_id=2060). Los resultados sugerían que casi tres cuartos de quienes no simpatizaban con el movimiento de los estudiantes votarían por el candidato presidencial del PRI, mientras que el 45% de quienes veían de manera favorable a los estudiantes agrupados en el #yosoy132 votarían por el candidato presidencial de izquierda.

 

Como se aprecia en la tabla de la encuesta referida (http://gruporeforma-blogs.com/encuestas/wp-content/uploads/2012/06/capsula_041.png), el movimiento estudiantil tuvo, en efecto, un impacto favorable en el candidato presidencial López Obrador, pero de manera muy clara también tuvo el efecto contrario, donde quienes veían desfavorablemente al movimiento prefirieron al PRI.

 

Este doble efecto es estudiado con mayor detalle en un capítulo de un libro de próxima aparición titulado “Mexico’s Evolving Democracy: A Comparative Study of the 2012 Elections“ (https://jhupbooks.press.jhu.edu/content/mexicos-evolving-democracy), capítulo escrito por Alejandro Moreno y quien escribe este blog. Por ahora baste esta breve nota para conmemorar los 46 años del 2 de octubre de 1968.


Los diputados plurinominales hacia 2015: antes que 200 o 100, ¿cómo se cuentan los votos?

A raíz de la propuesta del PRI para reducir los diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional, de 200 a 100 en diputados y de 32 a cero en el Senado, se ha empezado a comentar si existe o no un efecto en la redistribución de 200 a 100 diputados de lista.

Hay quienes dicen que no, que contar con sólo 100 plurinominales no altera los porcentajes de curules de cada partido, como lo explica Javier Aparicio (http://www.excelsior.com.mx/opinion/javier-aparicio/2014/08/23/977721) y en términos similares también lo señala Javier Márquez (http://javier-marquez.com/2014/08/22/para-discutir-la-reduccion-del-congreso/).

Estos puntos interesantes quizá dejan de lado una discusión no menos importante: las reglas para distribuir diputados federales plurinominales que tuvimos en 2012, ya no serán iguales para 2015. Y parece que el impacto de estas reglas nuevas no es trivial.

Por ejemplo, el umbral ya no es el mismo, entre otros numerosos aspectos, como habíamos discutido en un “post” anterior (https://alejandrodiazd.wordpress.com/2014/08/01/sobre-la-distribucion-de-escanos-plurinominales-en-mexico/). Antes, todavía en 2012, para conservar el registro un partido debía alcanzar el 2 por ciento. Para 2015 deberá alcanzar el tres. Más aún, el denominador para calcular ese porcentaje también ha cambiado. Hasta 2012 el denominador eran todos los votos depositados en urnas y adicionalmente, los votos para los candidatos en común se repartían igualitariamente entre los partidos coaligados. El viejo artículo 295 del COFIPE, en su párrafo 1, inciso c) señalaba que los votos que eran para los candidatos postulados por dos o más partidos se dividían por partes iguales. Para 2015 esto ya no será así.

Para 2015 a todos los votos en urnas se les restarán los votos nulos, en blanco y por candidatos no registrados, pues el artículo 15, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la votación válida emitida es “la que resulta de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados”. Adicionalmente, el artículo 87, párrafo 13 de la Ley General de Partidos Políticos establece que “los votos en que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas”.

Esto implica que el denominador para calcular el umbral del tres por ciento será menor, pues no se incluirán ni los nulos, ni los votos por candidatos no registrados, pero en el numerador tampoco podrán incluirse los votos derivados de coaliciones, con lo que el umbral de tres por ciento pudiera convertirse en un verdadero reto para los partidos que opten por aliarse.

Esto significaría, que por ejemplo, los alrededor de 2.8 millones de votos que se computaron para el PVEM en 2012 no serían los votos a dividir entre el nuevo denominador. No. En 2012, de este gran total, el PVEM obtuvo casi 1.8 millones de votos derivados de la coalición. Estas cifras provenían de la votación para los candidatos comunes que PVEM y PRI postularon, alrededor de 3.7 millones, que al dividirse entre los dos partidos arroja esos 1.8 millones de votos. Sin embargo, hoy esa regla ya no existe.

