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Financiamiento público a partidos políticos en México: 1991 a 2015

Hace casi 35 años, cuando el financiamiento público empezó a delinearse en la ley electoral que derivó de la reforma de 1977, México no tenía elecciones razonablemente competitivas a nivel nacional y no existían muchas de las reglas que hoy conocemos sobre la contienda electoral y las complejidades del financiamiento a los partidos políticos. Debe decirse que a los partidos políticos mexicanos se les otorga financiamiento público desde 1987. Hace 28 años el principal debate no era qué harían los partidos con los fondos recibidos, sino cómo defenderían su independencia política si el ancien regimen les entregaba recursos.

El debate entonces se centró en discutir si los partidos debían o no recibir dinero del erario y si es que debían, bajo qué condiciones. Sin embargo, dicho debate fue cancelado en la práctica cuando las reglas para otorgar los fondos resultaban relativamente ajenas a la manipulación gubernamental. Una vez que fue salvada la discrecionalidad, la discusión derivó hacia la búsqueda de mecanismos que aumentaran las condiciones de equidad en la competencia electoral, pero una vez alcanzadas las elecciones razonablemente competitivas, los partidos políticos ya no volvieron a discutir cómo reducir los fondos que recibían del erario.

Si se analiza el financiamiento público federal con una de las herramientas más utilizadas por los economistas cuando presentan comparaciones entre cantidades de dinero que pertenecen a diferentes años, encontramos los llamados pesos reales o constantes. Lo que se hace en palabras llanas es agregar el efecto de la inflación a las cantidades analizadas con el fin de saber si los pesos otorgados a los partidos en 1991 por ejemplo, siguen siendo suficientes para adquirir hoy, los mismos productos que se consumían en aquella fecha, es decir, los monto recibidos en 1991 están en pesos de diciembre de 2014, es decir, ya “casi” en pesos de 2015.

En la gráfica se muestra el total de financiamiento público otorgado a los partidos políticos en pesos nominales o corrientes, es decir, en los pesos que originalmente fueron entregados (los datos de 1991 a 1996 fueron obtenidos de los acuerdos y resoluciones respectivos, mientras que los datos correspondientes al periodo 1997-2014 están disponibles aquí http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Acuerdos_del_Consejo_sobre_financiamiento/) , y en pesos de diciembre de 2014, lo que se ha etiquetado, por sencillez, como pesos 2015. Lo que se observa en la gráfica tiene sus explicaciones históricas, destacando que desde la reforma electoral de 1996 se otorgó a los partidos un monto de recursos públicos nunca antes visto en la historia electoral mexicana. Y desde entonces los debates y críticas fueron constantes. Sin embargo, la reforma electoral de 2008 no parece haber acallado las críticas a este gasto como también se aprecia al final de la serie.

También destaca que el año siguiente al de una elección resulta con montos menores. Esto puede explicarse porque, por ejemplo, la ley entre 1996 y 2007 establecía que en año electoral los recursos “se duplicarían” porque los partidos requerían fondos para las campañas electorales. Debe decirse que desde la propia elección legislativa de 2009, en virtud de la reforma de 2008, los partidos ya no gastan un solo peso en difundir propaganda por radio y televisión, pues acceden a ello a través de los coloquialmente llamados “tiempos oficiales”, espacios gratuitos que por ley los concesionarios deben otorgar al Estado, y éste los opera a través del organismo electoral. De hecho, los fondos en año electoral ya no “se duplican”, sino sólo se les otorga la mitad de su financiamiento ordinario, como ocurrió en 2012, por ejemplo.