Entonces, los votos que servirían para verificar el registro del PVEM sólo serían alrededor de 960 mil. Los que obtuvo por sí mismo. Con ello, obtendría 2.3 por ciento. No alcanzaría a mantener su registro. Este efecto podría repetirse en MC y NA, pues sólo alcanzarían 2.4 y 2.8 por ciento respectivamente. Todo esto puede deberse en buena medida a que casi 15 de cada cien votos depositados en urnas en 2012 provenían de partidos coaligados, es decir, boletas donde los ciudadanos tacharon las opciones políticas coaligadas y no un solo emblema partidista.

En síntesis, las 21 curules que los Javieres, Aparicio y Márquez, asignan a PVEM, MC y NA cuando asumen los posibles 100 diputados plurinominales presentan un detalle: se irían a partidos que quizá no obtengan registro, si, como en este caso, se asumen votos 2012 bajo las nuevas reglas para 2015, que serán las que en realidad se utilizarán –al menos hasta ahora.

Desde luego falta que la Suprema Corte resuelva las impugnaciones pendientes sobre la constitucionalidad de la reforma electoral y aun con ello, faltará conocer cómo el Tribunal Electoral interpretaría las nuevas reglas, como ocurrió con la reciente elección local en Nayarit y la distribución de diputados plurinominales locales (https://alejandrodiazd.wordpress.com/2014/08/17/hacia-la-asignacion-de-diputados-plurinominales-en-2015-el-caso-nayarit-de-2014/). Una vez que todo ello ocurra, conoceremos qué les depara el destino a los votos por el candidato de una coalición: si se dividen igualitariamente entre los partidos coaligados, como ocurría antes, o si persiste la nueva regla, donde esos votos ya no se pueden redistribuir entre partidos. Entonces ya veríamos si son 200 o 100 pluris, o si, como a veces también ocurre, finalmente no pasa nada.


Hacia la asignación de diputados plurinominales en 2015: el caso Nayarit de 2014

En este “post” se repasará lo decidido este sábado 16 de agosto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a asignación de diputados por el principio de representación proporcional en el estado de Nayarit.

El Tribunal decidió que se debe utilizar el criterio establecido en el artículo 116, fracción II de la Constitución que establece un límite de 8 puntos en sub / sobrerepresentación para los partidos políticos, respecto de su porcentaje de votación y el porcentaje de curules.

Esto significa para la sobrerepresentación, que si un partido obtiene 30% de los votos, no puede obtener 38.1% de las curules, sólo hasta 38%. Para la subrepresentación, si un partido obtiene 30% de los votos, lo menos que debiera obtener es el 22% de curules pero nunca el 21.9%.

Para que la representación siga estos dos límites, uno superior y otro inferior, algo así como un “+ – 8%”, las autoridades electorales deben ajustar la distribución de diputados plurinominales, dado que los triunfos de mayoría (esto es, los obtenidos en cada distrito) no son susceptibles de modificarse una vez validados por los tribunales.

La Sala Superior del Tribunal Electoral decidió que los criterios de sub / sobrerepresentación publicados el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial, dentro de la reforma constitucional en materia electoral, deben emplearse desde ya. Como se sabe, el proceso electoral en Nayarit empezó antes de febrero de 2014, por lo que quedaba la duda si se podía utilizar una regla nueva para un proceso electoral en marcha.

El Tribunal Electoral resolvió que si la regla nueva proviene de una reforma constitucional donde no se alteran los procedimientos para votar, sino únicamente se dan criterios generales para que al final de todo el proceso se traduzcan de la mejor manera los votos en curules, esto es, que tanto votos como curules no se alejen en más de ocho puntos, entonces, en este paso final, consideró el Tribunal, sí se debe permitir utilizar una regla nueva para cerrar un proceso electoral que arrancó previamente.