El financiamiento creciente puede ser explicado por dos causas. La primera es que la ley establecía que la inflación era uno de los factores que la autoridad electoral debía considerar para los cálculos de financiamiento, por lo tanto a los partidos nunca se los “comió” el alza de los precios. Y la segunda consideración es que los recortes presupuestales al financiamiento para partidos fueron francamente menores cuando éstos ocurrieron, como en 2003 y 2004 por ejemplo, situaciones que terminaron siendo resueltas por el Tribunal Electoral y que hasta tesis formaron (http://www.te.gob.mx/transparencia/informes/informe_03/05_tesis/tesis_relevantes/09.html), aunque hubo un caso, el de 1998, donde el recorte al IFE fue importante y para evitar afectaciones, los diputados etiquetaron las prerrogativas partidistas, porque lo que el recorte tuvo que ser enteramente asumido por el organismo electoral. Debe decirse que el etiquetar los fondos a los partidos nunca se ha vuelto a presentar. Incluso en 2005 el IFE otorgó a los partidos un factor para aumentar en proporciones francamente menores sus fondos públicos. El aumento pareció ser bien recibido porque parece que nadie impugnó.

Es importante mencionar que las fórmulas para calcular el financiamiento público a los partidos han cambiado, desde la vieja piedra angular del sistema de financiamiento electoral mexicano que era el llamado costo mínimo de campaña. Esta cifra representaba, en pesos, un monto con el cual se podía enfrentar el gasto de una campaña “decente”, fuera para diputado, senador o presidente. A partir de este costo, la ley ordenaba sumar, multiplicar, y dividir por diversas variables para obtener el monto de financiamiento público, con base en ciertos factores “fijos” como el número de partidos en las cámaras, los días de campaña y el total de escaños. Así se construían los montos finales a repartir.

En detalle, pero sin entrar a tanta precisión, en el cálculo del financiamiento para 1994, por ejemplo, se utilizaba como base el ya desaparecido concepto de costo mínimo de campaña. El costo mínimo de diputado se multiplicaba por los 300 diputados de mayoría relativa y el costo de senador por el número de senadores a elegir. Con estas dos cifras, se hacía una división entre los votos que se obtuvieron en cada tipo de elección. El resultado se denominaba valor unitario del voto. Este valor unitario al final se multiplicaba por los votos obtenidos por cada partido y lo resultante era el dinero que le tocaba a cada fuerza política.

Para 1996 la ley cambió, y de 1996 hasta 2007 para obtener el monto de financiamiento se sumaban las cifras que derivaban de multiplicar los costos mínimos de campaña de diputado y senador por el total de diputados y senadores, y después por el número de partidos que tenían legisladores. Y además se incorporaba el costo mínimo de campaña para presidente, que se obtenía a partir del costo mínimo de campaña para diputado multiplicado por 300 distritos, y dividido entre los día que duraba la campaña para diputado, para finalmente multiplicarse por la duración de la campaña para presidente. Para 1996 desapareció de los cálculos el valor unitario del voto, incorporándose en su lugar el número de partidos como multiplicador y la obtención del costo mínimo para presidente.

Sin embargo, desde 2008 la fórmula cambió para dar paso a la multiplicación del salario mínimo por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, todo ello explicado en términos muy generales. En detalle, lo que se multiplica es el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio del año previo, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. Ese monto más un 3 por ciento de ese mismo total es lo que se entrega a los partidos políticos. Ese tres por ciento se otorga para que los partidos políticos realicen tareas editoriales, capaciten a sus militantes y realicen investigación. Estos rubros componen las llamadas “actividades específicas”, actividades que antes se pagaban como reembolso sólo si los partidos acreditaban haber realizado dichas tareas de forma legal.

Otra novedad derivada de la reforma de 2008 es que partidos políticos deberían destinar un dos por ciento de sus fondos para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Actualmente es un 3 por ciento según la reforma electoral de 2014. Por último, las franquicias postales y telegráficas ya se cuantifican, lo que anteriormente no ocurría. Esto generaba interminables discusiones sobre cómo afrontar el viejo fondo presupuestal destinado para ello, el cual se terminó antes de… 1995. El dinero para franquicias no se entrega a los partidos, en realidad representa el límite que pueden gastar por dicho concepto, límite que no existía en el pasado, cuando de 142 millones gastados en 1997 por ejemplo, el Partido Verde gastó 92 millones, ejerciendo un recurso al que tenía derecho, pero que representaba casi el 65 por ciento del gasto de todas las franquicias de ese año (ver la intervención de José Woldenberg en octubre de 1997 a este respecto aquí http://ife.org.mx/documentos/CONS-GEN/actas/091097b.htm)

El punto relevante en esta breve revisión sobre el financiamiento a los partidos en los últimos 25 años es que desde las elecciones de 2009 los partidos políticos ya no gastan un solo peso en difundir propaganda por radio y televisión. Desde 1997 sabemos que el gasto en medios representaba alrededor del 60 por ciento de todos los gastos partidistas (el famoso estudio del costo mínimo de campaña post-1997 donde me tocó participar está citado aquí http://ife.org.mx/documentos/CONS-GEN/actas/091097b.htm y por ello, creo, los diputados muy molestos con el IFE, etiquetaron las prerrogativas partidistas en 1998). Lo que uno debía esperar, como lo prometieron las élites partidistas en 2008, es que el financiamiento público decrezca significativamente porque ya no se gasta en la transmisión de los promocionales, sólo en su diseño y producción, y que de por sí ya gastaban en ello antes de las reformas.

Sin embargo, la evidencia sugiere que los fondos para los partidos apenas se redujeron 200 millones de pesos en términos reales entre las campañas presidenciales de 2006 y 2012, cuando en 2012 sabemos que la transmisión de promocionales en radio y televisión fue gratuita. En otras palabras, los partidos no sólo se ahorraron más de la mitad de lo que usualmente ya gastaban, sino que sus fondos ni siquiera se vieron mermados, digamos, a la mitad por citar una de las promesas de la reforma de 2008. Por ello se dice que la reforma electoral de 2008 en materia de financiamiento no parece haber influido significativamente, porque ni siquiera detuvo el financiamiento creciente, ya que otorgó fondos muy similares en términos reales y redujo a cero el gasto en medios.

Finalmente, sabemos que para justificar el financiamiento público a los partidos políticos, frecuentemente son usados argumentos del tipo “más dinero público reduce la posibilidad de usar fondos ilícitos”, pero ello implica olvidar que las mayores sanciones monetarias en la historia electoral de este país se han presentado precisamente durante este esquema de financiamiento creciente por fondo privados ilícitos (165 millones de dólares en multas por Pemexgate y Amigos de Fox), por lo que sería muy positivo que las reglas sobre fondos públicos destinados a los partidos políticos sí fueran analizadas en futuras reformas electorales considerando este tipo de factores, aunque como ya sabemos, la reforma electoral de 2014 ni siquiera mencionó el tema.

finan2015


De aspirantes a consejeros electorales, género y desarrollo humano

Durante estas semanas el Instituto Nacional Electoral ha estado llevando a cabo el proceso de selección de candidatos a consejeros electorales de 18 entidades federativas en México, consejeros que estarán a cargo de los procesos electorales locales para 2015.

 

La primera etapa consistió en un examen de conocimientos generales y técnicos en la materia electoral. A la siguiente fase avanzaron los 50 mejores resultados, es decir los 25 mejores en hombres y los 25 mejores en mujeres (los detalles del proceso aquí http://www.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/resultados/). Posteriormente siguió un ensayo (http://www.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/resultadosEnsayo/), una evaluación curricular y en estos días se llevarán a cabo las entrevistas correspondientes (http://www.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/).

 

Concentrándonos en la primera etapa, y obteniendo el promedio por estados según género, destaca que el promedio nacional fue de 80.6 en una escala de 0 a 100 puntos, que los hombres obtuvieron a nivel nacional 85.8, mientras que las mujeres obtuvieron 75.3, una diferencia de alrededor de 10 puntos.

 

Como bien se sabe, existe una brecha de género en diversos ámbitos, salarial, puestos de mando medio y superior o el doble turno (mujeres que trabajan de manera remunerada y en su hogar sin ayuda de la familia). De ahí que, infortunadamente, la materia electoral no sea la excepción.

 

Al comparar el promedio estatal de las calificaciones de los y las aspirantes contra el índice de desarrollo humano se observa que en efecto, los hombres parecen resultar menos afectados por el nivel de desarrollo que las mujeres.