En un “post” previo se hizo referencia al marco teórico e histórico de la representación proporcional en México (https://alejandrodiazd.wordpress.com/2014/08/01/sobre-la-distribucion-de-escanos-plurinominales-en-mexico/).

Ahora se reproduce (o como decimos en Ciencia Política “se replica”) el cálculo del Tribunal. Entonces, ¿cómo se efectúa el cálculo para asignar diputados bajo las reglas nuevas? Dice el Tribunal en la sentencia SUP-REC-892/2014 emitida el sábado 16 de agosto de 2014 (http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0892-2014.pdf): “de los datos extraídos del cómputo y la asignación de diputados de representación proporcional realizados por el Consejo Local se advierte la sobre-representación de la coalición Por el Bien de Nayarit [conformada por PRI-PVEM-NA], que excede el límite de sobre representación previsto en la fracción II, párrafo tercero, del artículo 116 de la Constitución”. Aquí el Tribunal coloca un cuadro similar a éste:

tab1

 

El Tribunal señala que como existe sobrerepresentación mayor a los ocho puntos, entonces, procede a recomponer el cálculo. “Al ajustar la asignación aplicando las reglas de la normativa local para dicha asignación, se obtiene:”

“i. Asignación a los partidos que obtengan cuando menos el 1.5% de la votación total estatal”

“El artículo 26 de la Constitución del Estado de Nayarit señala que el Congreso del Estado se integrará por dieciocho diputados electos por mayoría relativa y hasta doce diputados electos por representación proporcional.” Y es aquí donde a todos los partidos que rebasan el 1.5% de la votación, por ese mero hecho, les toca un diputado. Debe notarse, por ejemplo, que el único partido que no alcanza ese umbral o porcentaje mínimo es el PRS, que apenas obtuvo 1.16% de todos los votos.

“ii. Votación estatal obtenida por los partidos políticos o coaliciones”

“Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I, del citado código comicial, se sumará la votación obtenida por los partidos políticos que continúan concurriendo a la asignación […] donde se excluye a la coalición Por el Bien de Nayarit, ya que dicha coalición obtuvo catorce diputaciones por el principio de mayoría relativa, y una por el principio de representación proporcional, lo cual implica que cuenta con un total de quince diputados, con lo que alcanza el límite de sobre-representación permitido por la Constitución federal, ya que de asignarle una diputación más estaría sobrepasando el límite de ocho por ciento de sobre-representación permitido…” Es aquí donde el Tribunal revisa si ese diputado extra que se le otorga al PRI-PVEM-NA por el mero hecho de obtener 1.5% de los votos le hace rebasar o no el límite de ocho puntos de sobrepresentación. Lo que se encuentra es que un diputado plurinominal extra no rebasa dicho límite, pues se queda en 6.51%, pero si se le asignaran dos sí excedería los ocho puntos, pues llegaría al 9.84%, como se muestra en un cuadro similar a éste:

tab2

 

“iii. Cociente de asignación”
“De acuerdo con lo previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley Electoral de Nayarit, el resto de los diputados a distribuir, se hará conforme al cociente de asignación, el cual se obtiene de dividir la votación para asignación entre el número de curules pendientes por asignar; en este caso, siete. El cociente de asignación es 34022”.

“De acuerdo a lo previsto en la fracción III, del citado precepto legal, se dividirá el total de la votación obtenida por cada partido político entre el cociente de asignación a efecto de determinar el número de veces que contiene su votación estatal obtenida en dicho cociente […] se asignará un diputado a cada uno de los partidos políticos o coaliciones considerando el número de veces que contenga su votación estatal en el referido cociente”.