 

El índice de desarrollo humano es una medición que va de cero a uno y que incluye tres aspectos centrales: educación, ingreso y salud. Su elaboración oficial corre a cargo del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) aunque existen muchos otros cálculos igualmente útiles. Para su estimación se emplean tasas de alfabetización, dólares anuales percibidos por habitante y tasas de mortalidad infantil –alguno prefieren emplear años de esperanza de vida (http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home.html).

 

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La gráfica sugiere que como se mencionó líneas arriba, los hombres que aspiran a ser consejeros electorales parecen resultar menos afectados por el nivel de desarrollo, esto es, un incremento en desarrollo no impacta de manera tan notoria en sus resultados de examen (correlación positiva de 0.15), mientras que las mujeres, ante un incremento importante en el desarrollo humano estatal, esta mejora sí parece estar mucho más asociada a su desempeño en el examen (correlación positiva de 0.22).

 

La correlación es un indicador de asociación que va de menos uno a uno. Valores cercanos a cero sugieren ausencia de asociación, valores cercanos a menos uno indican que mientras una variable aumenta la otra disminuye y finalmente, valores cercanos a uno sugieren que las dos variables se mueven juntas, es decir, si una aumenta la otra también lo hace o viceversa. En el caso del promedio estatal de resultados del examen de hombres y el índice de desarrollo humano de la entidad federativa correspondiente, la correlación es positiva con un valor de 0.15, sugiriendo cierta asociación. Pero en el caso de las mujeres esta asociación resulta incrementarse y alcanza el 0.22.

 

Ninguno de los dos valores, 0.15 y 0.22 es cercano a uno, pero al menos nos ofrecen una idea más o menos clara de lo que pudiera estar sucediendo, es decir, que la brecha de género puede empezarse a cerrar cuando existen mejores condiciones de vida, es decir, cuando hay un mayor desarrollo humano.

 

Debe notarse que estos resultados son el promedio de cada entidad federativa según hombres y mujeres y que en efecto, en lo individual existen casos de mujeres con notas más altas que hombres. También debe decirse que el universo analizado sólo incluye personas que aspiran a ser consejeros electorales, es decir, no se trata de todos los ciudadanos, sino de un grupo selecto que podríamos calificar de élite.

 

Esto sugiere que la brecha de género, al presentarse en las élites, es mucho más probable que se observe entre todos los ciudadanos. Aunque esta evidencia es preliminar y requiere de muchos más factores, la asociación entre resultados de exámenes y desarrollo humano parece sugerirnos algo más respecto a las exigencias que como sociedad debiéramos ponernos: un mayor desarrollo pareciera ir acortando las disparidades de género. Quizá habría que insistir un poco más en ello.

 


Los diputados plurinominales hacia 2015: antes que 200 o 100, ¿cómo se cuentan los votos?

A raíz de la propuesta del PRI para reducir los diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional, de 200 a 100 en diputados y de 32 a cero en el Senado, se ha empezado a comentar si existe o no un efecto en la redistribución de 200 a 100 diputados de lista.

Hay quienes dicen que no, que contar con sólo 100 plurinominales no altera los porcentajes de curules de cada partido, como lo explica Javier Aparicio (http://www.excelsior.com.mx/opinion/javier-aparicio/2014/08/23/977721) y en términos similares también lo señala Javier Márquez (http://javier-marquez.com/2014/08/22/para-discutir-la-reduccion-del-congreso/).

Estos puntos interesantes quizá dejan de lado una discusión no menos importante: las reglas para distribuir diputados federales plurinominales que tuvimos en 2012, ya no serán iguales para 2015. Y parece que el impacto de estas reglas nuevas no es trivial.

Por ejemplo, el umbral ya no es el mismo, entre otros numerosos aspectos, como habíamos discutido en un “post” anterior (https://alejandrodiazd.wordpress.com/2014/08/01/sobre-la-distribucion-de-escanos-plurinominales-en-mexico/). Antes, todavía en 2012, para conservar el registro un partido debía alcanzar el 2 por ciento. Para 2015 deberá alcanzar el tres. Más aún, el denominador para calcular ese porcentaje también ha cambiado. Hasta 2012 el denominador eran todos los votos depositados en urnas y adicionalmente, los votos para los candidatos en común se repartían igualitariamente entre los partidos coaligados. El viejo artículo 295 del COFIPE, en su párrafo 1, inciso c) señalaba que los votos que eran para los candidatos postulados por dos o más partidos se dividían por partes iguales. Para 2015 esto ya no será así.

Para 2015 a todos los votos en urnas se les restarán los votos nulos, en blanco y por candidatos no registrados, pues el artículo 15, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la votación válida emitida es “la que resulta de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados”. Adicionalmente, el artículo 87, párrafo 13 de la Ley General de Partidos Políticos establece que “los votos en que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas”.

Esto implica que el denominador para calcular el umbral del tres por ciento será menor, pues no se incluirán ni los nulos, ni los votos por candidatos no registrados, pero en el numerador tampoco podrán incluirse los votos derivados de coaliciones, con lo que el umbral de tres por ciento pudiera convertirse en un verdadero reto para los partidos que opten por aliarse.

Esto significaría, que por ejemplo, los alrededor de 2.8 millones de votos que se computaron para el PVEM en 2012 no serían los votos a dividir entre el nuevo denominador. No. En 2012, de este gran total, el PVEM obtuvo casi 1.8 millones de votos derivados de la coalición. Estas cifras provenían de la votación para los candidatos comunes que PVEM y PRI postularon, alrededor de 3.7 millones, que al dividirse entre los dos partidos arroja esos 1.8 millones de votos. Sin embargo, hoy esa regla ya no existe.

Entonces, los votos que servirían para verificar el registro del PVEM sólo serían alrededor de 960 mil. Los que obtuvo por sí mismo. Con ello, obtendría 2.3 por ciento. No alcanzaría a mantener su registro. Este efecto podría repetirse en MC y NA, pues sólo alcanzarían 2.4 y 2.8 por ciento respectivamente. Todo esto puede deberse en buena medida a que casi 15 de cada cien votos depositados en urnas en 2012 provenían de partidos coaligados, es decir, boletas donde los ciudadanos tacharon las opciones políticas coaligadas y no un solo emblema partidista.

En síntesis, las 21 curules que los Javieres, Aparicio y Márquez, asignan a PVEM, MC y NA cuando asumen los posibles 100 diputados plurinominales presentan un detalle: se irían a partidos que quizá no obtengan registro, si, como en este caso, se asumen votos 2012 bajo las nuevas reglas para 2015, que serán las que en realidad se utilizarán –al menos hasta ahora.

Desde luego falta que la Suprema Corte resuelva las impugnaciones pendientes sobre la constitucionalidad de la reforma electoral y aun con ello, faltará conocer cómo el Tribunal Electoral interpretaría las nuevas reglas, como ocurrió con la reciente elección local en Nayarit y la distribución de diputados plurinominales locales (https://alejandrodiazd.wordpress.com/2014/08/17/hacia-la-asignacion-de-diputados-plurinominales-en-2015-el-caso-nayarit-de-2014/). Una vez que todo ello ocurra, conoceremos qué les depara el destino a los votos por el candidato de una coalición: si se dividen igualitariamente entre los partidos coaligados, como ocurría antes, o si persiste la nueva regla, donde esos votos ya no se pueden redistribuir entre partidos. Entonces ya veríamos si son 200 o 100 pluris, o si, como a veces también ocurre, finalmente no pasa nada.


Hacia la asignación de diputados plurinominales en 2015: el caso Nayarit de 2014

En este “post” se repasará lo decidido este sábado 16 de agosto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a asignación de diputados por el principio de representación proporcional en el estado de Nayarit.

El Tribunal decidió que se debe utilizar el criterio establecido en el artículo 116, fracción II de la Constitución que establece un límite de 8 puntos en sub / sobrerepresentación para los partidos políticos, respecto de su porcentaje de votación y el porcentaje de curules.

Esto significa para la sobrerepresentación, que si un partido obtiene 30% de los votos, no puede obtener 38.1% de las curules, sólo hasta 38%. Para la subrepresentación, si un partido obtiene 30% de los votos, lo menos que debiera obtener es el 22% de curules pero nunca el 21.9%.