“El número restante de diputados, esto es dos, se distribuirán conforme al resto mayor, esto es, el remanente de votos más alto obtenido por cada partido político después de aplicar el cociente de asignación. De esta forma, al ser los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano quienes tienen el resto mayor más alto respectivamente, las diputaciones pendientes de asignar les corresponden a ellos”. Y todas estas operaciones se sintetizan en esta tabla, la cual “resume” los múltiples cuadros presentados por el Tribunal. Nótese que siguiendo la vieja escuela, en mis cuadro aún utilizo enteros, cuando la sentencia del Tribunal, más moderna, ya emplea decimales para asignar restos mayores.

tab3

 

Una vez que se han efectuado todos los cálculos, ésta sería la asignación final, donde PRI-PVEM-NA ya no exceden los ocho puntos y nadie está por debajo de esos ocho puntos. Esta nueva distribución ya se ajuste a los límites establecidos en el artículo 116, fracción II de la Constitución, el ya referido “+- 8%”.

tab4

Quedará para un futuro “post” analizar cómo efectuar el cálculo para el ámbito federal. Como se puede apreciar, ya se van dando pasos en esa dirección. Por ahora queda repasar esta sentencia y pensar en los escenarios por venir.


La fiscalización a los partidos mexicanos: ¿qué hacía el IFE?

La nueva reforma electoral de 2013 establece que toda la fiscalización a los partidos en elecciones municipales, estatales y federales la realizará el nuevo INE. ¿Pero no hubiera convenido analizar antes qué hacía el IFE? En este breve texto se ofrecerá al lector una aproximación sobre el alcance de las auditorías realizadas a los partidos, y la suerte final de las multas impuestas según fue resolviendo el Tribunal electoral durante todos estos años.

 

El financiamiento a partidos políticos en México es mixto, aunque fondos públicos deben prevalecer por disposición constitucional sobre fondos privados. La principal tarea de los fiscalizadores es revisar que se cumpla con todas las normas relacionadas con el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, al menos sobre el dinero reportado (Arocha y Lujambio 2004).

 

Lo que sucede es que las normas electorales no bastan, están también la Constitución Política y la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal Federal, el Código de Procedimientos Penales, el Código de Procedimientos Civiles y la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, entre otras leyes fiscales y financieras. A ello debe agregarse que desde 1993 el IFE ha tenido nueve reglamentos o lineamientos para revisar cuentas de los partidos.

 

Hasta antes de la última reforma aprobada en 2013, la reforma electoral de 2008 otorgaba las funciones técnicas a la Unidad de Fiscalización, y desde 1996 y hasta antes de 2008 existía un área donde se concentraban los contadores encargados de las revisiones. Las auditorías duraban entre ocho o diez meses, y con esa base el IFE decidía en su caso, imponer multas y sanciones (Agiss 2008; Cristalinas 2012).

 

Como se muestra en la gráfica 1, los montos auditados en relación con los gastados por los partidos políticos representan proporciones superiores al alcance de cualquier auditoría “normal” (excepto 1994), donde entre 20 y 30 por ciento se considera como un rango razonable de revisión. Esta información estaba fragmentada en diversos cuadros hasta 2003: http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/UF/UF-CuadrosCompIngresEgresReportAuditados/IA-ConcentradoCuadrosComparativos/IA-CuadrosComparativos-docs/ia_1994_2003.pdf  y de 2004 a 2011 fue obtenida de las conclusiones de los dictámenes consolidados, revisando partido por partido. En los apartados de información socialmente útil para 2011, el IFE no incluyó el porcentaje de revisión como información relevante: http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/UF/UF-PP/IA-Fiscalizacion/IA-DictamenesCG/DictamenesCG-Docs/2011/1_1_Apendice_1_a_5.pdf.

 

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Un fenómeno similar se observa en los gastos de campaña, como se aprecia en la gráfica 2, donde los montos auditados por el IFE en relación con los gastados por los partidos representan proporciones superiores al alcance de cualquier auditoría (incluso los relativos a la campaña de 1994), donde como ya se explicó, entre 20 y 30 por ciento se considera como un rango razonable de revisión. Esta información también está fragmentada en diversos cuadros hasta 2006: http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/UF/UF-CuadrosCompIngresEgresReportAuditados/IC-IngresosEgresosReportados/IC-IngresosReportados-docs/IC-IngresosEgresos-2006.pdf  y de 2009 fue obtenida de las conclusiones de los dictámenes consolidados, revisando partido por partido http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Detalle_Informes_de_Campana/?vgnextoid=2102d2cad5f3b210VgnVCM1000000c68000aRCRD  Aunque claro, habrá que agregar 2012 para establecer una comparación más completa una vez que se tenga oportunidad de sistematizar la nueva información.