Para que la representación siga estos dos límites, uno superior y otro inferior, algo así como un “+ – 8%”, las autoridades electorales deben ajustar la distribución de diputados plurinominales, dado que los triunfos de mayoría (esto es, los obtenidos en cada distrito) no son susceptibles de modificarse una vez validados por los tribunales.

La Sala Superior del Tribunal Electoral decidió que los criterios de sub / sobrerepresentación publicados el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial, dentro de la reforma constitucional en materia electoral, deben emplearse desde ya. Como se sabe, el proceso electoral en Nayarit empezó antes de febrero de 2014, por lo que quedaba la duda si se podía utilizar una regla nueva para un proceso electoral en marcha.

El Tribunal Electoral resolvió que si la regla nueva proviene de una reforma constitucional donde no se alteran los procedimientos para votar, sino únicamente se dan criterios generales para que al final de todo el proceso se traduzcan de la mejor manera los votos en curules, esto es, que tanto votos como curules no se alejen en más de ocho puntos, entonces, en este paso final, consideró el Tribunal, sí se debe permitir utilizar una regla nueva para cerrar un proceso electoral que arrancó previamente.

En un “post” previo se hizo referencia al marco teórico e histórico de la representación proporcional en México (https://alejandrodiazd.wordpress.com/2014/08/01/sobre-la-distribucion-de-escanos-plurinominales-en-mexico/).

Ahora se reproduce (o como decimos en Ciencia Política “se replica”) el cálculo del Tribunal. Entonces, ¿cómo se efectúa el cálculo para asignar diputados bajo las reglas nuevas? Dice el Tribunal en la sentencia SUP-REC-892/2014 emitida el sábado 16 de agosto de 2014 (http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0892-2014.pdf): “de los datos extraídos del cómputo y la asignación de diputados de representación proporcional realizados por el Consejo Local se advierte la sobre-representación de la coalición Por el Bien de Nayarit [conformada por PRI-PVEM-NA], que excede el límite de sobre representación previsto en la fracción II, párrafo tercero, del artículo 116 de la Constitución”. Aquí el Tribunal coloca un cuadro similar a éste:

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El Tribunal señala que como existe sobrerepresentación mayor a los ocho puntos, entonces, procede a recomponer el cálculo. “Al ajustar la asignación aplicando las reglas de la normativa local para dicha asignación, se obtiene:”

“i. Asignación a los partidos que obtengan cuando menos el 1.5% de la votación total estatal”

“El artículo 26 de la Constitución del Estado de Nayarit señala que el Congreso del Estado se integrará por dieciocho diputados electos por mayoría relativa y hasta doce diputados electos por representación proporcional.” Y es aquí donde a todos los partidos que rebasan el 1.5% de la votación, por ese mero hecho, les toca un diputado. Debe notarse, por ejemplo, que el único partido que no alcanza ese umbral o porcentaje mínimo es el PRS, que apenas obtuvo 1.16% de todos los votos.

“ii. Votación estatal obtenida por los partidos políticos o coaliciones”

“Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción I, del citado código comicial, se sumará la votación obtenida por los partidos políticos que continúan concurriendo a la asignación […] donde se excluye a la coalición Por el Bien de Nayarit, ya que dicha coalición obtuvo catorce diputaciones por el principio de mayoría relativa, y una por el principio de representación proporcional, lo cual implica que cuenta con un total de quince diputados, con lo que alcanza el límite de sobre-representación permitido por la Constitución federal, ya que de asignarle una diputación más estaría sobrepasando el límite de ocho por ciento de sobre-representación permitido…” Es aquí donde el Tribunal revisa si ese diputado extra que se le otorga al PRI-PVEM-NA por el mero hecho de obtener 1.5% de los votos le hace rebasar o no el límite de ocho puntos de sobrepresentación. Lo que se encuentra es que un diputado plurinominal extra no rebasa dicho límite, pues se queda en 6.51%, pero si se le asignaran dos sí excedería los ocho puntos, pues llegaría al 9.84%, como se muestra en un cuadro similar a éste:

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“iii. Cociente de asignación”
“De acuerdo con lo previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley Electoral de Nayarit, el resto de los diputados a distribuir, se hará conforme al cociente de asignación, el cual se obtiene de dividir la votación para asignación entre el número de curules pendientes por asignar; en este caso, siete. El cociente de asignación es 34022”.

“De acuerdo a lo previsto en la fracción III, del citado precepto legal, se dividirá el total de la votación obtenida por cada partido político entre el cociente de asignación a efecto de determinar el número de veces que contiene su votación estatal obtenida en dicho cociente […] se asignará un diputado a cada uno de los partidos políticos o coaliciones considerando el número de veces que contenga su votación estatal en el referido cociente”.

“El número restante de diputados, esto es dos, se distribuirán conforme al resto mayor, esto es, el remanente de votos más alto obtenido por cada partido político después de aplicar el cociente de asignación. De esta forma, al ser los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano quienes tienen el resto mayor más alto respectivamente, las diputaciones pendientes de asignar les corresponden a ellos”. Y todas estas operaciones se sintetizan en esta tabla, la cual “resume” los múltiples cuadros presentados por el Tribunal. Nótese que siguiendo la vieja escuela, en mis cuadro aún utilizo enteros, cuando la sentencia del Tribunal, más moderna, ya emplea decimales para asignar restos mayores.

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Una vez que se han efectuado todos los cálculos, ésta sería la asignación final, donde PRI-PVEM-NA ya no exceden los ocho puntos y nadie está por debajo de esos ocho puntos. Esta nueva distribución ya se ajuste a los límites establecidos en el artículo 116, fracción II de la Constitución, el ya referido “+- 8%”.

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Quedará para un futuro “post” analizar cómo efectuar el cálculo para el ámbito federal. Como se puede apreciar, ya se van dando pasos en esa dirección. Por ahora queda repasar esta sentencia y pensar en los escenarios por venir.


La reforma electoral de 2013 y la “anulación” de los votos nulos…

¿Qué pasaba antes si se anulaba un voto? La respuesta dependía del número de votos nulos. Durante los últimos 25 años, los votos nulos sólo tuvieron una función legal: ser contabilizados para conocer el total de votos depositados en urnas y con ello determinar qué partidos obtenían el umbral necesario para mantener el registro, que fue del 1.5 por ciento en 1991 y 1994; 2 por ciento de 1997 a 2012; y 3 por ciento de 2015 en adelante.

De acuerdo con la última reforma electoral de 2013 (http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-12-13-1/assets/documentos/Dictamen_reforma_politica.pdf) los votos nulos, en blanco, o por candidatos no registrados carecen de toda importancia legal. La explicación es simple. El nuevo artículo 41, fracción I, cuarto párrafo de la reforma constitucional de diciembre de 2013, que aún está pendiente de ser avalada por la mitad más una de las legislaturas de los estados, establece de que “el partido político nacional que no obtenga al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso, le será cancelado el registro”.

En otras palabras, las cuentas del tres por ciento deberán hacerse “sobre los votos declarados válidos”, pues los votos de cada partido se dividirán entre la suma de los votos de todos pero después de eliminar los votos nulos, en blanco y por candidatos no registrados. Esto implica que el denominador se reduce, pues ya no se tomarían en cuenta los votos nulos (antes de esta reforma sí se consideraban todos los votos en el denominador, la así llamada “votación total emitida”).

Si bien los votos nulos nunca fueron utilizados para repartir diputados, calcular financiamiento o tiempos en medios de comunicación de manera directa, sí incidían en el momento de determinar si una organización política alcanzaba el umbral para mantener el registro partidario, y si lo obtenía, con los votos de los partidos que sobrevivían se conforma un nuevo total y ese nuevo total servía de base para todas las cuentas que las leyes y reglamentos establecían para repartir diputados, dinero y tiempos en radio y televisión. Por todo ello, ese partido que sobrevivía tenía derecho a diputados plurinominales y a financiamiento público, acceso a radio, televisión y un largo etcétera.  Pero ¿qué ocurría si un partido no alcanzaba el mínimo necesario? Al perder el registro, ese partido dejaba de tener derecho a diputados, financiamiento y acceso a medios, debiendo informar del dinero y bienes existentes, atender las auditorías y pagar deudas. Aunque la regulación sobre las consecuencias de la pérdida de registro no ha cambiado, sí llama la atención que anular el voto, que antes tenía un impacto legal, hoy, con la nueva reforma electoral ya no lo tiene.