 

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Debe precisarse que estos datos no incluyen revisión de dinero de origen ilegal, como los casos Pemexgate y amigos de Fox (Cárdenas 2004; Córdova y Murayama 2006).

 

Ahora, si se considera el cien por ciento de multas y sanciones analizadas en el periodo 1996 – 2009 que fueron impuestas por el IFE, resulta que el 33 por ciento de dichas multas no fueron impugnadas, que el 48 por ciento fueron confirmadas por el TEPJF (el Tribunal electoral) y el 19 por ciento fueron revocadas. La gráfica 3 muestra este mismo análisis pero para cada año en el que los recursos fueron ejercidos, siguiendo la lógica de Lujambio (2004).

 

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En síntesis, las auditorías del ahora extinto IFE tenían un alcance importante, pues el instituto revisaba un porcentaje considerable de los gastos reportados por los partidos políticos, fuera en su ejercicio anual o fuera en las campañas, e incluso revisaba las llamadas transferencias en los estados. También parece que el IFE les multaba más, aunque el TEPJF tendía a revocar el 20 por ciento de esas multas. Pero como el IFE no necesariamente era el más popular entre la élite, pues ya hasta desapareció (ver porqué en esta entrada del blog https://alejandrodiazd.wordpress.com/2014/01/12/por-que-desaparece-el-ife-para-dar-paso-al-ine/).

 

Ahora el INE fiscalizará todo, aunque ya parecen existir algunas propuestas para que sean los estados quienes revisen a los partidos en elecciones locales en años donde no haya elección federal, aunque nada se discute sobre auditorías, multas y revocaciones (como lo propone Rafael Morales http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/01/31/opinion-como-funcionara-el-ine-de-la-reforma-electoral). Aunque debe decirse que en efecto, en términos de funcionamiento del INE, este tipo de dilemas sobre quién hace qué (si el INE o los estados) será materia de largo debate, ya no entre legisladores, sino entre los nuevos funcionarios electorales y los partidos y seguramente, todas estas disputas prácticas terminarán en el tribunal electoral…

 

Finalmente, una pregunta importante es si los incentivos de la nueva reforma electoral se están alineando de tal modo que el alcance de las auditorías sea a la baja, que las multas sean reducidas, y con todo, fácilmente revocadas. Ya veremos que nuevas nos trae la reforma secundaria que viene.

 

 

Referencias:

 Agíss, Fernando. 2008. Fiscalización de los recursos de los partidos políticos: una reflexión sobre la aplicación efectiva de las normas de fiscalización. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Arocha, Nelly y Alonso Lujambio. 2004. “The Rule of Law and Electoral Politics in Mexico”. en Magaloni, Beatriz and Alberto Diaz-Cayeros. Democratic Accountability and the Rule of Law in Mexico. The Democracy, Development and Rule of Law Center: Stanford University.

Cárdenas, Jaime. 2004. Lecciones de los Asuntos Pemexgate y Amigos de Fox. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Córdova, Lorenzo y Ciro Murayama. 2006. Elecciones, dinero y corrupción: Pemexgate y Amigos de Fox. México: Cal y Arena.

Cristalinas, Alfredo. 2012. “Fiscalización del IFE a partidos políticos nacionales”. Revista Mexicana de Derecho Electoral 1(1): 287-305.

Lujambio, Alonso. 2004. “La Fiscalización de los Gastos de los Partidos Políticos en América Latina. Una propuesta para el análisis”. en Lujambio, Alonso, Nohlen, Dieter et al. Segundo Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. México: Fondo de Cultura Económica.


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