Desde luego que técnicamente, los votos por candidatos no registrados son legales y se deben computar sin distinguir nombres; en tanto que los votos en blanco técnicamente son votos nulos. Y los votos nulos como tal, se definen como aquellos donde el elector tacha dos o más partidos que no están aliados. Desde luego la ley no distingue entre anulación intencional o no.

El efecto de votos nulos, en blanco o por candidatos no registrados hasta 2013 pudo ser 1) influir en la pérdida de registro de partidos políticos –básicamente los minoritarios-; 2) con menos partidos diputados, dinero y tiempos de los partidos que no alcanzaron registro se iban a los partidos sobrevivientes; y 3) sólo si el número de votos nulos era increíblemente alto, varios partidos perdían su registro. Las tres consecuencias estaban en función del número de votos nulos. Veamos.

La primera consecuencia. Por ejemplo, sea una elección con un total de 100 votos depositados en las urnas y un partido, el partido del rombo, que obtuvo dos votos. De acuerdo con la ley vigente hasta 2012, el partido del rombo mantenía su registro y tendría derecho a diputados, dinero, etcétera. Ahora imaginemos esa misma elección con 101 votos, debido a un elector adicional que “harto del sistema” anula su voto. ¿Pasa algo? Ningún partido recibió votos adicionales y algunos dirían que “se desperdició” un voto. Sin embargo, sí existen dos efectos en este ejemplo: a) el partido del rombo perdería su registro, porque 2 votos entre 101 es igual a 1.98%; y b) los diputados que recibiría el partido del rombo ahora se repartirán entre los partidos restantes. (La única forma de no observar esta consecuencia sería que nuestro elector 101 votara por el partido del rombo). La pregunta es si esto ha ocurrido en la realidad, y sí, fue el caso de DS en 2000, como se aprecia en esta historia de las pérdidas de registro compilada por el IFE (http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Historico_sobre_perdida_de_registro/;jsessionid=3D2vScnT9jzTQ6y9CbrBJlWKZCMCQ2xXQQGBpvnyGnDf840Fphkv!1941664640!NONE)

La segunda consecuencia es automática, es decir, los diputados se reparten entre las demás fuerzas que sí sobreviven, con clara ventaja para los partidos mayoritarios pero por razones de fórmulas.

La tercera consecuencia. La probabilidad de que el número de votos nulos fueran tan alto que nadie mantenga su registro es prácticamente cero, pero era una posibilidad claramente establecida en la ley previa. Matemáticamente es simple: alrededor de 68 millones de electores anulando su voto forzarían a la desaparición de todos los partidos políticos asumiendo un umbral del dos por ciento. Hoy, con la nueva reforma electoral no importa si un millón u ochenta millones anulan su voto. Esos nulos ya no afectan al umbral del registro partidario, que siempre ha estado por debajo de la proporción de nulos, como se aprecia en la gráfica.

Desde luego observar que más de 68 millones de electores anulen su voto (¡alrededor del 85 por ciento del padrón en 2012!) es algo que francamente no va a ocurrir, simplemente por la menor asistencia a las urnas que se observa desde 1994 como se documenta en este sitio del IFE (http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Participacion_Ciudadana/).  El punto es que hoy ni siquiera se puede suponer un escenario de anulación masiva de votos que elimine partidos del sistema, porque aún cuando esto se observara, con la nueva reforma de 2013 la anulación masiva ya no tendría ninguna consecuencia legal.

Así visto, los votos nulos, en blanco o por candidatos no registrados que sí tenían un solo efecto legal hasta 2012, el de potencialmente influir en si los partidos políticos mantenían o no su registro, hoy ya no importan más allá de una mera manifestación de posición política, pues hasta ese efecto legal se ha desvanecido con la nueva reforma electoral.

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